24 febrero, 2026

La reciente aparición de brotes de sarampión en varias instituciones católicas de Estados Unidos ha desencadenado una renovada preocupación por la salud pública y ha intensificado la discusión nacional sobre la vacunación. Este resurgimiento de una enfermedad altamente contagiosa pone de manifiesto las tensiones existentes entre la responsabilidad colectiva por la salud, las libertades individuales y las consideraciones éticas dentro de la comunidad católica.

A finales de enero, la Universidad Católica Ave María, ubicada cerca de Naples, Florida, reportó un brote de sarampión en su campus. La respuesta de la institución fue inmediata, implementando protocolos de aislamiento y cuarentena para controlar la propagación entre los estudiantes y el personal. Poco después, el 8 de febrero, el Departamento de Salud de Washington D.C. también confirmó múltiples casos de sarampión vinculados a diversos sitios católicos en la capital, incluyendo la histórica Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, la Marcha Nacional por la Vida y la Universidad Católica de América.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias han emitido un llamado urgente a la población para verificar y actualizar su estado de vacunación, particularmente contra el sarampión. En Estados Unidos, esta protección se confiere principalmente a través de la vacuna triple vírica (MMR), que inmuniza contra el sarampión, las paperas y la rubéola. La reaparición de estos casos subraya la importancia de mantener altas tasas de vacunación para preservar la inmunidad colectiva y proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad.

**El Complejo Panorama de la Vacunación**

Expertos en salud pública han expresado su inquietud ante el progresivo aumento de personas con vacunación incompleta o nula en el país durante los últimos años. Este fenómeno contribuye a la vulnerabilidad de la población ante enfermedades prevenibles. Paralelamente, algunas voces críticas han cuestionado el esquema de vacunación estadounidense, sugiriendo que el número de dosis administradas a infantes y niños pequeños podría ser excesivo en comparación con las recomendaciones de otras naciones, abogando por una revisión y posible simplificación.

Dentro del ámbito católico y provida, una objeción recurrente contra ciertas vacunas se basa en el hecho de que su desarrollo ha utilizado históricamente líneas celulares derivadas de fetos humanos abortados hace varias décadas. Esta preocupación ética es un punto central en el debate para muchos fieles.

**La Perspectiva Eclesial: Salud Pública y Conciencia Individual**

La Iglesia Católica aborda la cuestión de las vacunas con una postura matizada que equilibra el bien común con la libertad de conciencia individual. El diácono Tim Flanigan, médico y profesor de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de Brown, enfatiza la eficacia de las vacunas como “la forma más efectiva de prevenir muchas enfermedades virales graves”, especialmente en la infancia. Describió el actual repunte del sarampión como un “alarmante resurgimiento”, señalando que hasta un 5% de los niños afectados requieren hospitalización y pueden sufrir complicaciones severas como convulsiones, encefalitis y neumonía.

Respecto a las preocupaciones provida sobre las líneas celulares, Flanigan aclaró que la Iglesia “fomenta el uso de vacunas, siempre que sea posible, que no se deriven de líneas celulares de un feto abortado”. Sin embargo, “cuando no está disponible, y la única vacuna disponible se ha cultivado a partir de líneas celulares derivadas originalmente en un pasado remoto de un feto abortado, la Iglesia no recomienda evitar el uso de esa vacuna eficaz”.

Joseph Capizzi, profesor de teología moral y ética en la Universidad Católica de América, destacó que la interconexión entre las vacunas y el aborto ha sido una inquietud eclesial desde el inicio de su desarrollo. La Iglesia, afirmó, ha censurado el uso de vacunas que dependieron o dependen ilícitamente de células obtenidas de la destrucción de vidas humanas y el maltrato del cuerpo. No obstante, ha reconocido que, en ciertas circunstancias, la preocupación por la salud pública y el bien común puede justificar el empleo de una vacuna éticamente comprometida si no existen alternativas, siempre y cuando se promueva activamente la producción de opciones éticas. Este equilibrio, según Capizzi, resalta la “obligación de servir al bien común” inherente a la doctrina católica.

