Estrasburgo, [Fecha Actual] – En un movimiento sin precedentes, el Parlamento Europeo ha emitido un llamamiento formal para la designación de un coordinador específico dedicado a combatir la “cristianofobia” en el continente. Esta iniciativa, inscrita en una resolución reciente, no solo introduce un término novedoso en el léxico oficial de la Unión Europea sino que también subraya una creciente preocupación por la persecución y discriminación que enfrentan las comunidades cristianas a nivel global y dentro de las fronteras europeas. La decisión representa un hito en la política de derechos humanos de la UE, equiparando, en principio, la protección contra la intolerancia hacia los cristianos con la ya existente para otras confesiones religiosas.
La demanda se formalizó en el marco del “Informe 2025 sobre Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al respecto”, un documento clave que traza las directrices de la UE en materia de derechos fundamentales. Dentro de este informe, el organismo legislativo de la Unión Europea expresó su profunda consternación por la situación actual: “El cristianismo sigue siendo la religión más perseguida del mundo, afectando a más de 380 millones de personas. Sin embargo, lamentamos la ausencia de un coordinador europeo responsable de la lucha contra la cristianofobia, a pesar de que ya se ha designado un coordinador para combatir la islamofobia”. Esta disparidad, según la resolución, evidencia una brecha en la estrategia de la UE para abordar todas las formas de discriminación religiosa de manera equitativa.
La inclusión de esta referencia no fue una parte original del borrador del informe, elaborado por el eurodiputado socialista portugués Francisco Assis. En cambio, fue impulsada vigorosamente por el Grupo de Reformistas y Conservadores Europeos (ECR), reflejando una persistente reivindicación de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y, en particular, de la libertad religiosa, así como de la Conferencia de Obispos Católicos de Europa (COMECE). Este respaldo político y social subraya la percepción de una necesidad urgente de visibilizar y abordar esta forma específica de intolerancia.
Alessandro Calcagno, asesor de la COMECE, la representación oficial de la Iglesia Católica ante la UE, había articulado esta necesidad a finales de 2024 durante el Desayuno Europeo de Oración. En sus declaraciones, Calcagno enfatizó la importancia de este paso, no como un acto de victimismo, sino como una búsqueda de “igualdad de acceso a las herramientas de protección”, sin menoscabar la especificidad o la relevancia de los coordinadores ya establecidos para las comunidades judía y musulmana. Su argumento se centró en la coherencia y la universalidad de la protección de la libertad religiosa para todos los grupos de fe.
La urgencia de esta medida se ve respaldada por una creciente evidencia de incidentes anticristianos en Europa. El Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa (OIDAC Europe) publicó un informe alarmante que documentó 2.211 crímenes de odio anticristianos en el continente durante 2024. Entre estos, se registraron 94 ataques incendiarios contra iglesias, una cifra que casi duplica los incidentes similares de 2023, lo que indica una escalada preocupante de la violencia y el vandalismo dirigidos contra símbolos y espacios religiosos cristianos.
Reconociendo la gravedad de la situación, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) también ha tomado medidas proactivas. Recientemente, la OSCE lanzó una guía titulada “Comprendiendo los crímenes de odio anticristianos y abordando las necesidades de seguridad en las comunidades cristianas”. Este documento, diseñado para sensibilizar y ofrecer herramientas prácticas, destaca la necesidad de comprender la naturaleza específica de estos delitos y de implementar estrategias de seguridad adaptadas para proteger a las comunidades cristianas en toda la región.
En España, la noticia ha sido recibida con optimismo por entidades como el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), una organización especializada en la materia. El OLRC ha felicitado públicamente a la Unión Europea por “incorporar y reconocer explícitamente el término cristianofobia en una resolución del Parlamento Europeo”. Para esta organización, este reconocimiento es un paso fundamental que contribuirá a “visibilizar una forma específica de intolerancia religiosa y a dotar de herramientas para combatirla eficazmente”.
María García, presidenta del OLRC, ha sido una voz prominente en esta discusión. En un comunicado, García subrayó que “nombrar esta realidad es el primer paso para proteger a las víctimas”, argumentando que la negación o el encubrimiento de la especificidad de la discriminación contra los cristianos impide una respuesta adecuada. La presidenta del OLRC también instó al Gobierno de España a seguir el ejemplo del Parlamento Europeo, adoptando la misma terminología en sus comunicaciones oficiales y en sus estadísticas de delitos de odio. Según García, el reconocimiento por parte del Parlamento Europeo debería llevar al Ejecutivo español a “dejar de esconderla bajo etiquetas genéricas y que la nombre con claridad, por respeto a las víctimas y por eficacia en la prevención”.
La postura de García enfatiza que el debate va más allá de una mera cuestión semántica. “Si no se nombra la cristianofobia, se niega a las víctimas cristianas. No es solo una cuestión de palabras: es una cuestión de reconocimiento, de justicia y de políticas públicas basadas en datos”, afirmó. Este argumento central resalta la importancia de la identificación precisa de los fenómenos de discriminación para la formulación de políticas públicas efectivas, la asignación de recursos adecuados y, en última instancia, la garantía de la libertad religiosa y la protección de los derechos humanos para todas las personas, independientemente de su fe.
La decisión del Parlamento Europeo de exigir un coordinador contra la cristianofobia representa un punto de inflexión significativo. No solo eleva el perfil de una forma de discriminación a menudo subestimada, sino que también sienta las bases para un enfoque más integral y equitativo en la lucha de la Unión Europea contra la intolerancia religiosa en todas sus manifestaciones. La implementación de este rol, junto con la terminología asociada, podría redefinir la manera en que Europa aborda la protección de sus ciudadanos de fe y refuerza su compromiso con los derechos humanos a nivel global.
