Los obispos de la Región Patagonia-Comahue de Argentina han alzado su voz enérgicamente, denunciando serias irregularidades en el proceso de una audiencia pública clave para la reforma de la Ley de Glaciares. La controvertida propuesta legislativa, que busca modificar la normativa vigente desde 2010, ha generado profunda preocupación entre las comunidades eclesiásticas y organizaciones civiles por sus potenciales implicaciones ambientales y para la participación democrática.
En una carta fechada el 30 de marzo, las diócesis de Neuquén, Viedma, San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Rawson, Esquel, Río Gallegos y Alto Valle del Río Negro expresaron su “mucha pena” por la metodología empleada en la audiencia convocada por la Cámara de Diputados de la Nación. Los prelados advirtieron que la participación ciudadana se encuentra “amenazada, como los hielos y el agua misma”, en un debate que consideran fundamental para el futuro de uno de los ecosistemas más vitales del país.
La reforma en cuestión propone transferir a las provincias la potestad para definir los criterios de preservación en las zonas glaciares y periglaciares, actualmente bajo protección federal. Este cambio permitiría a los gobiernos provinciales autorizar emprendimientos productivos, como la minería, en áreas hasta ahora resguardadas. El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores el 26 de febrero, a pesar de las advertencias de diversas organizaciones sobre su posible inconstitucionalidad.
Los obispos señalan que el proceder en la audiencia pública debería haber cumplido con los requisitos de acuerdos y normativas legales existentes para garantizar una genuina voz del pueblo. Sin embargo, describen una serie de “estrategias de manual” que, según afirman, se repiten sistemáticamente en la Patagonia cada vez que se abordan temas ambientales vinculados a intereses de proyectos mineros. Estas tácticas incluyen “cercenar y anular intervenciones”, “impedir el ingreso al recinto donde se desarrolla el debate”, “desestabilizar oradores” e incluso “incorporar a personas que no estaban en la lista oficial de participantes”.
La misiva episcopal detalla cómo estas maniobras van más allá de las audiencias, extendiéndose al territorio con “presiones económicas, laborales e incluso afectivas”. Los prelados denuncian el uso de “promesas y dádivas”, así como tácticas de intimidación, “llenando los lugares de las asambleas y sus alrededores con personas movilizadas, expertas en generar ruido y miedo”. Estas acciones, según los obispos, buscan silenciar las voces disidentes y coartar el debate informado.
Además, los líderes religiosos critican una campaña de desprestigio contra quienes expresan dudas o advertencias sobre estos proyectos. “Recorren los lugares, copan canales de televisión y diarios con futuros promisorios, denostan a quienes podemos tener dudas, preguntas y hacer advertencias, llevándonos al lugar de ser promotores de la pobreza y estar en contra del progreso”, escriben. También acusan a los detractores de ser “fundamentalistas, o de tener sesgos ideológicos o partidarios”, en un intento de deslegitimar sus argumentos.
Los obispos enfatizan la desconexión entre los promotores de estas metodologías y la realidad local: “ninguno respira nuestro aire: están a miles de kilómetros; tampoco beben o se nutren del agua de nuestros ríos. Porque de eso se trata: del aire y del agua. Ambas valen más que el oro, la plata, el dinero o un pseudo progreso que no respeta los estándares que en sus mismos países de origen les exigen”. Esta declaración subraya la brecha entre los intereses económicos externos y la subsistencia de las comunidades patagónicas, ligada intrínsecamente a la preservación de sus recursos naturales.
Finalmente, el comunicado episcopal hace un llamado a la responsabilidad de los poderes del Estado. “Queremos un futuro mejor para todos. Son los que han tenido distintas responsabilidades en los poderes del Estado quienes nos han llevado a esto; no quieran sacarnos del lugar donde han dejado a la Argentina pidiéndonos que entreguemos lo poco que nos queda y distingue a la Patagonia: sus ríos y lagos. Su agua”, sentencian. Los obispos lamentan que la voz de más de cien mil personas inscritas para participar en la audiencia pública haya sido ahogada, con menos del 1% autorizado a intervenir. “Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados, la voz de un pueblo”, destacaron. La misiva concluye con una clara advertencia: “Ya enrarecieron el debate; no nos intoxiquen también el aire”.