Tanto Capizzi como Flanigan coincidieron en que la decisión final recae en la conciencia individual. La Iglesia “defiende el derecho de una persona, en conciencia, a oponerse a la vacunación obligatoria”, señaló Capizzi. Sin embargo, si la objeción es una “mera preocupación” y dadas las exigencias de la salud pública, la Iglesia exhorta a los católicos a cumplir con la “atención básica” de sus comunidades, incluyendo una vacunación razonable. Flanigan añadió que, si bien la Iglesia “reconoce la importancia de la autonomía”, sus enseñanzas instan a “considerar seriamente el consejo de los expertos médicos, tanto por nuestra propia salud, la de nuestras familias y la de la comunidad”.

**Un Enfoque Virtuoso para Decisiones Informadas**

John Brehany, vicepresidente ejecutivo del Centro Nacional Católico de Bioética (NCBC), explicó a EWTN News que el Magisterio nunca ha condenado la teoría o la práctica de la inmunización, sino que las ha promovido a lo largo de los últimos dos siglos. Las enseñanzas se han centrado en las implicaciones éticas de las vacunas fabricadas con líneas celulares derivadas del aborto, condenando la práctica de obtener y usar esas células humanas, pero permitiendo su uso bajo ciertas condiciones.

Brehany describió el tema como “muy complejo”. Señaló que la Iglesia ha promovido y, en ocasiones, exigido la vacunación a quienes están bajo su autoridad, y enseña que los ciudadanos deben obedecer las leyes justas, algunas de las cuales pueden requerir la inmunización. Sin embargo, no existe una enseñanza magisterial formal o una declaración específica en el Catecismo sobre las vacunas.

El NCBC aboga por trascender las posturas extremas y la terminología polarizante como “antivacunas” o “fanático de las vacunas”, buscando fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia y recurriendo a la tradición moral católica para abordar dilemas bioéticos contemporáneos. Brehany sugirió que los católicos adopten un enfoque “virtuoso” hacia las vacunas, que implica una “evaluación cuidadosa de la información disponible sobre todos los beneficios y riesgos (o efectos secundarios)” de cada vacuna, asegurando que las fuentes sean “veraces y confiables”. Esto permite al individuo tomar la decisión que mejor promueva su salud, la de sus dependientes y la de la comunidad.

La cuestión de si un católico puede rechazar una vacuna carece de una respuesta sencilla, según Brehany. Diversas consideraciones prácticas influyen: la edad y el estado de salud del receptor, la naturaleza de la enfermedad (altamente contagiosa como el sarampión versus no contagiosa como el tétanos), y la composición de la vacuna. Además, existen obligaciones derivadas de leyes o normas en entornos educativos, laborales y de viajes que exigen la vacunación.

Brehany enfatizó que una vacuna es una intervención médica que puede tener efectos a largo plazo, por lo que las decisiones deben basarse en el consentimiento libre e informado. Un rechazo fundamentado de un tratamiento debe ser respetado. Concluyó que la virtud demanda un equilibrio, evitando el miedo irracional, la pereza en la investigación o una postura de “todo o nada”. La prudencia es clave para tomar decisiones sensatas.

Finalmente, Brehany destacó que las obligaciones éticas no se limitan al paciente o a los padres. Los profesionales de la salud deben obtener el consentimiento informado. Los gobiernos y las farmacéuticas tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y eficacia de las vacunas, investigando adecuadamente los eventos adversos. Las escuelas y agencias de salud pública, por su parte, deben asegurar que sus políticas para estudiantes no vacunados estén bien fundamentadas y se apliquen con justicia. El cumplimiento de estas responsabilidades es esencial para respetar y promover el bien común de toda la sociedad.

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