Keiko Fujimori, líder del partido de derecha Fuerza Popular, ha sido declarada la virtual ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas el pasado 7 de junio de 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio total de las actas, confirmando una victoria ajustada que, como era de prever, ha profundizado la polarización en la nación andina.
Según los resultados oficiales difundidos por la ONPE, Fujimori obtuvo el 50.135% de los votos válidos, lo que representa un total de 9.223.396 sufragios. Su contendiente, Roberto Sánchez, del partido de izquierda Juntos por el Perú, alcanzó el 49.865%, sumando 9.173.755 votos. Esta diferencia, de apenas 49.641 votos, es una de las más estrechas en la historia democrática reciente del país, reflejando la profunda división ideológica y social que caracteriza al panorama político peruano.
La jornada electoral y el subsiguiente conteo estuvieron marcados por la tensión. En las semanas posteriores a la votación, Roberto Sánchez, el candidato perdedor, denunció públicamente un supuesto fraude, sembrando dudas sobre la legitimidad del proceso. Sus cuestionamientos se centraron principalmente en los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero, sugiriendo irregularidades en ese segmento del electorado. Estas acusaciones han sido un factor recurrente en elecciones anteriores y alimentan un clima de desconfianza en las instituciones democráticas.
Frente a estas alegaciones, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) emitió un comunicado contundente. La misión aseguró que, tras una exhaustiva observación de todas las etapas del proceso, “no ha hallado indicios de manipulación intencionada en ninguna etapa del proceso”. Asimismo, hizo un llamado categórico a ambos candidatos para que “respeten el resultado del proceso electoral y la voluntad del electorado”, enfatizando la importancia de la estabilidad y la paz social. Este pronunciamiento de un organismo internacional de prestigio busca ofrecer una validación externa y objetiva ante las impugnaciones.
Con el escrutinio oficial finalizado, el proceso electoral peruano entra ahora en su etapa final, que incluye la proclamación de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Una vez que el JNE ratifique los resultados, se espera que Keiko Fujimori asuma la presidencia en la ceremonia de toma de posesión, prevista para el 28 de julio. Este paso es crucial para formalizar la transición de poder en un país que ha enfrentado periodos de intensa inestabilidad política.
La victoria de Fujimori representa su cuarta postulación presidencial y un hito significativo en su carrera política, marcada por su herencia familiar y sus anteriores derrotas en balotaje. El ajustado margen no solo evidencia la polarización, sino también la resiliencia de dos bloques electorales casi equiparados. La sociedad peruana se encuentra dividida entre aquellos que buscan estabilidad y un modelo económico de libre mercado, y quienes aspiran a cambios estructurales y una mayor intervención estatal en la economía y la distribución de la riqueza.
El nuevo gobierno que presidirá Fujimori enfrentará desafíos de magnitud considerable. Entre ellos, destacan el combate a la creciente inseguridad ciudadana, la necesidad imperante de impulsar la recuperación económica post-crisis y el fortalecimiento de unas instituciones democráticas que han sufrido desgaste tras varios años de turbulencia política, incluyendo la sucesión de presidentes y crisis de gobernabilidad.
Ante este complejo escenario, la Iglesia Católica ha desempeñado un papel activo, llamando a la reflexión y a la unidad nacional. En vísperas de la segunda vuelta, la jerarquía eclesiástica exhortó a los ciudadanos peruanos a ejercer un voto responsable, pensando siempre en el bien común y en la construcción de un futuro más próspero y equitativo para todos. Monseñor Javier del Río Alba, Arzobispo de Arequipa, una importante región en la sierra sur del Perú, hizo un llamado explícito a inicios de junio “a la unidad nacional en torno a un plan de gobierno que pueda ser mejorado con el aporte de todos los sectores de la sociedad, pensando en el bien de todos y especialmente de nuestros hermanos más necesitados”.
Este clamor por la cohesión resuena con las constantes exhortaciones del Papa León XIV. El Pontífice ha subrayado en múltiples ocasiones la importancia del diálogo, la reconciliación y la búsqueda de consensos en sociedades polarizadas. Sus mensajes suelen enfatizar la necesidad de dejar de lado las diferencias partidistas en aras de la construcción de un futuro compartido, priorizando la dignidad humana y el bienestar de los más vulnerables. La postura de la Iglesia en Perú, por tanto, se alinea con la visión del Santo Padre, instando a la nación a trascender la profunda división electoral y trabajar unida para superar los retos inminentes. La tarea de la próxima presidenta Fujimori será monumental, requiriendo liderazgo y capacidad de tender puentes en un país fragmentado.
