Madrid, España – El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), una entidad pionera en España dedicada a la defensa de este derecho fundamental, ha lanzado una alerta sobre el creciente deterioro que experimenta la libertad religiosa en el país. A casi dos décadas de su fundación, la organización constata un preocupante aumento de ataques y desafíos que, lejos de disminuir, se intensifican, haciendo su labor más indispensable que nunca.
Fundado en 2006 por cuatro amigos con una visión compartida, el OLRC nació de la necesidad de proteger la libertad religiosa en un contexto de creciente polarización. Desde sus humildes comienzos en un salón privado, la organización ha crecido exponencialmente hasta convertirse en un referente institucional. María García, quien se unió al Observatorio como voluntaria en 2009 y actualmente ocupa la presidencia, reflexiona sobre la evolución de la entidad: “Lo que comenzó como una iniciativa de cuatro voluntarios ha alcanzado una resonancia en instituciones y foros que jamás hubiéramos imaginado”. García, la única profesional a tiempo completo de la organización, lidera un equipo que incluye a la vicepresidenta Ana Blanco y la secretaria Teresa García-Noblejas, apoyadas por una docena de voluntarios y un comité asesor de expertos.
La expansión de su influencia se refleja en las consultas que reciben de organismos internacionales de peso, como el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). A nivel nacional, su prestigio les permite promover el debate sobre la libertad religiosa en el Senado, el Congreso de los Diputados y los parlamentos autonómicos. Sin embargo, este crecimiento en reconocimiento contrasta con la preocupante escalada de incidentes.
La independencia del OLRC es un pilar fundamental de su trabajo. La organización se financia exclusivamente a través de donaciones privadas, una decisión consciente para preservar su autonomía. “No recibimos fondos públicos, ni los deseamos, para garantizar nuestra independencia”, subraya la presidenta García. Esta postura les permite mantener una voz crítica y señalar a los responsables de los atropellos, que a menudo incluyen a actores políticos. “Los partidos políticos son, desgraciadamente, responsables de muchos de los casos que documentamos”, afirma García.
Desde sus inicios, el Observatorio ha publicado trece informes detallados sobre ataques a la libertad religiosa, con el decimocuarto, que recopila los casos de 2025, previsto para septiembre. García rememora cómo el primer informe ocupaba apenas dos páginas, mientras que los actuales constituyen “libros completos”, un reflejo palpable del aumento de la problemática. Inicialmente, su trabajo se basaba en la recopilación de noticias; hoy, la ciudadanía les alerta directamente sobre casos específicos, aportando material gráfico que facilita la verificación. El análisis de los diarios de sesiones legislativas también reveló una lamentable falta de respeto por la libertad religiosa entre los representantes políticos.
El OLRC identifica el origen del deterioro actual en la aparición de un “proyecto radical laicista” que comenzó a gestarse hace dos décadas. El informe inicial de la entidad, titulado “100 razones para estar alerta”, documentaba un centenar de declaraciones públicas de miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que ya entonces delineaban esta tendencia. “El Gobierno de la época empezaba a mostrar señales que detectamos, y ahora vemos plasmadas en numerosas leyes ideológicas”, explica María García. Ejemplos de esta tendencia incluyen la invocación de la Ley de Memoria Histórica para la retirada de símbolos religiosos, como cruces, de espacios públicos, una medida que el Observatorio considera un ataque a la identidad histórica y cultural.
La situación ha evolucionado hacia formas de agresión más violentas. La presidenta García evoca con consternación el asesinato del sacristán Diego Valencia en 2023, un suceso que, a su juicio, remite a episodios de la Guerra Civil española, cuando religiosos y laicos eran víctimas de la violencia por motivos de fe. “Es algo que no pensábamos volver a ver en casi un siglo”, lamenta García, subrayando la gravedad de la escalada.
De cara al futuro, María García identifica tres retos cruciales para la defensa de la libertad religiosa en España. El primero es la intención gubernamental de suprimir el delito contra los sentimientos religiosos del Código Penal. El OLRC argumenta que esta medida es contradictoria con la realidad europea, ya que “21 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea mantienen protecciones legales similares”, desmintiendo la idea de una igualación a la normativa continental.
El segundo reto fundamental es la protección de los símbolos religiosos, un aspecto que la presidenta García defiende vehementemente: “Quieren retirar cruces que carecen ya de cualquier significado político, pero poseen un valor histórico y religioso innegable”. Finalmente, el Observatorio dedica especial atención a la salvaguarda de la asignatura de Religión en el sistema educativo. Para García, su eliminación no solo cercenaría el conocimiento espiritual, sino que empobrecería la comprensión de la cultura, el arte y la literatura, generando una “ignorancia sobre la religión” que impediría a los jóvenes interpretar plenamente el mundo en que viven.
Consciente de que la problemática de la libertad religiosa trasciende las fronteras españolas, el OLRC busca fortalecer alianzas con otras organizaciones europeas para una defensa más efectiva del derecho en todo el continente. “Seguiremos exigiendo a los políticos que la libertad religiosa sea defendida en los parlamentos. No nos van a callar”, concluye María García, reafirmando el compromiso inquebrantable del Observatorio.
