La Iglesia Católica en Bolivia ha dado un paso significativo en su compromiso con la rendición de cuentas y la justicia. El Obispado de San Ignacio de Velasco, con el respaldo de la Arquidiócesis de Santa Cruz, ha presentado formalmente una denuncia ante la Justicia Civil boliviana contra Erick Palomino Fuentes, un ex sacerdote cuya expulsión del estado clerical fue decretada por el Papa Francisco en junio de 2024. La acción legal se fundamenta en serias acusaciones de presunta agresión sexual ocurridas en 2021, y busca que las autoridades seculares investiguen y procesen los hechos. El paradero actual de Palomino Fuentes, quien sirvió en varias localidades bolivianas, es desconocido.
La denuncia, oficializada por las mencionadas jurisdicciones eclesiásticas, se refiere específicamente a incidentes que habrían tenido lugar en el año 2021, cuando Erick Palomino Fuentes ejercía como vicario parroquial en la localidad de Pailón, en el departamento de Santa Cruz. Según el comunicado emitido por la Diócesis, las acusaciones son de extrema gravedad: se le imputa la presunta agresión sexual contra un joven varón, quien, de acuerdo con los detalles proporcionados, habría sido previamente incapacitado por la ingesta de alcohol. Este tipo de acusaciones subraya la determinación de las autoridades eclesiásticas de colaborar plenamente con el sistema judicial para esclarecer la verdad y asegurar la justicia.
La trayectoria eclesiástica de Palomino Fuentes, que abarcó desde su etapa como seminarista hasta su rol de párroco, lo llevó por diversas comunidades del oriente boliviano. Desde julio de 2017, desempeñó funciones en Roboré, Pailón, San Ignacio y San Matías, adquiriendo diferentes responsabilidades pastorales. Sin embargo, su camino en la Iglesia estuvo marcado por controversias antes de las actuales acusaciones. A finales de 2023, en San Matías, se vio envuelto en un incidente de notable repercusión pública que involucró su vida personal y una relación sentimental.
Este “escándalo” llevó al Obispo de San Ignacio de Velasco, Mons. Robert Flock, a tomar medidas disciplinarias inmediatas. En una conferencia de prensa celebrada en aquel entonces, el obispo anunció que Palomino había sido “suspendido por completo del ministerio sacerdotal”, impidiéndole ejercer cualquier función clerical. Esta suspensión representó el primer paso en un proceso que culminaría con una de las sanciones más severas que la Iglesia puede imponer.
La decisión final sobre el estatus eclesiástico de Palomino Fuentes llegó desde la máxima autoridad de la Iglesia Católica. El 1 de junio de 2024, la Santa Sede, a través del Papa Francisco, decretó la “dimisión del estado clerical” de Erick Palomino Fuentes. Esta medida implica la pérdida de todas las facultades, derechos y obligaciones inherentes al sacerdocio, y es una acción irreversible que lo despoja definitivamente de su condición de clérigo. Este acto refleja la seriedad con la que la Santa Sede aborda los casos de conductas contrarias a los principios morales y canónicos, especialmente aquellos relacionados con abusos.
La presentación de una denuncia ante la Justicia Civil por parte de la propia Iglesia es un hecho relevante y simboliza un cambio en la postura institucional frente a los casos de presuntos abusos. Durante décadas, la respuesta de la Iglesia a este tipo de acusaciones fue predominantemente interna, lo que a menudo resultó en encubrimiento y falta de rendición de cuentas. Sin embargo, bajo el pontificado del Papa Francisco, ha habido un impulso sostenido hacia la transparencia y la colaboración con las autoridades seculares. La Diócesis de San Ignacio de Velasco y la Arquidiócesis de Santa Cruz, al activar los canales judiciales bolivianos, demuestran su intención de que la justicia prevalezca según las leyes del país.
El hecho de que el paradero actual de Erick Palomino Fuentes sea desconocido añade una capa de complejidad al proceso legal. Las autoridades bolivianas deberán iniciar las investigaciones pertinentes, incluyendo la localización del ex sacerdote, para poder avanzar con las diligencias judiciales y garantizar el debido proceso. Este desafío no detiene la voluntad de la Iglesia de buscar justicia para las posibles víctimas.
En un gesto de apertura y responsabilidad, las autoridades eclesiásticas han extendido una invitación a cualquier otra persona que pudiera haber sido víctima de abusos por parte de Erick Palomino Fuentes, durante su desempeño como seminarista, diácono, vicario o párroco en las diversas localidades donde sirvió. Se insta a estas posibles víctimas a acercarse a la Comisión de Escucha de la Diócesis de San Ignacio de Velasco o a la Comisión de la Arquidiócesis de Santa Cruz. Estas comisiones, establecidas como espacios seguros y confidenciales, tienen como objetivo escuchar, ofrecer acompañamiento pastoral y psicológico, y facilitar la presentación de denuncias formales ante la Justicia Boliviana, asegurando la colaboración necesaria en cada paso del proceso.
Este caso, que conjuga la acción disciplinaria más severa de la Iglesia con la activación del sistema de justicia civil, resalta el compromiso de una parte de la jerarquía eclesiástica boliviana para afrontar los crímenes de abuso sexual. La denuncia contra Erick Palomino Fuentes envía un mensaje claro: no habrá impunidad para quienes cometan estos delitos, independientemente de su estatus anterior, y la Iglesia está dispuesta a facilitar los mecanismos para que la justicia, tanto canónica como secular, siga su curso.
