Miami, Estados Unidos – Ante la inminente expiración de los permisos de trabajo para miles de haitianos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), el arzobispo de Miami, monseñor Thomas Wenski, ha emitido un urgente llamado a las autoridades estadounidenses para implementar protecciones migratorias más humanas y compasivas. La advertencia surge en un contexto de profunda inestabilidad y crisis humanitaria en Haití, que, según el prelado, continúa siendo un destino inseguro para el retorno de sus ciudadanos.
El 24 de julio, Mons. Wenski enfatizó la persistencia de la violencia generalizada, la inestabilidad política crónica y el colapso económico que asolan a la nación caribeña, elementos que impiden un regreso seguro y digno para quienes se encuentran en Estados Unidos. Aproximadamente 353.000 ciudadanos haitianos dependen actualmente del TPS en territorio estadounidense, una cifra significativa que subraya la magnitud de la potencial crisis humanitaria y laboral.
La prórroga automática de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) de estos migrantes caducó el 27 de julio, dejando a miles de familias en un limbo legal y laboral. El arzobispo Wenski manifestó que las entidades diocesanas en Miami ya están evaluando las consecuencias de estos cambios en la política migratoria, incluida la posible pérdida de autorizaciones de trabajo para empleados de la arquidiócesis.
Catholic Health Services (CHS), una de las instituciones más grandes de la Arquidiócesis de Miami y un empleador clave de trabajadores haitianos con TPS, proyecta que entre 40 y 50 de sus valiosos empleados podrían verse directamente afectados. La organización está revisando cada caso individualmente para mitigar el impacto. Mons. Wenski destacó la contribución esencial de estos trabajadores: “Son más que empleados: son miembros de nuestra Iglesia y de nuestra comunidad. Atienden a los enfermos, consuelan a los ancianos y sirven con compasión y dedicación a algunas de las personas más vulnerables entre nosotros”.
La preocupación del líder eclesiástico se extiende a la incertidumbre, el temor y la ansiedad que experimentan las familias haitianas ante la posibilidad de perder sus empleos y, en algunos casos, enfrentar la deportación. El Pontífice subraya un principio fundamental de la fe católica: “La Iglesia reconoce el derecho de las naciones a proteger sus fronteras y establecer leyes migratorias justas. Al mismo tiempo, nuestra fe católica nos llama a defender la dignidad de toda persona humana y a acompañar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
El Estatus de Protección Temporal es una designación migratoria que se otorga a ciudadanos extranjeros de países considerados inseguros para el retorno debido a conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. En el caso de Haití, la justificación para su designación en el programa ha sido la prolongada crisis socio-política y humanitaria.
A nivel judicial, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el 25 de junio que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene la potestad de finalizar el TPS para ciudadanos haitianos y sirios, lo que complica aún más el panorama. Esta decisión se suma a la expiración programada de la designación de El Salvador para el TPS, prevista para el 9 de septiembre, reflejando una tendencia hacia la reducción de estas protecciones. Pese a un intento legislativo por parte de la Cámara de Representantes, que aprobó un proyecto de ley (H.R. 1689) en abril para extender el TPS haitiano por tres años adicionales, la propuesta se encuentra estancada en el Senado, sin avances significativos.
La Arquidiócesis de Miami no es la única en alzar la voz. En Ohio, los obispos católicos también han instado a mantener las protecciones del TPS para la comunidad haitiana, particularmente en Springfield, donde reside una numerosa población. La Conferencia Católica de Ohio emitió una declaración en junio, subrayando la urgencia de tomar medidas. Organizaciones locales, como St. Vincent de Paul en Springfield, están preparándose para ofrecer asistencia vital a las familias que perderán sus empleos y, por ende, su capacidad para cubrir necesidades básicas como el alquiler y los servicios públicos.
Casey Rollins, directora ejecutiva de St. Vincent de Paul, explicó en una entrevista el 24 de julio que su equipo ayuda tanto a inmigrantes como a no inmigrantes que atraviesan crisis. “Una vez que pierdan sus empleos, los ayudaremos a cubrir el alquiler y los servicios básicos si ya no pueden pagarlos”, afirmó. Resaltó que la organización ha brindado apoyo esencial a estadounidenses durante más de seis décadas, y ahora extiende esa ayuda a los migrantes haitianos. Rollins advirtió sobre el impacto económico que la pérdida de estos trabajadores tendrá en la comunidad de Ohio, señalando que los haitianos han estado ocupando puestos laborales que durante años han sido difíciles de cubrir.
El Arzobispo Wenski concluyó su mensaje con una firme muestra de solidaridad: “A nuestros hermanos y hermanas haitianos: no están solos. La Iglesia Católica camina con ustedes”. La Iglesia Católica, a través de sus líderes y organizaciones, continúa presionando por una política migratoria que combine la seguridad fronteriza con la compasión y el respeto a la dignidad humana, especialmente frente a las circunstancias extraordinarias que enfrentan los haitianos.
