Arzobispo Paul Coakley de la Arquidiócesis de Oklahoma City. Crédito: Captura de pantalla de EWTN News/Francesca Fenton.
En medio de una escalada de violencia generalizada en la nación caribeña, la jerarquía católica de Estados Unidos ha intervenido de manera directa ante el Poder Ejecutivo. El arzobispo Paul Coakley, al frente de la Arquidiócesis de Oklahoma City y máximo representante de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), dirigió una misiva formal al presidente Donald Trump para exigir la paralización inmediata de las expulsiones de ciudadanos haitianos que actualmente radican en territorio estadounidense.
De acuerdo con la información emitida por las autoridades eclesiásticas, la comunicación oficial responde a una profunda preocupación pastoral generada por el incremento constante de operativos de repatriación forzada hacia Puerto Príncipe y otras regiones del país caribeño, las cuales atraviesan por una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes.
La extrema violencia en Puerto Príncipe como motivo principal
El prelado fundamentó su solicitud detallando los recientes episodios de extrema crueldad perpetrados por grupos armados ilegales en la capital haitiana. Entre los eventos mencionados destaca una masacre ocurrida durante el mes de agosto, la cual dejó un saldo devastador para las comunidades más vulnerables que buscaban resguardo.
“Recientemente, al menos 47 personas fueron brutalmente asesinadas, más de 20 resultaron heridas y más de 50 fueron secuestradas en un acto de violencia inconcebible perpetrado por miembros de pandillas en Puerto Príncipe”, afirmó Mons. Coakley en el documento enviado al mandatario.
Asimismo, el arzobispo enfatizó la vulnerabilidad de las personas afectadas al señalar que “quizás lo peor de todo es que las víctimas eran familias desplazadas —entre ellas niños pequeños— que buscaban refugio en una iglesia”. Ante este panorama y tras la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a esta comunidad, el líder religioso instó al jefe de Estado a utilizar sus facultades constitucionales para detener las deportaciones masivas.
“Deseo profundamente que este ejemplo reciente y trágico de vidas humanas extinguidas prácticamente con impunidad fuera una irregularidad en Haití. Lamentablemente, no lo es”, lamentó el representante de la USCCB, añadiendo una súplica directa al presidente: “Le imploro que evite poner en mayor peligro vidas humanas inocentes cesando la deportación de grandes personas hacia Haití en este momento, especialmente cuando no existe un sistema adecuado para garantizar una recepción y reintegración segura y ordenada”.
El llamado internacional y la postura de la Santa Sede
La postura de la Iglesia católica en Estados Unidos se alinea con las recientes expresiones de preocupación emitidas desde el Vaticano. Durante un encuentro con medios de comunicación celebrado en Castel Gandolfo el pasado 30 de agosto, el Papa León XIV manifestó su condena ante los constantes ataques perpetrados contra la población civil haitiana.
En aquella ocasión, el Sumo Pontífice expresó que deseaba transmitir su cercanía espiritual a las víctimas y a sus familias, al tiempo que exigió la liberación inmediata de todos los rehenes. Del mismo modo, emitió un llamado urgente dirigido a los actores con responsabilidades de poder para implementar acciones concretas orientadas a salvaguardar la integridad de los ciudadanos y erradicar cualquier manifestación de violencia.
Apelación a la responsabilidad moral y diálogo sobre migración
En el plano institucional, el arzobispo Coakley apeló a la conciencia del mandatario estadounidense al recordar el peso geopolítico y ético que posee la nación norteamericana en el escenario global actual, cuestionando el propósito del desarrollo económico si este no se emplea en favor de la dignidad humana.
No obstante, el dirigente eclesiástico matizó su postura al reconocer la complejidad del fenómeno migratorio y las dificultades estructurales que enfrenta la nación caribeña desde hace décadas. “También reconozco que los problemas de Haití son muy anteriores a su mandato y que, además, son complejos y tienen múltiples dimensiones”, puntualizó, aclarando que la petición se limita exclusivamente a los haitianos que han mantenido una convivencia pacífica en el país.
El arzobispo sugirió que la administración federal mantenga la facultad de evaluar casos individuales para garantizar la seguridad pública, al tiempo que reiteró la disposición del episcopado estadounidense para colaborar de manera conjunta en la búsqueda de una reforma migratoria integral que satisfaga las necesidades legales del país.
Hasta el cierre de esta edición, la Casa Blanca no ha emitido una respuesta oficial ni ha comentado sobre la solicitud presentada por la jerarquía católica estadounidense.
