La Obra Don Orione, una institución con casi un siglo de trayectoria en Argentina dedicada al cuidado y la atención integral de personas con discapacidad, enfrenta una crisis económica de “extrema gravedad”. Esta situación amenaza directamente la continuidad de sus servicios en el país, poniendo en vilo el bienestar de aproximadamente 1.200 residentes que dependen de sus centros en todo el territorio nacional. La alerta emitida por la propia organización subraya que el desafío no es solo administrativo, sino que impacta la sostenibilidad de los hogares y la calidad de la atención diaria.
La profunda crisis multifactorial se origina en la combinación de aranceles desfasados, una inflación persistente y, crucialmente, la interrupción en la cadena de pagos por parte del Estado Nacional. La entidad denuncia que, desde la falla en los pagos estatales, la Obra Don Orione se ha visto obligada a usar fondos propios y de reserva para cubrir gastos esenciales. Estos incluyen la alimentación, la medicación, los servicios básicos y los salarios de su personal, elementos indispensables para el funcionamiento mínimo de sus instalaciones y la provisión de un servicio de calidad.
La brecha entre ingresos y egresos es insostenible. Los costos operativos, impulsados por una inflación galopante, y las actualizaciones salariales necesarias para sostener a su personal, aumentan mensualmente de forma significativa. Sin embargo, los aranceles que el Estado fija para las prestaciones a personas con discapacidad se actualizan con una demora crítica, que no sigue el ritmo de la economía. Durante gran parte del último año, el sector de atención a la discapacidad operó con valores congelados, forzando a las instituciones a absorber una inflación acumulada superior al 30% sin recibir compensación inmediata ni ajustes acordes a la realidad económica del país.
La amenaza es inminente para los 1.200 residentes que viven en los diversos centros de la Obra Don Orione. Muchos de ellos no cuentan con otro espacio de contención, cuidado o apoyo. Para estos individuos, la interrupción de servicios no es una opción, ya que a menudo carecen de redes de apoyo familiares o comunitarias alternativas que puedan asumir su cuidado. Esta situación crítica trasciende lo meramente económico, impactando directamente en la dignidad, la seguridad y los derechos fundamentales de algunas de las personas más vulnerables de la sociedad argentina.
La Obra Don Orione enfatiza que su reclamo no es por “auxilio financiero” o una donación caritativa, sino por el estricto cumplimiento de las leyes vigentes en Argentina. La organización subraya que cada vez que el sistema de financiamiento estatal falla, se vulneran derechos fundamentales establecidos tanto en la Ley 24.901, que garantiza el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, como en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que goza de jerarquía constitucional en Argentina. “No pedimos un favor ni una donación, pedimos el cumplimiento de la ley”, afirman sus representantes, resaltando la responsabilidad indelegable del Estado en la protección de estos derechos inalienables.
La precariedad económica también ha tenido un impacto directo en la infraestructura de los centros. Muchos edificios de la Obra Don Orione, con décadas de antigüedad, requieren un mantenimiento constante y especializado para garantizar un entorno seguro, accesible y adecuado para sus residentes. La falta crónica de fondos ha forzado a la institución a postergar tareas de conservación y reparación esenciales, poniendo en riesgo la integridad estructural y funcional de sus sedes. Además, la imposibilidad de responder a nuevas demandas, como la admisión de nuevos residentes que necesitan urgentemente sus servicios, agrava la situación social, dejando a numerosas familias sin el apoyo crucial que necesitan para sus seres queridos con discapacidad.
La institución denuncia una paradoja alarmante en la gestión estatal: mientras el Estado muestra demoras críticas y prolongadas en los pagos de las prestaciones que debe a las organizaciones, exige simultáneamente a estas mismas entidades sin fines de lucro, como la Obra Don Orione, el cumplimiento fiscal inmediato y sin dilaciones. Esta discrepancia genera un entorno de imprevisibilidad y de estrés financiero que dificulta enormemente la planificación a largo plazo y la ejecución efectiva de su misión basada en la caridad, el servicio y la atención humanitaria. La Obra apela a las autoridades para que garanticen las condiciones mínimas de previsibilidad que son indispensables para poder seguir transformando vidas y ofreciendo esperanza a quienes más lo necesitan.
“La Obra Don Orione va a seguir de pie”, afirman sus voceros, con un tono de determinación, “pero hoy necesita que el Estado cumpla con su rol y esté de pie junto a ella”. El mensaje es claro y contundente: no buscan privilegios especiales, sino la fidelidad de Argentina a sus propias leyes y a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El riesgo inminente es que 1.200 personas, cada una con su nombre, su historia y su dignidad inherente, queden desamparadas. Este escenario no solo es trágico, sino que contraría los principios fundamentales de justicia social y derechos humanos. La discapacidad, insisten, “no puede ser sinónimo de desprotección”.
En este contexto de profunda preocupación, la comunidad eclesiástica ha manifestado su apoyo. El Jueves Santo, Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, presidirá la Misa de la Cena del Señor en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, que forma parte de la Obra Don Orione. La ceremonia, programada para las 21:30 horas, buscará no solo ofrecer un espacio de oración y comunión espiritual, sino también de apoyo material concreto. Todo lo recaudado en la colecta de esa Misa será destinado directamente al Hogar Don Orione de Mendoza, como un gesto tangible de solidaridad y una llamada a la acción comunitaria. Este evento subraya la importancia de la colaboración activa entre la sociedad civil, las instituciones religiosas y el Estado para salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas más vulnerables.
