Ginebra, Suiza – La comunidad cristiana enfrenta una oleada de persecución sin precedentes a nivel global, convirtiéndose en el grupo religioso más hostigado del mundo. Esta contundente denuncia fue formulada por el Arzobispo Ettore Balestrero, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, durante una significativa conferencia celebrada en Ginebra, titulada “Al lado de los cristianos perseguidos: defender la fe y los valores cristianos”. El prelado subrayó la urgencia de abordar este “flagelo” que trasciende fronteras y adopta formas tanto violentas como sutiles.
Durante su intervención, el Arzobispo Balestrero, quien también representa a la Santa Sede ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), presentó datos alarmantes sobre la magnitud de esta crisis humanitaria. Las cifras anuales recientes revelan que aproximadamente 5,000 creyentes han perdido la vida a causa de su fe, lo que se traduce en un promedio de trece asesinatos diarios. Más allá de estas trágicas pérdidas, la estadística global indica que cerca de 400 millones de cristianos, es decir, uno de cada siete en el planeta, son víctimas de persecución o diversas formas de violencia. “Se trata de la comunidad religiosa más perseguida del mundo”, recalcó Monseñor Balestrero, citando información recogida por Vatican News.
El representante vaticano profundizó en la interpretación de estas víctimas, refiriéndose a ellas como “mártires en el sentido etimológico del término”. Explicó que estos individuos no son meras víctimas, sino “testigos” de su fe y de los valores que encarnan, los cuales a menudo desafían las lógicas de poder imperantes en contextos de opresión. Esta perspectiva eleva el debate sobre la persecución más allá de la mera victimización, destacando el profundo significado espiritual y moral de su resistencia.
Desde la óptica del derecho internacional, el Arzobispo Balestrero enfatizó que la persecución de cristianos constituye una “escandalosa violación de los derechos humanos”. Hizo un llamado inequívoco a los Estados para que asuman su responsabilidad fundamental en la protección de la libertad de religión o creencia. Este deber estatal, aclaró, implica no solo la prevención de que terceros infrinjan este derecho, sino también la salvaguarda activa de los creyentes antes, durante y después de cualquier agresión. La obligación de proteger es un pilar esencial de la gobernanza responsable y un principio básico de la convivencia civilizada.
Un aspecto crítico resaltado por Monseñor Balestrero es la “impunidad” que rodea a los perpetradores de la violencia contra los cristianos. Calificó este fenómeno como “uno de los problemas más graves en el panorama global de la persecución religiosa”. La falta de rendición de cuentas no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que también envía un mensaje peligroso de permisividad, minando la confianza en el sistema judicial y alentando futuras agresiones. Abordar la impunidad es, por tanto, un paso indispensable para garantizar la justicia y disuadir nuevos ataques.
La preocupación de la Santa Sede se extiende a todos los continentes, ya que la persecución religiosa contra los cristianos es un “flagelo” que “afecta a todos los países”, incluyendo Europa, una región con profundas raíces cristianas. Para ilustrar esta realidad, Balestrero mencionó el reciente informe sobre crímenes de odio de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE. Este informe documentó más de 760 crímenes de odio contra cristianos solo en Europa durante el año 2024, una cifra que evidencia la persistencia y la diversidad de las amenazas incluso en sociedades democráticas.
Más allá de la violencia física y los crímenes de odio explícitos, el Observador Permanente de la Santa Sede en Ginebra denunció otras modalidades de persecución, a menudo más insidiosas y difíciles de identificar. Entre estas, se refirió a una “persecución cortés”, que se manifiesta como una discriminación progresiva. Esta forma de hostigamiento se traduce en una marginación y exclusión sistemática de la vida política, social y profesional, incluso en territorios históricamente cristianos. Este tipo de persecución, aunque no siempre violenta, erosiona silenciosamente la presencia y la influencia de las comunidades cristianas.
Asimismo, Monseñor Balestrero alertó sobre las restricciones y limitaciones más discretas, implementadas a través de normativas legales y prácticas administrativas. Estas medidas, aparentemente neutrales, restringen o anulan, de facto, derechos legalmente reconocidos a la población predominantemente cristiana, incluso en algunas naciones europeas. Estos mecanismos pueden incluir limitaciones a la libertad de expresión religiosa en el ámbito público, obstáculos para la construcción de lugares de culto o restricciones en la participación de organizaciones religiosas en la vida civil. En resumen, la intervención del Arzobispo Balestrero en Ginebra constituyó un llamado global a la acción, instando a la comunidad internacional a reconocer la magnitud de la persecución cristiana y a redoblar los esfuerzos para defender la libertad religiosa, un derecho humano fundamental y universal.
