En un enérgico llamado a la protección de las poblaciones migrantes más vulnerables, dos influyentes obispos católicos de Estados Unidos han solicitado formalmente al recién confirmado secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, que ponga fin a la práctica de detener a mujeres embarazadas y madres lactantes. La petición, articulada en una misiva reciente, subraya la profunda preocupación de la Iglesia por la dignidad humana y la salud de las mujeres gestantes y sus bebés, haciendo eco de las constantes exhortaciones del Papa León XIV a favor de políticas migratorias más compasivas.
La carta, firmada por Mons. Daniel E. Thomas, obispo de Toledo, Ohio, y presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), junto con Mons. Brendan J. Cahill, obispo de Victoria, Texas, y presidente del Comité de Migración de la USCCB, no deja lugar a dudas sobre su postura. “Sin importar el estatus migratorio, no existe justificación alguna para separar a los bebés lactantes de sus madres ni para poner en peligro la salud y la seguridad de las mujeres embarazadas o de sus bebés por nacer”, afirman los prelados. Este pronunciamiento refuerza la enseñanza católica que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, extendiendo sus principios pro-vida a la protección de migrantes en situaciones de vulnerabilidad extrema.
Los obispos explicaron que la decisión de enviar esta comunicación al titular del DHS se fundamenta en “informes alarmantes” que detallan la falta de atención médica adecuada para mujeres embarazadas bajo custodia de inmigración, situaciones que, lamentablemente, han derivado en abortos espontáneos. Asimismo, la misiva destaca la preocupación por casos documentados de madres lactantes separadas de sus hijos durante las operaciones de detención realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia clave supervisada por el DHS. Estos incidentes, que contravienen los principios humanitarios básicos, han generado una alarma considerable en la comunidad eclesiástica y en grupos defensores de los derechos humanos.
La USCCB instó específicamente al ICE a adherirse estrictamente a la Directiva 11032.4, titulada “Identificación y Monitoreo de Personas Embarazadas, en Posparto o Lactantes”. Esta directiva establece una política clara que, en términos generales, busca evitar la detención de mujeres embarazadas y madres lactantes que enfrentan infracciones administrativas de las leyes de inmigración. Los obispos argumentan que seguir esta política sería congruente con las recientes acciones pro-vida impulsadas por la actual administración, algunas de las cuales fueron explícitamente elogiadas por el Comité de Actividades Provida de la USCCB en enero pasado. La no aplicación de esta normativa genera una inconsistencia preocupante en la defensa de la vida.
Esta no es la primera vez que la Conferencia Episcopal alza su voz en defensa de estos grupos. Ya el año pasado, ambos comités expresaron su inquietud ante la revocación de ciertas protecciones para mujeres embarazadas y lactantes por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP). En mayo, los obispos calificaron el cambio implementado por la CBP como “profundamente preocupante e inexcusable”, evidenciando una defensa persistente de estos derechos.
La postura de la USCCB en materia migratoria ha estado marcada por divergencias significativas con administraciones anteriores. Si bien el expresidente Donald Trump manifestó su apoyo a las deportaciones masivas de migrantes que ingresaron al país sin autorización, los obispos han resonado con los reiterados llamados del Pontífice, el Papa León XIV, quien ha abogado por un enfoque más humano y menos punitivo en las políticas migratorias internacionales. En noviembre, la Conferencia Episcopal votó con una abrumadora mayoría de 216 a 5 a favor de un mensaje que se opone firmemente a la deportación masiva e indiscriminada. En febrero, la USCCB también instó a la Corte Suprema de Estados Unidos a preservar la ciudadanía por derecho de nacimiento, calificando de inmorales los intentos por suprimirla.
La confirmación de Markwayne Mullin como secretario del DHS, quien asume el cargo tras la destitución de la exsecretaria Kristi Noem, marca un momento crucial para estas discusiones. En marzo, la USCCB ya había comunicado a EWTN News su intención de abogar por “políticas migratorias justas que reconozcan la dignidad que Dios les ha otorgado a todos los involucrados” una vez que Mullin estuviera al frente del departamento.
En la misiva dirigida al secretario Mullin, los obispos no solo expresaron sus serias preocupaciones, sino que también aprovecharon para felicitarlo por su confirmación. “Oramos para que el Espíritu Santo lo guíe en su continuo servicio a nuestro país”, concluyeron los líderes eclesiásticos, buscando establecer un diálogo constructivo que priorice los valores humanitarios y la dignidad intrínseca de cada persona. El silencio del Departamento de Seguridad Nacional a la solicitud de comentarios, hasta el momento, deja abierta la expectativa sobre la respuesta a este importante llamado.
