El Paso, Texas – La Diócesis de El Paso, en el estado de Texas, ha anunciado formalmente su decisión de declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos. Esta medida se produce en respuesta a un creciente número de demandas por presuntos abusos sexuales que, según la diócesis, han generado obligaciones financieras que superan su capacidad actual de cumplimiento. La acción representa un hito significativo al ser la primera diócesis en Texas en tomar este camino ante acusaciones de esta índole.
El anuncio fue realizado por el obispo local, Monseñor Mark Seitz, a través de un mensaje dirigido a la comunidad diocesana el pasado 6 de marzo. En su declaración, acompañada de un video publicado en plataformas digitales, Seitz confirmó que la diócesis enfrenta actualmente “18 demandas pendientes” relacionadas con alegaciones de abuso sexual. Estos presuntos crímenes habrían ocurrido en un período que abarca desde 1956 hasta 1982, décadas antes de la implementación de las políticas de protección infantil y los protocolos de respuesta al abuso vigentes en la Iglesia y en la sociedad actual.
Monseñor Seitz enfatizó que la decisión de acogerse al Capítulo 11 fue el resultado de una profunda reflexión. Este proceso incluyó consultas exhaustivas con sacerdotes y funcionarios diocesanos, así como un período de oración y discernimiento. El obispo describió la medida como “la acción más prudente” dadas las “reclamaciones financieras pendientes contra la diócesis que exceden nuestras posibilidades”. La reorganización bajo el Capítulo 11 busca crear un marco legal que permita a la diócesis abordar estas obligaciones de manera justa y equitativa, mientras continúa con sus ministerios esenciales.
La bancarrota bajo el Capítulo 11 difiere de la liquidación total. En este tipo de procedimiento, una organización deudora –en este caso, la diócesis– se reorganiza para pagar a sus acreedores a lo largo del tiempo, manteniendo al mismo tiempo sus operaciones. Bajo la supervisión de un tribunal de bancarrota, la diócesis elaborará un plan para compensar a las víctimas de abuso, al tiempo que busca asegurar la sostenibilidad financiera para el futuro. Este proceso legal centralizado, explicó Seitz, permitirá una gestión más eficiente y transparente de las reclamaciones de compensación. La meta es consolidar múltiples litigios en un único foro judicial, facilitando así la administración de los recursos limitados de la diócesis.
El obispo Seitz reconoció que los presuntos abusos tuvieron lugar en una época donde “ni la sociedad ni la Iglesia estaban plenamente conscientes de la presencia y el alcance del abuso infantil” en sus instituciones. Asimismo, señaló que estos hechos ocurrieron “mucho antes de que la diócesis implementara las robustas políticas y prácticas de protección infantil que existen hoy en día para protegerse contra estos crímenes”. Estas políticas actuales, diseñadas para salvaguardar a los menores y garantizar entornos seguros, representan un compromiso fundamental de la diócesis con la prevención y respuesta a futuros casos.
El propósito principal de este proceso de reorganización, según la diócesis, es asegurar una “compensación equitativa” para aquellos que han sufrido daños. Monseñor Seitz pidió perdón en nombre de los funcionarios diocesanos a las víctimas por los abusos cometidos, calificando el camino que tienen por delante como “difícil”. No obstante, reafirmó el compromiso de la diócesis de “continuar sirviendo al Señor con todo nuestro corazón a través de cualquier prueba que pueda venir”, lo que subraya su determinación de seguir adelante con su misión pastoral y de servicio a la comunidad.
La declaración de bancarrota de la Diócesis de El Paso se inscribe en una tendencia más amplia observada en la Iglesia Católica de Estados Unidos. Numerosas diócesis y arquidiócesis en el país se han acogido a protecciones bajo el Capítulo 11 en las últimas décadas, enfrentando el enorme costo financiero de las demandas por abuso sexual. Estos procedimientos han permitido a las diócesis establecer fondos de compensación para víctimas mientras gestionan sus activos y deudas bajo supervisión judicial. La decisión de El Paso resalta la magnitud de los desafíos financieros y morales que la Iglesia continúa enfrentando a causa de estos crímenes históricos.
Texas, un estado con una significativa población católica, alberga un total de 13 diócesis y 2 arquidiócesis. La medida adoptada por la Diócesis de El Paso marca un precedente en la región, y podría tener implicaciones para otras jurisdicciones eclesiásticas en el estado. El proceso judicial ofrecerá una oportunidad para la Diócesis de El Paso de sanar heridas, establecer un camino hacia la justicia para las víctimas y reorganizar sus finanzas para asegurar su viabilidad y continuidad en el servicio a la comunidad. El objetivo final es emerger de este proceso sobre una “base financiera estable”, permitiéndoles enfocar sus recursos en sus ministerios y en la protección de los más vulnerables.
