Ciudad del Vaticano se viste de nuevas regulaciones con la promulgación de una histórica constitución, la cuarta en la historia del Estado de la Ciudad del Vaticano desde su creación. El 31 de julio de 2026, el Papa León XIV ratificó formalmente la nueva Ley Fundamental, un documento que reconfigura aspectos clave de la gobernanza vaticana y, de manera notable, consagra la posibilidad de que personas laicas o religiosos no cardenales asuman la presidencia de su principal órgano de gobierno. Esta medida es interpretada como un paso significativo en la evolución administrativa y pastoral de la Santa Sede, respondiendo a una serie de cambios y desarrollos experimentados en los últimos años.
La flamante normativa, conocida como la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, reemplaza la constitución de 2023, la cual había sido promulgada por el Papa Francisco y se caracterizaba por enfatizar la autoridad papal sobre el Estado soberano. Fuentes vaticanas, en una nota explicativa que acompañó la publicación de la nueva ley, indicaron que las disposiciones actuales son el fruto de una revisión exhaustiva, diseñada para alinear la estructura legal con las transformaciones gubernamentales y normativas que han tenido lugar recientemente dentro de la Ciudad del Vaticano.
El punto central y más trascendente de la constitución de 2026 reside en la redefinición de la presidencia y la composición de la Comisión Pontificia, así como de la Gobernación del Vaticano. Hasta ahora, aunque la Ley Fundamental de 2023 ya permitía que individuos no cardenales formaran parte de la Comisión en calidad de miembros, la responsabilidad de su presidencia había estado reservada exclusivamente a un cardenal. Esta restricción imponía un límite a la participación de otras figuras eclesiásticas y laicas en roles de máxima dirección.
Sin embargo, el camino hacia este cambio no fue abrupto, sino el resultado de un proceso evolutivo que cristalizó con un nombramiento histórico previo. En 2025, el entonces Pontífice, Francisco, designó a Sor Raffaella Petrini, de las Hermanas Franciscanas de la Eucaristía (FSE), para ocupar la presidencia tanto de la Comisión Pontificia como de la Gobernación. Esta decisión marcó un hito sin precedentes, al convertir a Sor Petrini no solo en la primera mujer en asumir dicho cargo, sino también en la primera persona que no ostentaba el cardenalato en ejercer esa función directiva.
El nombramiento de Sor Petrini, aunque revolucionario, requirió de una adaptación legal. Tras su designación, el Vaticano comunicó que el Papa Francisco había modificado la Ley Fundamental en lo referente al nombramiento específico de Sor Raffaella. Posteriormente, en noviembre de 2025, el actual Pontífice, León XIV, promulgó un *motu proprio* –un documento legal de iniciativa papal– en el que se establecía de forma explícita y formal que personas que no fueran cardenales podían, a partir de entonces, ocupar la presidencia de estos órganos vitales. Con la nueva constitución de 2026, esta disposición transitoria y excepcional queda ahora permanentemente codificada en la legislación suprema del Estado. Este proceso muestra una continuidad en la visión de apertura, pero con una consolidación legal definitiva por parte del Papa León.
Además de la histórica apertura de la presidencia, la Ley Fundamental de 2026 introduce otras modificaciones relevantes en la estructura de la administración vaticana. Entre ellas, se especifican y amplían las funciones del consejero general. Bajo las nuevas disposiciones, el consejero general estará facultado para participar activamente en las reuniones de la Comisión Pontificia y para ofrecer su asesoramiento experto, lo que busca enriquecer el debate y la toma de decisiones con una perspectiva más amplia. Asimismo, la constitución de León XIV clarifica las responsabilidades del secretario general, quien tendrá la tarea de ejecutar las políticas delineadas por el presidente de la Gobernación, asegurando una implementación efectiva y coherente de las directrices establecidas.
La Ley Fundamental promulgada por el Papa León XIV en 2026 representa la cuarta carta magna en la historia del Estado de la Ciudad del Vaticano. La primera constitución fue establecida en 1929, tras la firma del Tratado de Letrán con Italia, un acuerdo que sentó las bases para la creación del Estado soberano. Esta ley primigenia rigió hasta el año 2000, cuando San Juan Pablo II la sustituyó por una nueva versión. Posteriormente, en 2023, el Papa Francisco introdujo su propia reforma constitucional, que ahora cede el paso a la visión actualizada del Papa León. Cada una de estas revisiones ha reflejado los desafíos y prioridades de sus respectivos pontificados, buscando modernizar y adaptar la estructura de gobierno a los tiempos cambiantes, mientras se mantiene la esencia del Estado pontificio. La decisión del Papa León no solo consolida cambios recientes, sino que también sienta un precedente para una gobernanza más inclusiva y administrativamente adaptada a las necesidades contemporáneas de la Santa Sede.
