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Un tribunal federal en Estados Unidos otorgó un respiro jurídico a la Iglesia católica en el estado de Illinois, tras dictaminar que la Arquidiócesis de Chicago y diversas comunidades de religiosas no tendrán la obligación de acatar la controvertida normativa sobre el suicidio asistido mientras avancen los procesos judiciales en los tribunales federales.
Protección judicial para instituciones religiosas
La medida cautelar, emitida el 11 de septiembre por el juez federal de distrito Franklin Valderrama, prohíbe de manera específica al estado de Illinois sancionar o exigir el cumplimiento de la ley a las Hermanitas de los Pobres y a las Hermanas Carmelitas de los Ancianos y Enfermos, quienes encabezaron la acción legal inicial.
En el recurso judicial también figura como demandante principal el arzobispo de Chicago, el cardenal Blase Cupich. No obstante, la resolución judicial puntualizó que la exención posee un carácter restrictivo y se limita exclusivamente a las entidades católicas que interpusieron la demanda, por lo que el gobierno estatal conserva la facultad de aplicar la disposición en el resto del territorio.
La disputa legal comenzó el pasado 3 de septiembre, cuando los representantes legales vinculados al bufete Becket presentaron formalmente los documentos ante la justicia. Los demandantes argumentaron que la legislación aprobada vulnera de forma directa la libertad religiosa al pretender involucrar a los centros católicos en prácticas contrarias a sus principios morales y doctrinales.
Reacciones de la jerarquía eclesiástica y de las comunidades
Tras conocerse el fallo favorable, el cardenal Blase Cupich manifestó su confianza en que la norma sea invalidada de manera definitiva en el futuro. El arzobispo enfatizó que la postura adoptada por la institución no busca imponer preceptos religiosos a la sociedad civil.
"Para que quede claro: la objeción de la Iglesia a esta norma no es un intento de imponer la doctrina católica a quienes no son católicos", afirmó el arzobispo. Del mismo modo, añadió que "es un esfuerzo por evitar que el estado obligue a los proveedores de atención sanitaria católicos a violar su conciencia".
Por su parte, la Madre Mary Rose Heery, priora general de las Hermanas Carmelitas de los Ancianos y Enfermos, valoró positivamente el impacto inmediato de la decisión judicial para la labor cotidiana que desempeñan en sus centros de atención.
"Aporta una verdadera tranquilidad a nuestras hermanas, a nuestros residentes y a sus familias", declaró la religiosa, quien recalcó que esta medida administrativa "nos permite continuar con nuestra vocación de mostrar el amor ilimitado de Cristo a quienes más lo necesitan: un amor que perdura en cualquier circunstancia y a través de cualquier adversidad".
Ampliación del conflicto legal en el sector sanitario
El estado de Illinois se ha transformado en el epicentro de un intenso debate ético y legal a raíz de la promulgación de la ley en diciembre de 2025 impulsada por el gobernador demócrata JB Pritzker, la cual autoriza a los enfermos terminales a solicitar fármacos letales para poner fin a su existencia.
Ante este panorama, las tensiones jurídicas se han multiplicado. Previamente, en el mes de agosto, el obispo de Springfield, Thomas Paprocki, junto con un hogar de ancianos luterano y profesionales de la medicina, interpusieron otra demanda colectiva con argumentos similares sobre la protección de las creencias de los trabajadores sanitarios.
La estrategia legal continuó expandiéndose cuando la Thomas More Society informó que un bloque de cinco asociaciones de salud y entidades religiosas decidió adherirse formalmente a la demanda encabezada por el obispo Paprocki. Entre las organizaciones firmantes destacan la Asociación Católica de Salud de Illinois y la Asociación Nacional de Enfermeras Católicas.
Según los datos proporcionados por la organización jurídica, el conjunto de los nuevos demandantes aglutina al 95 % de las instituciones sanitarias católicas en el estado y representa a más de 13.000 profesionales de la salud a lo largo del país norteamericano.
Peter Breen, director de litigios de la Thomas More Society, defendió la necesidad de blindar judicialmente a los trabajadores de la salud frente a las obligaciones establecidas por la administración estatal.
"La Primera Enmienda protege el derecho de los médicos, hospitales y ministerios de salud católicos y cristianos a rechazar el suicidio asistido, así como a curar y cuidar a los enfermos y achacosos de acuerdo con su conciencia", puntualizó Breen.
Asimismo, el representante legal advirtió que la normativa actual transgrede dichos principios constitucionales al "obligar a profesionales de la salud dedicados a promover fármacos letales entre sus pacientes".
