París, Francia. La Asamblea Nacional de Francia ha dado su aprobación definitiva a una ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, consolidando al país como uno de los pocos en Europa en permitir esta práctica. La votación, que tuvo lugar el 15 de julio de 2026, marca el culmen de un prolongado y divisivo debate nacional, iniciado hace tres años por el presidente Emmanuel Macron. La medida ha sido una de las principales reformas sociales de su segundo mandato quinquenal.
La histórica decisión legislativa contó con 291 votos a favor y 241 en contra. Con esta aprobación, Francia se une a Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y España, naciones que ya han legalizado modalidades de asistencia para morir. Sin embargo, la trayectoria del proyecto de ley a través del parlamento francés estuvo marcada por un inusual estancamiento, con la Asamblea Nacional aprobándolo en tres ocasiones a lo largo de 14 meses, y el Senado rechazándolo el mismo número de veces. La votación más reciente en la Asamblea había sido el 30 de junio, con 295 votos a favor y 232 en contra.
La confrontación entre ambas cámaras alcanzó su punto álgido el 7 de julio, cuando el Senado, por una ajustada mayoría de 169 votos contra 164 (con 11 abstenciones), aprobó una moción preliminar para rechazar el proyecto de ley y exhortar al gobierno a detener el proceso legislativo. En lugar de ceder a esta petición, el primer ministro Sébastien Lecornu invocó el artículo 45 de la Constitución francesa. Esta disposición permite al gobierno otorgar la decisión final a la Asamblea Nacional cuando las lecturas sucesivas no logran un acuerdo entre las dos cámaras. Lecornu remitió entonces el texto nuevamente a la Asamblea para una cuarta y decisiva votación, eludiendo una cuarta lectura senatorial.
A pesar de la aprobación en la Asamblea Nacional, la ley no entrará en vigor de inmediato. El 14 de julio, el primer ministro Lecornu anunció que sometería parte del texto al Consejo Constitucional. Esta medida también había sido solicitada por el presidente del Senado, Gérard Larcher, quien citó preocupaciones específicas sobre la aplicación de la cláusula de conciencia en relación con centros sanitarios y de atención social dedicados al acompañamiento al final de la vida que se oponen a la asistencia para morir. El Consejo tiene un plazo de un mes para pronunciarse, o de ocho días si el gobierno solicita una revisión acelerada. Por lo tanto, la promulgación de la ley queda pendiente de esta revisión.
La nueva legislación sobre el final de la vida contempla tanto la eutanasia, administrada por un médico o enfermero, como el suicidio asistido, donde el propio paciente se autoadministra una sustancia letal. Para acceder a estas prácticas, se deben cumplir cinco condiciones acumulativas: ser mayor de edad, residente estable en Francia, tener un diagnóstico de enfermedad grave e incurable, encontrarse en una fase avanzada o terminal de dicha enfermedad, y padecer un sufrimiento que los tratamientos actuales no pueden aliviar, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de expresar una decisión libre e informada. La autoadministración será la regla general, con la intervención de un profesional sanitario solo cuando el paciente esté físicamente incapacitado.
Paralelamente a esta controversial medida, se aprobó con un apoyo mucho mayor una ley complementaria destinada a ampliar el acceso a los cuidados paliativos. Esta iniciativa superó su primera lectura en el Senado con 307 votos a favor y 17 en contra. Cifras reiteradas por la Conferencia Episcopal de Francia durante el debate señalan que, hasta la fecha, más del 20% de los departamentos franceses carecen de una unidad de cuidados paliativos, resaltando una necesidad urgente en este ámbito.
