La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control absoluto del régimen de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, dio luz verde de manera unánime a una profunda modificación de la carta magna. Esta normativa prohíbe de manera tajante la participación de la oposición en los procesos electorales, un sector al que la administración gubernamental califica habitualmente bajo los rótulos de «traidores a la patria», «golpistas» y «terroristas».
El anuncio oficial fue emitido el 1 de septiembre por Gustavo Porras, presidente del parlamento, durante una sesión de carácter especial desarrollada en la ciudad de León. Los cambios impactan directamente a un total de 13 artículos constitucionales, destacando la ampliación del periodo presidencial y de otros altos cargos estatales, que pasan de seis a siete años con la posibilidad de ser prorrogados.
El gobernante nicaragüense acumula aproximadamente 30 años al frente del país, sumando su etapa inicial entre 1979 y 1990 y su retorno al poder en 2007. Tras haber declarado públicamente que los comicios tradicionales no volverían a celebrarse en la nación centroamericana, el Ejecutivo impulsó esta modificación legal que comenzará a regir formalmente a partir de 2027.
Un golpe frontal al sistema democrático
La reacción de diversos sectores sociales y políticos no se hizo esperar. Organizaciones defensoras de los derechos humanos alzaron su voz para desacreditar la legitimidad del proceso legislativo. Entre ellas destaca la plataforma Ruta del Cambio, vinculada al liderazgo de figuras opositoras y exiliadas como el excandidato presidencial Félix Maradiaga.
“Ruta del Cambio rechaza de manera categórica y desconoce jurídicamente la reforma parcial a la Constitución Política aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre de 2026 por una Asamblea Nacional despojada de toda independencia y reducida a notaría de la voluntad de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, expresó la entidad a través de un pronunciamiento oficial.
Asimismo, el colectivo calificó la medida como un proceso de usurpación institucional perpetrado bajo absoluta opacidad. “Lo aprobado no es una reforma constitucional. Es la formalización de la usurpación del poder mediante un texto redactado en secreto, dictaminado sin oposición y votado con obediencia unánime por quienes deben sus cargos, sus privilegios y su impunidad a la pareja que ha secuestrado el Estado”, advirtieron.
Elecciones sin competencia ni garantías
Desde el ámbito diplomático, las alertas sobre el futuro político del país se multiplican. Arturo McFields Yescas, exembajador nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió sobre las repercusiones de este nuevo marco normativo en una entrevista concedida a medios internacionales.
“Lo que estamos viendo en Nicaragua ahorita es una reforma que intenta tener elecciones sin competencia, sin legitimidad y sin posibilidades de cambio. Es decir, Ortega controla los jueces, controla el escenario y quiere generar una profundización de su modelo autoritario sin ninguna competencia”, aseveró el ex diplomático, quien añadió que la coyuntura deteriora aún más las libertades civiles y la libertad religiosa.
McFields explicó que la etiqueta de traición a la patria se aplica de forma indiscriminada a cualquier ciudadano que manifieste disidencia frente a las directrices oficiales o que proponga vías de diálogo y mediación internacional.
Presión internacional y postura de Estados Unidos
Ante este panorama, la comunidad internacional ha comenzado a articular respuestas conjuntas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció firmemente a través de sus canales oficiales de comunicación.
“La Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua en la segunda reescritura constitucional en dos años. Estados Unidos implementará medidas en la próxima Ministerial de Relaciones Exteriores de la OEA para asegurar que nuestro hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura”, indicó el funcionario norteamericano.
Gobiernos de la región, como el de Perú, también manifestaron su repudio a las acciones gubernamentales, reiterando su respaldo a la ciudadanía, a las personas expatriadas y a los sectores sociales que enfrentan persecución por motivaciones políticas.
Intensificación de la hostilidad contra la Iglesia Católica
El deterioro de los derechos fundamentales en el territorio nicaragüense también ha golpeado de manera severa a las instituciones religiosas. Desde el año 2018, la administración de Ortega y Murillo mantiene una campaña de hostigamiento contra la Iglesia Católica.
Uno de los casos más recientes involucra al obispo emérito de Estelí, monseñor Abelardo Mata, de 80 años, cuya situación médica y paradero exacto han generado preocupación debido a sus afecciones cardíacas, problemas de visión y cuadros de diabetes, mientras el régimen limita el acceso a información transparente sobre su condición.
