Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Culiacán. Crédito: Edgar, CC BY-SA 4.0
Cuando están a punto de cumplirse dos años del estallido de una grave crisis de seguridad en el estado mexicano de Sinaloa, marcada por homicidios, desapariciones y delitos patrimoniales cometidos por facciones del narcotráfico, la jerarquía eclesiástica ha decidido alzar la voz. Ante este panorama desolador, la Iglesia Católica ha convocado a una movilización ciudadana para demostrar “que es posible construir una sociedad diferente”.
Mediante un pronunciamiento oficial difundido en fechas recientes, Mons. José de Jesús Herrera Quiñonez, obispo de Culiacán, detalló que la denominada caminata por la paz tendrá lugar el domingo 13 de septiembre. Las actividades comenzarán con una solemne Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, popularmente identificada como “la Lomita”.
Una vez concluido el acto religioso, los asistentes emprenderán un trayecto estimado en dos kilómetros que culminará en la emblemática Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en pleno corazón de la capital sinaloense. Los organizadores han solicitado a la ciudadanía acudir portando una prenda blanca “como signo de nuestro deseo y compromiso por la paz”.
Origen de la crisis de seguridad en la región
El detonante de esta espiral de violencia ocurrió el 9 de septiembre de 2024, fecha en la que se fracturó internamente el Cártel de Sinaloa. Por un lado se posicionaron los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, mientras que por el otro se encontraban los leales a Ismael “El Mayo” Zambada.
Este conflicto armado se desencadenó pocas semanas después de que Zambada y uno de los descendientes de “El Chapo” fueran arrestados el 25 de julio en El Paso, Texas, un hecho que fue confirmado en su momento por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Poco después, salió a la luz una misiva firmada por Zambada en la que denunciaba haber sido víctima de una celada en la que habrían colaborado actores gubernamentales locales y miembros del crimen.
La situación institucional dio un giro aún más complejo en abril de 2026, cuando las autoridades judiciales estadounidenses formalizaron acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, junto a otros nueve exfuncionarios y servidores públicos, señalados por su presunta complicidad con redes de narcotráfico y tráfico de armas.
De acuerdo con la fiscalía federal del distrito sur de Nueva York, los imputados habrían aprovechado sus cargos públicos para facilitar las operaciones criminales de los hijos de Guzmán, e incluso se sostiene que la facción criminal habría intervenido mediante amenazas y coacción para favorecer el ascenso político de Rocha Moya.
Mientras los procesos judiciales avanzan en el extranjero, el impacto en las calles continúa cobrando vidas. Las estadísticas oficiales de la fiscalía estatal revelan que, desde septiembre de 2024 hasta la fecha, se han acumulado 3.181 homicidios dolosos y 1.375 robos con violencia, además de múltiples ilícitos de alto impacto social.
Modificaciones en la agenda litúrgica
Con el propósito de facilitar la asistencia masiva de la comunidad a la manifestación ciudadana, el obispo diocesano ordenó la suspensión de las Misas matutinas programadas para el domingo 13 de septiembre en los templos de Culiacán. No obstante, las ceremonias litúrgicas vespertinas se mantendrán en sus horarios habituales.
El jerarca católico subrayó que la protesta pacífica tiene como objetivo principal “hacer memoria de quienes han sufrido y de quienes ya no están”, al tiempo que busca inyectar esperanza y renovar el tejido social en medio de la adversidad.
En sus propias palabras, el prelado indicó: “Queremos que nuestra presencia sea una expresión pública y serena de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro compromiso con la vida y la convivencia fraterna”.
Acción pastoral frente al sufrimiento social
Durante su mensaje, el obispo reconoció que los últimos dos años han dejado profundas heridas en nuestra sociedad, afectando a familias, comunidades, actividades económicas y educativas, y sembrando dolor, miedo e incertidumbre. Sin embargo, enfatizó que la población no debe ceder ante la desesperanza ni normalizar la barbarie.
La Iglesia ha tratado de mantenerse cerca de las víctimas, consolidando espacios de apoyo espiritual y comunitario. Para la diócesis, esta movilización ciudadana simboliza la oportunidad de caminar colectivamente cargando las penas colectivas, pero con la convicción firme de que la violencia no tiene la última palabra.
Finalmente, se hizo un llamado a la feligresía para consagrar dicha jornada a la unidad y la plegaria, encomendando a las familias a la protección divina para alcanzar de manera definitiva el don de una convivencia pacífica y duradera.
