El Gobierno de Bolivia, bajo la administración del presidente Rodrigo Paz, ha anunciado la creación de una **comisión especial** dedicada a la lucha contra la **impunidad en delitos sexuales**, con un énfasis particular en aquellos casos que involucran a la **Iglesia Católica**. Esta iniciativa representa un paso significativo en la agenda de justicia del país, buscando abordar una problemática que ha conmovido profundamente a la sociedad boliviana y que resuena con debates similares a nivel global.
La flamante comisión tendrá un mandato amplio y ambicioso, estructurado para desentrañar y confrontar las barreras que históricamente han impedido la correcta investigación y sanción de estos crímenes atroces. Sus funciones primordiales incluirán la revisión exhaustiva de denuncias, el análisis minucioso de expedientes judiciales y la colaboración estrecha y coordinada con el Ministerio Público. El objetivo central es investigar a fondo los **abusos contra menores**, incluso aquellos que, por razones de prescripción legal o por falta de celeridad judicial, no han avanzado en el sistema de justicia. Con ello, se aspira a identificar los **obstáculos institucionales** que han favorecido la impunidad y a proponer mecanismos efectivos para prevenirla en el futuro.
Para lograr sus cometidos, la comisión se enfocará en la sistematización de antecedentes, la evaluación de posibles vacíos en el marco legal vigente y la proposición de **reformas legislativas** sustanciales. Estas reformas buscarán, entre otras cosas, el endurecimiento de las penas para los agresores sexuales y para aquellos que hayan actuado como encubridores de estos crímenes. La intención es clara: fortalecer la vía penal, asegurar una mayor responsabilidad para los culpables y enviar un mensaje contundente sobre la intolerancia del Estado ante cualquier forma de **abuso sexual infantil**.
La decisión de establecer esta comisión se enmarca en un contexto de creciente presión social y de un doloroso reconocimiento de casos históricos de **abusos sexuales** en el país. Uno de los detonantes más resonantes fue el conocido como caso del “Padre Pica”, que sacudió a Bolivia en los últimos años. Este escándalo reveló una serie de agresiones cometidas hace más de tres décadas por el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, quien documentó en un diario personal más de 85 delitos. La revelación no solo desató una profunda consternación, sino que también impulsó una investigación de gran envergadura por **abuso y encubrimiento**, implicando a varios miembros de la Compañía de Jesús y evidenciando fallas sistémicas en la protección de las víctimas.
El diputado Manolo Rojas, en declaraciones a diario El País, destacó que la finalidad de la comisión es “revisar y fiscalizar” cualquier caso de **agresión sexual contra menores** que hasta la fecha no haya sido juzgado. Entre ellos, se prestará especial atención a aquellos “emblemáticos”, como los tristemente conocidos dentro del ámbito eclesiástico. Esto subraya la voluntad del gobierno de no solo mirar hacia adelante, sino también de confrontar el pasado y las cuentas pendientes de la justicia. La creación de esta instancia representa un reconocimiento tácito de que la sociedad no puede permitirse olvidar ni dejar impunes actos que han causado un daño irreparable a las víctimas más vulnerables.
La implementación de la comisión comenzará formalmente en el mes de marzo. Como parte de su operatividad, se habilitará una oficina especializada, diseñada para que los interesados puedan presentar denuncias sobre casos de impunidad o falta de celeridad por parte del sistema judicial. Este punto es crucial, ya que busca facilitar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, garantizando un espacio seguro y confiable para que sus voces sean escuchadas y sus casos, finalmente, procesados con la debida diligencia. La confianza pública en estas instituciones es fundamental para su éxito.
Con la puesta en marcha de esta **comisión especial**, el gobierno del presidente Rodrigo Paz busca reafirmar su compromiso inquebrantable con las víctimas de **delitos sexuales** y con la protección integral de la niñez y la adolescencia en Bolivia. Este paso es visto como una oportunidad histórica para lograr avances significativos en materia de verdad, justicia y reparación, principios esenciales para la construcción de una sociedad más equitativa y segura. La iniciativa no solo aspira a sancionar el pasado, sino a sentar las bases para un futuro donde los menores de Bolivia estén mejor protegidos y donde la impunidad deje de ser una sombra que opaque la búsqueda de la justicia. La expectación es alta, y la sociedad boliviana observa atentamente el desarrollo de este crucial esfuerzo.