El camino hacia la legalización de la asistencia para morir se inició en septiembre de 2022, cuando el Comité Consultivo Nacional de Ética revirtió su postura anterior y respaldó una aplicación “ética” de esta práctica. Posteriormente, un panel ciudadano convocado por el presidente Macron dedicó el siguiente invierno a analizar la cuestión, respaldando finalmente su legalización. El presidente francés presentó las líneas generales de un proyecto de ley en marzo de 2024, pero la iniciativa se paralizó con la disolución de la Asamblea en junio de ese año. El diputado Olivier Falorni, quien ya había presentado sin éxito otro proyecto sobre el final de la vida, retomó la iniciativa en 2025.
Críticos de la ley, como Grégor Puppinck, abogado católico y director general del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, sostienen que el marco aprobado es uno de los más permisivos a nivel global. En un análisis detallado, Puppinck argumenta que todo el proceso depende del juicio de un solo médico, quien podría conocer al paciente por primera vez el día de la solicitud y ni siquiera ser su médico tratante. Los otros dos profesionales a consultar son elegidos por este médico, no están obligados a examinar al paciente personalmente y pueden ser consultados por videoconferencia.
Puppinck también señala la ausencia de un intervalo mínimo entre la decisión y el acto, más allá de un periodo de reflexión de dos días. Los familiares no tienen garantizado el derecho a ser informados previamente, ni la posibilidad de impugnar la decisión en los tribunales. Además, los médicos que objeten por motivos de conciencia deberán derivar al paciente a un colega dispuesto a proceder, y las instituciones privadas o religiosas, incluidas las residencias de ancianos, deberán permitir el acceso de equipos móviles de eutanasia bajo amenaza de sanciones. La supervisión, según Puppinck, se realiza únicamente *post mortem* y basada en un informe elaborado por el mismo profesional que llevó a cabo el procedimiento.
Laurent Frémont y Emmanuel Hirsch, fundadores del colectivo ético Democracia, Ética y Solidaridad, expresaron en Le Journal du Dimanche que los criterios de elegibilidad —una “enfermedad grave e incurable” que cause un “sufrimiento insoportable”— están definidos de manera tan vaga que una interpretación médica laxa podría incluir a más de un millón de personas, abarcando pacientes con enfermedades crónicas, trastornos psiquiátricos o edad avanzada, sin exigir una solicitud previa por escrito, una revisión por otros médicos ni una evaluación psiquiátrica.
Un estudio de 2025 de la Fondation pour l’innovation politique estimó que la medida podría generar un ahorro estatal de aproximadamente 1.400 millones de euros anuales en gastos de salud, atención a personas mayores y pensiones. Los críticos han utilizado esta proyección como evidencia de las presiones que podrían enfrentar los pacientes vulnerables y de edad avanzada una vez que la ley entre en vigor.
La Conferencia Episcopal de Francia ha sido una de las voces más críticas, calificando el texto como una amenaza para “los más frágiles” entre los ciudadanos franceses en un comunicado emitido en mayo de 2025, antes de la primera votación en la Asamblea. El Arzobispo de París, Mons. Laurent Ulrich, ha instado repetidamente a los legisladores a reconsiderar su postura, afirmando que la verdadera solidaridad se construye cuidando a los demás y no a través de la muerte. “Más que asistencia para morir, nuestra sociedad necesita asistencia para vivir”, ha declarado.
En un videomensaje dirigido a los legisladores antes de la votación, el Arzobispo de Tours, Mons. Vincent Jordy, recordó la advertencia de François Rabelais: “ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma”. Jordy describió lo que está ocurriendo como “un cambio antropológico”, una nueva manera de comprender la vida y su final que, gradualmente, transformará al país, afectando a cuidadores, familias, personas con discapacidad y la relación entre generaciones. También hizo referencia al caso de los Países Bajos, donde las autoridades regulatorias implementaron salvaguardias durante dos décadas, y donde, en junio, confirmaron la eutanasia de un menor de 12 años, bajo una ampliación de la ley aprobada en 2024 para niños entre 1 y 12 años. Aprobar una ley, concluyó Jordy, significa también abrir la puerta a realidades “que quizás no se habían imaginado” en su redacción inicial.
