Un sacerdote de origen nigeriano, que actualmente sirve a la comunidad católica en la Diócesis de Des Moines, Estados Unidos, ha emprendido acciones legales contra el gobierno federal estadounidense. El litigio surge a raíz de demoras significativas en el procesamiento de su solicitud de residencia permanente, una situación que ha provocado la caducidad de su visa de trabajo religioso y, consecuentemente, de su autorización para ejercer su ministerio. Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los trabajadores religiosos extranjeros en el sistema de inmigración de Estados Unidos.
El Padre Sylvester Okoh, quien se desempeñaba activamente en el hospital diocesano bajo una visa R-1 destinada a trabajadores religiosos, se encuentra ahora en un limbo legal. Aunque se le permite permanecer en el país mientras se resuelve su caso, la pérdida de su permiso de trabajo le impide cumplir con sus obligaciones pastorales y su servicio a la diócesis. Esta situación no solo afecta la vida profesional del sacerdote, sino que también interrumpe la provisión de servicios religiosos esenciales para la comunidad a la que atiende.
En declaraciones a los medios, el Padre Okoh remitió a su abogado, Alexander Smith, para comentar sobre el proceso. Smith enfatizó que su cliente ha actuado conforme a la ley en todo momento y que su único deseo es reanudar su labor. “Aún no hay órdenes judiciales firmes en este caso”, explicó Smith, añadiendo que la solicitud del Padre Okoh sigue pendiente. El letrado expresó confianza en que tanto el gobierno como el tribunal reconocerán el carácter “irrazonable” de la demora y asegurarán que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) procese la solicitud de manera oportuna.
Smith recalcó que el Padre Okoh “cumple plenamente con todos los requisitos para acceder a estos beneficios migratorios”. Según el abogado, el USCIS debería haber resuelto la solicitud dentro del plazo establecido por sus propias normativas. “Esperamos una respuesta favorable de las autoridades para evitar futuros litigios”, afirmó Smith. “El Padre Okoh anhela retomar sus importantes funciones lo antes posible”, concluyó, subrayando la urgencia de la situación.
El origen de este prolongado proceso se remonta al 7 de noviembre de 2022, fecha en la que el Padre Okoh presentó su petición de residencia permanente. Es crucial destacar que esta solicitud se realizó casi dos años antes de que su autorización de trabajo expirara, prevista para el 30 de agosto de 2024. A pesar de este plazo considerable, las demoras burocráticas persistieron. El USCIS concedió una extensión de su permiso de trabajo hasta el 19 de julio para permitirle seguir trabajando, pero dicha prórroga ya ha vencido, dejándolo inactivo.
Una de las causas principales de esta dilatación en el procesamiento radica en la implementación de nuevas políticas por parte del USCIS en diciembre de 2025 y enero de 2026. Estas directrices implicaron la retención de solicitudes provenientes de 39 países catalogados como de “alto riesgo”, entre los que se incluye Nigeria. No obstante, una orden judicial federal emitida en junio exige al USCIS la tramitación de estas solicitudes, lo que debería agilizar la revisión de casos como el del Padre Okoh.
La demanda legal, interpuesta poco antes de la caducidad de su última prórroga, advierte sobre las graves consecuencias de las continuas demoras. El documento legal subraya que la persistencia en estos retrasos no solo obstaculiza gravemente el ministerio del Padre Okoh, impidiéndole llevar a cabo sus “deberes religiosos”, sino que también “interfiere directamente con los servicios religiosos de la diócesis”, afectando a toda la comunidad de fieles.
Asimismo, la demanda destaca el “grave sufrimiento emocional” que esta situación ha provocado tanto al Padre Okoh como a la diócesis y a sus feligreses. La acción legal argumenta que el USCIS no ha procesado la solicitud del sacerdote en un “plazo razonable”, contraviniendo así las exigencias de la ley federal. “La demora injustificada en la resolución de la solicitud del Padre Okoh lo ha sumido en un estado de incertidumbre y le ha generado un sufrimiento extremo”, se detalla en el documento.
Consultado al respecto, un portavoz del USCIS comunicó a EWTN News que, como política general, la agencia no emite comentarios sobre casos de inmigración individuales. Sin embargo, el portavoz confirmó que el USCIS está acatando la decisión judicial de junio, que manda el procesamiento de las solicitudes afectadas por las políticas de “alto riesgo”.
Hasta el 30 de julio, el abogado Alexander Smith indicó que aún no había recibido ninguna respuesta formal por parte del gobierno federal. La Diócesis de Des Moines, por su parte, no emitió comentarios inmediatos tras ser contactada para obtener su perspectiva sobre el caso. La comunidad espera una pronta resolución que permita al Padre Okoh retomar su vital servicio pastoral.
