La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha dirigido una contundente solicitud al Congreso, instando a los legisladores a priorizar la dignidad humana de los migrantes y refugiados en el inminente debate sobre las asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2027. En una misiva fechada el 1 de junio, la USCCB presentó un conjunto de propuestas detalladas que buscan moldear la política migratoria del país, enfatizando alternativas más humanas a las actuales medidas de control y detención, y expresando una profunda preocupación por el impacto desestabilizador de las deportaciones masivas.
El Obispo Brendan J. Cahill, quien preside el Comité de Migración de la USCCB, fue el firmante principal de esta carta crucial, la cual fue enviada a los líderes de los Comités de Asignaciones Presupuestarias tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. En su comunicación, Monseñor Cahill subrayó que el bienestar de poblaciones particularmente vulnerables —incluyendo inmigrantes, refugiados, menores extranjeros no acompañados y víctimas de trata de personas— constituye una preocupación central para la Iglesia Católica en Estados Unidos.
“Nuestras perspectivas sobre estos asuntos se arraigan profundamente en las Sagradas Escrituras y en la enseñanza social católica, fundamentadas en nuestra creencia inquebrantable en la dignidad inherente e inviolable de cada persona”, afirmó el prelado, recalcando el imperativo moral que guía las peticiones episcopales. La carta fue específicamente remitida a figuras clave del Senado como Susan Collins y Patty Murray, y a los representantes Tom Cole y Rosa DeLauro, quienes desempeñarán un papel fundamental en la configuración del presupuesto federal.
Los obispos estadounidenses hicieron un llamado explícito para asegurar una financiación robusta y continua de programas esenciales para la integración y el apoyo de las comunidades migrantes. Solicitaron el mantenimiento de los fondos para los programas de Asistencia para Refugiados y Recién Llegados (REA), administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Estos recursos son vitales para ayudar a refugiados, víctimas de trata y otros grupos migrantes a establecerse y prosperar en el país.
Adicionalmente, se pidió asignar recursos significativos a la División de Salarios y Horas y a la Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de EE. UU., entidades cruciales para proteger a las víctimas de explotación laboral y de trata de personas. La jerarquía católica también instó a incrementar la asistencia humanitaria internacional y los fondos de emergencia para refugiados y migrantes, destacando la necesidad de una respuesta global y compasiva ante las crisis migratorias que afectan a millones de personas en todo el mundo.
Un punto central de las demandas de la USCCB fue la enérgica oposición a la expansión de las medidas de control y detención migratoria. Si bien los obispos reconocen el derecho soberano del gobierno a aplicar sus leyes de inmigración, reiteraron la urgencia de buscar alternativas más compasivas, efectivas y humanas. La carta advirtió vehementemente que las deportaciones masivas no solo erosionarían el debido proceso legal y desmembrarían familias, sino que también podrían propiciar prácticas discriminatorias y socavar la confianza en el sistema. En este sentido, se solicitó al Congreso garantizar que todas las personas bajo custodia migratoria tengan acceso irrestricto a servicios religiosos y pastorales, reconociendo su dignidad y necesidades espirituales.
En el ámbito legislativo, los prelados pidieron la reautorización permanente del Programa de Visas para Trabajadores Religiosos. Argumentaron que la incertidumbre generada por su posible expiración perjudica la labor de numerosas organizaciones religiosas, sus empleados y las comunidades a las que sirven, al interrumpir su capacidad para ofrecer servicios vitales. Complementariamente, exhortaron a la pronta aprobación de la H.R. 2672/S. 1298, conocida como la “Ley de Protección de la Fuerza Laboral Religiosa”. Esta legislación permitiría a ciertos trabajadores religiosos prolongar su estancia en Estados Unidos más allá del límite de cinco años de las visas R-1, mientras sus solicitudes de residencia permanente o visas de inmigrante están en trámite, brindando estabilidad a aquellos dedicados al servicio.
La Conferencia Episcopal también expresó su profunda preocupación por el debilitamiento o la inactividad de organismos clave encargados de asegurar la confianza y la integridad del sistema migratorio. Los obispos instaron al Congreso a respaldar nuevamente a entidades como la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención Migratoria. Estos organismos son fundamentales para la supervisión, la rendición de cuentas y la protección de los derechos dentro de las operaciones migratorias. Asimismo, solicitaron al Departamento de Estado y al DHS informes detallados sobre el estado de todas las restricciones migratorias basadas en la nacionalidad, manifestando su inquietud por posibles prácticas discriminatorias que podrían afectar a comunidades específicas.
Finalmente, la carta episcopal hizo hincapié en la necesidad de financiar adecuadamente el Programa de Orientación Legal, esencial para que los migrantes comprendan sus derechos y obligaciones en un sistema complejo. También pidieron fortalecer el sistema de tribunales migratorios y asegurar una supervisión rigurosa de las funciones de aplicación de las leyes migratorias durante el debate de la ley de asignaciones presupuestarias de Comercio, Justicia y Ciencia para el año fiscal 2027, garantizando que la justicia prevalezca.
Estas solicitudes se enmarcan en un momento de particular tensión presupuestaria y política en el país. Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional opera sin una financiación completa para el año fiscal 2026, habiendo dependido de resoluciones temporales tras un cierre parcial de 76 días que concluyó el pasado 30 de abril. La administración Trump, según lo solicitado, ha pedido al Congreso la aprobación de 118.400 millones de dólares para el DHS en el año fiscal 2027, lo que representaría un incremento de 6.600 millones respecto a los niveles de financiación actuales, lo que hace aún más crucial el debate sobre cómo se asignarán esos fondos y con qué prioridades.
En su conjunto, la comunicación de los obispos católicos subraya un llamado persistente a una reforma migratoria que no solo sea efectiva en términos de seguridad nacional, sino que también refleje los valores de compasión, justicia y el respeto a la dignidad inherente de cada individuo, principios fundamentales de la enseñanza católica. La USCCB espera que el Congreso tome en consideración estas prioridades éticas y humanitarias al moldear las políticas y el presupuesto que definirán el futuro del sistema migratorio estadounidense y su impacto en millones de vidas.
