La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha reiterado su enérgico llamado a tratar con dignidad a los migrantes que residen en el país, en un momento en que la administración presidencial en Washington ha intensificado una campaña retórica que deshumaniza a estas personas, calificándolas de “aliens”. Esta iniciativa gubernamental ha generado una profunda preocupación entre los líderes religiosos y defensores de los derechos humanos.
La Casa Blanca lanzó recientemente el sitio web “Aliens.gov”, el 28 de mayo, un portal con una estética retro de ciencia ficción que simula la revelación de un “secreto celosamente guardado” sobre una supuesta “invasión” de “aliens” a lo largo de décadas. Con una tipografía sans-serif de neón verde sobre fondo negro, evocando los afiches de películas de ciencia ficción de la Guerra Fría, el sitio afirma que estos “aliens han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros vecindarios e interactuando en nuestra vida diaria”. La plataforma sostiene que los “extraterrestres” han “comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y vivido existencias humanas aparentemente normales”, para luego concluir que las personas sin un estatus legal “no pertenecen aquí”.
El portal no solo promueve un “mapa de detenciones de aliens” con información sobre centros de detención de migrantes, sino que también insta a los visitantes a “denunciar a extranjeros sospechosos” a una línea telefónica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Es crucial recordar que, en la legislación estadounidense, la palabra “alien” es una clasificación legal que denota a una persona que no es ciudadana ni nacional de Estados Unidos, definición presente en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Sin embargo, en el lenguaje coloquial inglés, el término se asocia comúnmente con seres de otro planeta, lo que dota a la campaña de una carga peyorativa.
La USCCB ha lamentado repetidamente esta “difamación de los inmigrantes” y “el estado del debate contemporáneo” en torno a la migración. Ya en noviembre de 2025, los prelados emitieron un mensaje especial donde afirmaban que la “dignidad humana y la seguridad nacional no están en conflicto”. Posteriormente, en febrero del presente año, condenaron un plan de ICE para expandir la capacidad de los centros de detención de migrantes, que implicaría una inversión de aproximadamente 38.000 millones de dólares. El obispo Brendan Cahill de Victoria, Texas, y presidente del comité de inmigración de la USCCB, calificó esos planes de “profundamente preocupantes”. “La idea de mantener a miles de familias confinadas en enormes almacenes debería hacer reflexionar a la conciencia de todos los estadounidenses”, enfatizó el obispo.
Al ser consultada sobre la nueva campaña gubernamental, Chieko Noguchi, portavoz de la USCCB, declaró el 29 de mayo que los obispos han “condenado continuamente la difamación de los inmigrantes y la retórica deshumanizadora”, abogando de manera persistente por una “reforma significativa de las leyes y procedimientos de inmigración de nuestra nación”. La Iglesia en Estados Unidos ha manifestado su oposición a la deportación masiva e indiscriminada, pidiendo el fin de la retórica que deshumaniza y la violencia, ya sea dirigida contra migrantes o contra las fuerzas del orden. Asimismo, en febrero, los obispos instaron a la Corte Suprema de Estados Unidos a defender la política de “ciudadanía por derecho de nacimiento”, luego de que una orden presidencial firmada en enero de 2025 cuestionara este derecho para hijos de padres sin estatus legal en el país.
El Papa León XIV, el primer Pontífice de la historia de origen estadounidense, también ha expresado su postura sobre el asunto. En noviembre de 2025, el Santo Padre afirmó que, si bien las naciones tienen “derecho a determinar quién, cómo y cuándo entra la gente”, también “tienen que buscar maneras de tratar a las personas con humanidad, tratándolas con la dignidad que poseen”. El Papa León señaló que “cuando las personas llevan una buena vida —y muchas de ellas (en Estados Unidos) durante 10, 15 o 20 años—, tratarlas de una manera extremadamente irrespetuosa, por decir lo menos, no es aceptable”. Respecto al mensaje de los obispos del 12 de noviembre de 2025 sobre inmigración, el Pontífice comentó: «Aprecio mucho lo que han dicho los obispos. Creo que es una declaración muy importante. Invito, especialmente a todos los católicos, pero también a las personas de buena voluntad, a escuchar atentamente lo que han dicho».
La retórica de deshumanización de los migrantes tiene profundas raíces históricas en la cultura estadounidense. Desde las caricaturas políticas del siglo XIX que representaban a inmigrantes irlandeses, italianos o chinos como monstruos o seres infrahumanos, hasta la terminología moderna que los presenta como “invasores” o “plagas”, la historia está plagada de metáforas que buscan presentarlos como algo ajeno a la plena condición humana.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) defendió la postura gubernamental, argumentando el 29 de mayo que los reportajes periodísticos “con demasiada frecuencia” ignoran “a las víctimas [de la inmigración ilegal] y sus historias”. Según el DHS, “estas víctimas y sus familias son la razón por la que trabajamos sin descanso para arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales de nuestras comunidades”, describiendo los delitos cometidos por indocumentados como “completamente prevenibles”. El comunicado añade que “lo que convierte a alguien en objetivo del ICE es que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos”, y afirmó que “casi el 70% de las detenciones del ICE son de inmigrantes ilegales con antecedentes penales que han sido condenados o tienen cargos pendientes”.
Sin embargo, análisis de datos del propio ICE, realizados por instituciones como el Instituto Cato y Transactional Records Access Clearinghouse, muestran que la mayoría de las personas arrestadas y bajo custodia del ICE no tienen antecedentes penales. La cifra del 70% a menudo se obtiene redefiniendo el término “criminal” para incluir cargos pendientes, acusaciones extranjeras no probadas en tribunales estadounidenses y personas que nunca han sido condenadas por un delito. La realidad, según estos análisis, es que aproximadamente entre el 25% y el 30% de las personas arrestadas por el ICE tienen antecedentes penales verificados.
