Madrid, España – Tras meses de intensas negociaciones que comenzaron el pasado mes de enero, la Iglesia Católica, el Gobierno de España y la institución del Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo histórico. Las tres entidades han rubricado un protocolo para la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, un paso significativo en la búsqueda de justicia y sanación. El documento, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 15 de abril, fue firmado este Lunes Santo, 30 de marzo de 2026, en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid.
El acuerdo se distingue por un enfoque individualizado, que prescinde de baremos preestablecidos de compensación económica, tanto mínimos como máximos. Los firmantes explicaron que la reparación no se limita exclusivamente a la indemnización y que cada caso será evaluado de forma particular, atendiendo a las circunstancias específicas de cada víctima.
Entre los dignatarios presentes en la ceremonia de la firma se encontraban monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE); Jesús Díaz Sariego, presidente de la Confederación Española de Religiosos (CONFER); Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo.
Monseñor Argüello, al iniciar su intervención, hizo alusión al significado del tiempo litúrgico de la Semana Santa, expresando su esperanza de que este acuerdo contribuya a “aliviar la Pasión” de las numerosas víctimas de abusos, especialmente de aquellas cuyos casos han prescrito legalmente o cuyos agresores han fallecido. El presidente de la CEE enfatizó que este nuevo esquema representa una continuación y ampliación de los esfuerzos que las instituciones eclesiásticas han venido desarrollando durante años. Destacó el Plan PRIVA de reparación integral, operativo desde hace más de un año, que ya ha resuelto más de un centenar de expedientes y ha entregado indemnizaciones económicas a más de ochenta personas por un monto total superior a los 2,5 millones de euros.
Argüello señaló que el protocolo recién firmado no reemplaza el sistema ya implementado por la Iglesia, sino que lo complementa a través de una “colaboración pública”. Aunque la concreción de este acuerdo se ha demorado más de lo esperado, el prelado lo considera una valiosa “oportunidad de colaboración”, siempre con el debido respeto a las competencias y ámbitos propios de cada institución signataria. Por su parte, Jesús Díaz Sariego, de CONFER, subrayó la importancia de la colaboración, manifestando que “es mejor un acuerdo, aunque no sea perfecto, que un no acuerdo”, y confió en que este día sirva para mitigar el “dolor y sufrimiento, que nos consta que es grande y profundo”.
El ministro Félix Bolaños, resaltó que este modelo ha sido concebido “contando con las víctimas” y que “garantiza la reparación integral” mediante un “trabajo colaborativo”. No obstante, aclaró un aspecto crucial: “la última palabra la tendrá el Estado” en caso de que surgieran desacuerdos entre los expertos del Plan PRIVA de la Iglesia y el equipo designado por el Defensor del Pueblo. Bolaños reconoció la labor de los expertos eclesiásticos, pero aludió a un “pecado original” en el Plan PRIVA, que residía en que era la propia Iglesia la que establecía la reparación, lo que generaba “falta de confianza” en muchas víctimas.
Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, compartió las dificultades del proceso, indicando que se había discutido “cada coma” de las catorce páginas del protocolo. Al ser preguntado por los obstáculos, afirmó: “No recuerdo nada que no haya sido complicado ni nada que no haya sido insalvable”, reflejando la complejidad de las negociaciones.
**Un camino que cierra una etapa**
La firma de este protocolo marca el fin de una etapa iniciada en marzo de 2022, cuando el Congreso de los Diputados encomendó al Defensor del Pueblo la tarea de investigar los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. En octubre de 2023, el Defensor del Pueblo presentó su informe, que incluía la recomendación de establecer un sistema estatal de reparación. Sin embargo, en abril de 2024, la Conferencia Episcopal Española rechazó el plan de implementación propuesto por el Ejecutivo, argumentando que se basaba en “un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica” y que constituía un “señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”.
Pese a aquel rechazo inicial, en enero de 2026 se alcanzó un principio de acuerdo, en el que, según reconocieron tanto monseñor Argüello como el ministro Bolaños, la Secretaría de Estado del Vaticano jugó un papel clave. Bolaños confirmó que, el pasado 20 de marzo, mantuvo una nueva reunión en la Secretaría de Estado durante su estancia en Roma, donde acompañaba a los Reyes de España en su visita al Papa León XIV.
**Mecanismos del nuevo sistema de reparación**
A partir del 15 de abril, las víctimas de abusos en el ámbito eclesiástico podrán dirigirse a una oficina creada a tal efecto en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta oficina se encargará de remitir la información pertinente al Defensor del Pueblo.
La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo analizará cada caso en un plazo máximo de tres meses, que podrá extenderse un mes adicional si fuera necesario. Una vez admitido el caso, la Unidad presentará una propuesta de reparación a la Comisión Asesora del Plan PRIVA, que dispondrá de un máximo de dos meses para su evaluación y respuesta. Posteriormente, el Defensor del Pueblo tendrá quince días para comunicar estas valoraciones a la víctima.
Si todas las partes involucradas (víctima, Defensor del Pueblo y representantes eclesiásticos) están conformes, la decisión se considerará definitiva. En caso de desacuerdo, la discrepancia se elevará a una instancia mixta, integrada por representantes del Defensor del Pueblo, la CEE, la CONFER y asociaciones de víctimas de abusos, quienes tendrán quince días para intentar resolver el conflicto.
Si aun así no se lograra un consenso, el Defensor del Pueblo y los representantes de las instituciones eclesiásticas realizarán un último intento de acuerdo en el plazo máximo de un mes. Finalmente, si el consenso sigue siendo esquivo, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo tomará la decisión final, la cual la Iglesia Católica se ha comprometido a acatar.
