La Conferencia Episcopal Panameña ha emitido un enérgico llamado a las autoridades y a la sociedad en general para abordar con “soluciones concretas y urgentes” la creciente crisis de acceso al agua potable que afecta a amplios sectores del país. Tras concluir su Asamblea Ordinaria, celebrada del 29 de junio al 3 de julio de 2026, los prelados compartieron un mensaje pastoral donde señalaron que Panamá se encuentra en un “momento decisivo de su historia, que exige grandeza moral, responsabilidad y compromiso de todos los actores sociales”.
En su comunicado, los obispos expresaron su “profunda preocupación” por la situación hídrica, que ven agravarse día a día. De acuerdo con su análisis, cada vez son más las comunidades panameñas que sufren la interrupción del servicio o la falta total de suministro de agua potable. Esta denuncia episcopal resuena con los reportes constantes de medios locales, como TVN, que han documentado numerosas protestas ciudadanas, particularmente en las regiones este y oeste del país. Habitantes de estas zonas han manifestado su hartazgo ante cortes prolongados, baja presión, la proliferación de conexiones ilegales que afectan el sistema y evidentes deficiencias en la distribución de un recurso vital.
Los líderes eclesiásticos enfatizaron las graves repercusiones humanitarias de esta escasez, subrayando que detrás de cada interrupción del servicio “hay familias, niños, adultos mayores y comunidades enteras cuya salud y calidad de vida se ven seriamente afectados”. La falta de agua incide directamente en la higiene, la prevención de enfermedades, la seguridad alimentaria y el bienestar general, erosionando la dignidad de las personas. En este contexto, recordaron un principio fundamental: “El agua es un don de Dios, un derecho humano fundamental y un bien común que debe ser protegido y garantizado para todos”. Este planteamiento no solo busca una perspectiva técnica o económica, sino que eleva el debate a una dimensión ética y moral, exigiendo una respuesta solidaria y justa.
La problemática del agua en Panamá se complejiza con proyectos de infraestructura a gran escala, como la propuesta de construcción de una presa y un embalse en la cuenca del río Indio. Esta iniciativa es impulsada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con el objetivo primordial de fortalecer la seguridad hídrica del país y, crucialmente, asegurar el funcionamiento óptimo del Canal de Panamá, una de las arterias comerciales más importantes del mundo. El proyecto, si bien busca garantizar el flujo de agua necesario para la operación de las esclusas y el abastecimiento de la población en general, contempla la reubicación e indemnización de un sector de la población que reside en las áreas que serán inundadas.
Sin embargo, esta propuesta ha generado una considerable controversia, atrayendo críticas desde diversos frentes sociales y eclesiales. Una de las voces más destacadas en la disidencia ha sido la de Monseñor Manuel Ochogavía, Obispo de Colón-Kuna Yala, quien ha cuestionado la falta de garantías y el proceso de consulta para las comunidades impactadas. Monseñor Ochogavía ha advertido que, sin las debidas protecciones, los habitantes de la zona “van a ser afectados y desterrados en beneficio del desarrollo de este país”, poniendo en relieve la tensión entre el progreso macroeconómico y los derechos de las comunidades locales.
Conscientes de la polarización que rodea el proyecto, los obispos, durante su asamblea, dedicaron un espacio significativo para facilitar el diálogo. Recibieron a representantes tanto de la Autoridad del Canal de Panamá como a delegados de las comunidades directamente afectadas de río Indio, Donoso y otros territorios vecinos. Esta sesión de escucha mutua permitió a los prelados comprender las distintas perspectivas, preocupaciones y expectativas de todas las partes involucradas.
Los obispos destacaron la importancia fundamental de este tipo de encuentros para la construcción de consensos y la búsqueda de soluciones equitativas. Afirmaron que “escuchar no significa renunciar a las propias convicciones, sino reconocer la dignidad del otro, valorar sus legítimas preocupaciones y buscar juntos el bien común”. Este enfoque subraya el papel de la Iglesia como un facilitador y promotor de la paz social, buscando tender puentes donde persisten divisiones.
Al concluir su mensaje, los obispos panameños renovaron su compromiso pastoral de “anunciar el Evangelio, defender la dignidad de toda persona, acompañar a las familias, promover la reconciliación y trabajar incansablemente por la justicia, la paz y el bien común”. Con este pronunciamiento, la Iglesia en Panamá reafirma su rol profético en la sociedad, alzando su voz en favor de los más vulnerables y urgiendo a las autoridades a tomar acciones decisivas para garantizar que el acceso al agua, un derecho inalienable, sea una realidad para todos los panameños. La resolución de esta crisis hídrica se presenta, pues, no solo como un desafío técnico, sino como una prueba de la capacidad del país para construir un futuro más justo y sostenible.
