Washington D.C. – Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han anunciado una significativa revisión de su calendario de inmunización recomendado para niños y adolescentes, una decisión que ha generado diversas reacciones entre profesionales médicos católicos y especialistas en ética. Este cambio, hecho público el pasado 5 de enero, reduce el número de vacunas universalmente recomendadas de 18 a 11, marcando un punto de inflexión en las políticas de salud pública del país.
La nueva directriz de los CDC mantiene las recomendaciones de rutina para todos los niños contra enfermedades como el sarampión, las paperas, la rubéola, la poliomielitis, la tos ferina, el tétanos, la difteria, Haemophilus influenzae tipo b, la enfermedad neumocócica, el virus del papiloma humano (VPH) y la varicela. Estas inmunizaciones continúan siendo consideradas esenciales para la protección general de la población infantil.
Sin embargo, varias vacunas que antes formaban parte del esquema universal han sido reubicadas. Las inmunizaciones contra el rotavirus, la influenza, el COVID-19, la hepatitis A, la hepatitis B, la enfermedad meningocócica y el virus respiratorio sincicial (VRS) ahora se sugieren para grupos de alto riesgo o bajo un modelo de “toma de decisiones clínicas compartida”. Este enfoque implica una discusión activa y consensual entre los profesionales de la salud y las familias, considerando las características, valores y preferencias individuales del paciente, junto con el juicio médico y las particularidades de cada vacuna. Un memorándum del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) subraya que esta metodología se aplica cuando la evidencia sugiere un beneficio individualizado. Es importante destacar que, a pesar de estos cambios en las recomendaciones, las compañías de seguros seguirán cubriendo la totalidad de las vacunas.
Estos ajustes en el calendario responden a una directiva emitida en diciembre de 2025 por el entonces presidente Donald Trump, quien encomendó a los directores de los CDC y el HHS una revisión exhaustiva de las mejores prácticas de vacunación infantil en países desarrollados, basándose en evidencia científica. Una evaluación posterior, que analizó las políticas de inmunización de 20 naciones comparables, concluyó que Estados Unidos se distinguía globalmente por la cantidad de enfermedades abordadas en su calendario y el número total de dosis recomendadas, sin que ello se tradujera en tasas de vacunación superiores a las de otros países desarrollados.
El Dr. Jay Bhattacharya, director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), enfatizó la importancia de la evaluación continua en la ciencia. “Esta decisión compromete a los NIH, los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) con una ciencia de estándar de oro, mayor transparencia y una reevaluación constante a medida que surjan nuevos datos”, afirmó en el comunicado de prensa de los CDC, respaldando la necesidad de una adaptación basada en la evidencia.
**Perspectivas Divergentes: Apoyos y Críticas**
Los cambios han sido recibidos con optimismo por algunos sectores. El Dr. Tim Millea, presidente del comité de política sanitaria de la Catholic Medical Association (CMA), expresó su aprobación, calificando la revisión de los CDC como “muy lógica”. En declaraciones a CNA, Millea señaló una “significativa erosión de la confianza en torno a las vacunas” tras la pandemia de COVID-19, atribuyendo parte de ello a la percepción de que la ciencia se consideraba “resuelta” durante ese período. Ante las críticas que ven estos cambios como ideológicos, Millea replicó que “la ciencia es un proceso, no un fin”, haciendo eco del llamado de Bhattacharya a una evaluación continua y transparente. El cirujano ortopedista retirado confía en que Bhattacharya y el Dr. Marty Makary, jefe de la FDA, asegurarán que la ciencia prevalezca sobre cualquier ideología.
John Di Camillo, presidente del Centro Católico Nacional de Bioética (NCBC), compartió una visión similar, destacando que las autoridades de salud pública deben ofrecer una guía que integre la investigación en evolución, el diálogo médico profesional y principios éticos que promuevan el bien común, respeten la dignidad humana y limiten los conflictos de interés. Millea también invocó el principio de subsidiariedad, defendiendo que “quienes están más cerca de los niños que van a recibir las vacunas tomen las decisiones”, y sugirió que la diversidad de los 50 estados de EE. UU. podría actuar como “50 laboratorios” para observar qué enfoques resultan más efectivos. John F. Brehany, vicepresidente ejecutivo del NCBC, añadió que el nuevo calendario parece diseñado para “recuperar la confianza pública en ausencia de mandatos” y mejorar los resultados de salud, adoptando un enfoque más flexible que respeta la dignidad y los derechos individuales.
Sin embargo, las revisiones también han generado preocupación. La Dra. Gwyneth Spaeder, pediatra católica en Carolina del Norte, expresó su inquietud. Aunque reconoce el daño a la confianza institucional post-pandemia, argumenta que las controversias en torno a la vacuna contra el COVID-19 “no son comparables” con las décadas de estudios que respaldan la seguridad y eficacia de las inmunizaciones infantiles tradicionales. Spaeder no cree que esta revisión restaure la confianza, un proceso que, a su juicio, podría llevar “años o incluso generaciones”. Al contrario, advierte que este método podría “sembrar más confusión” al ofrecer pautas diferenciadas para cada niño, lo que socava el principio de uniformidad necesario en la salud pública.
La Dra. Spaeder también cuestionó la validez de comparar el calendario de vacunación de Estados Unidos, con su diversa población de 340 millones, con naciones mucho más pequeñas y homogéneas como Dinamarca, con 6 millones de habitantes. Argumenta que las poblaciones danesas tienen un menor riesgo de quedarse fuera del sistema y contraer enfermedades, debido a un sistema de salud universal y políticas de licencia parental generosas. Para Spaeder, los niños “más desatendidos” en Estados Unidos son los que resultarán más perjudicados por la falta de protección contra estas enfermedades, una preocupación que, según ella, se está pasando por alto en el actual debate.
La decisión de los CDC refleja una encrucijada compleja entre la política de salud pública, la evidencia científica, la ética y la percepción pública. Mientras algunos ven en ella un paso hacia una mayor personalización y transparencia, otros temen que pueda generar confusión y aumentar las disparidades en la protección de la salud infantil. El debate subraya la necesidad de un diálogo continuo y una evaluación constante para asegurar que las políticas de inmunización sirvan al bien común de manera efectiva y equitativa.
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