Buenos Aires, Argentina – En un encuentro de significativa relevancia diplomática y eclesiástica, la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reunió este miércoles con altos funcionarios del Gobierno Nacional, encabezados por el canciller Pablo Quirno. La cita, celebrada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, sirvió como plataforma para analizar los avances en la posible visita del Papa Francisco a Argentina y discutir temas prioritarios de la agenda nacional que atañen a la relación entre la Iglesia Católica y el Estado.
El encuentro se enmarcó en el reciente retorno del canciller Quirno de su misión oficial en el Vaticano, donde cumplió un rol crucial al entregar al Sumo Pontífice, el Papa Francisco, una invitación formal del Presidente Javier Milei para visitar su país natal. Esta invitación reviste una importancia particular, considerando la profunda conexión de Francisco con Argentina y las expectativas que genera su posible regreso entre la ciudadanía. El viaje de Quirno a la Santa Sede no solo consolidó los lazos diplomáticos, sino que también incluyó un sentido homenaje en la tumba de San Pedro a la figura del actual Papa, un gesto que desde la Iglesia local fue interpretado como una “expresión de respeto y aprecio hacia su figura y su legado”.
La delegación episcopal estuvo conformada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo; su secretario general, Monseñor Raúl Pizarro; y el Padre Máximo Jurcinovic, responsable de la Oficina de Comunicación y Prensa del Episcopado. Por el lado gubernamental, acompañaron al canciller Quirno el subsecretario de Culto, Agustín Caulo, evidenciando el compromiso del Poder Ejecutivo en fortalecer este canal de comunicación.
Según lo expresado por Quirno en sus redes sociales, el principal objetivo de la reunión fue compartir con los referentes eclesiásticos las impresiones y los “próximos pasos” derivados de su visita vaticana, enfocándose específicamente en la logística y las implicaciones de una eventual llegada del Pontífice. Desde la Conferencia Episcopal, los obispos manifestaron al Gobierno su convicción de que una visita del Papa Francisco tendría una “profunda significación espiritual y pastoral”, considerándola fundamental para “fomentar la amistad social y la concordia entre los argentinos”, en un contexto socio-político que a menudo requiere de puentes y entendimiento.
Más allá de la cuestión papal, la mesa de diálogo se amplió para abordar diversos temas cruciales que definen el vínculo entre la Iglesia y el Estado. Ambas partes coincidieron en la necesidad imperiosa de establecer y mantener “espacios de diálogo institucionales al servicio del bien común”. Este punto subraya la complejidad y la riqueza de una relación que, en Argentina, se entrelaza con aspectos históricos, culturales y sociales, y donde la Iglesia Católica tradicionalmente ha tenido una voz influyente en el debate público.
En este marco de intercambio franco, los prelados aprovecharon la oportunidad para fijar su postura respecto a uno de los debates más sensibles que actualmente se lleva a cabo en el Congreso Nacional: la reforma del Régimen Penal Juvenil. Los obispos expresaron su preocupación y opinión sobre la propuesta de reducir la edad de imputabilidad a 14 años. Esta postura episcopal, que tiende a enfatizar la importancia de la reinserción social, la educación y la protección de los derechos de los menores, se alinea con la doctrina social de la Iglesia, que aboga por enfoques restaurativos antes que meramente punitivos para las poblaciones vulnerables. El debate en torno a esta reforma ha generado una intensa discusión en la sociedad argentina, donde diversas voces proponen medidas tanto preventivas como correctivas para abordar la problemática de la delincuencia juvenil.
Por su parte, el canciller Quirno valoró el constructivo intercambio de ideas y aprovechó para destacar las políticas implementadas por el gobierno del Presidente Javier Milei. Hizo hincapié en las iniciativas gubernamentales orientadas a la “reducción de la pobreza”, la “defensa del derecho a la vida” —una posición que históricamente ha sido un pilar de la enseñanza católica— y la “reafirmación de los valores de la civilización judeocristiana”. Estas declaraciones buscan un punto de conexión con los principios morales y éticos que comparte una parte significativa de la sociedad argentina, y en particular, con la visión de la Iglesia sobre el desarrollo humano integral y la dignidad inherente a cada persona.
El funcionario gubernamental concluyó enfatizando la importancia de “sostener un diálogo lo más franco y abierto posible” y de “avanzar en una agenda de trabajo común”. Esta declaración no solo apunta a la continuidad de las conversaciones, sino que también sugiere la posibilidad de establecer áreas de cooperación mutua en beneficio de la comunidad. El encuentro, por tanto, trasciende la mera cortesía diplomática para convertirse en un paso estratégico hacia la construcción de consensos y la colaboración en desafíos que trascienden las esferas de gobierno y la religión, con la mirada puesta en el bienestar de la Nación.
