

El panorama político y social en Colombia atraviesa un momento de alta tensión tras las recientes declaraciones del presidente de la nación, Abelardo de la Espriella. El mandatario exhortó formalmente al poder legislativo a establecer marcos regulatorios estrictos y prohibiciones específicas respecto a las intervenciones médicas destinadas a la modificación de género en la población infantil, fundamentando su postura en la protección constitucional de los infantes.
Esta solicitud se produjo a través de canales digitales, motivada por la detención del creador de contenido digital mexicano Samuel Adrián. El ciudadano extranjero fue sancionado con 10 días de privación de libertad en la terminal aérea internacional El Dorado debido a un desacato judicial relacionado con sus investigaciones sobre estos procedimientos médicos.
“El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional”, indicó el jefe de Estado.
Asimismo, el dignatario enfatizó la urgencia de regular esta materia en el parlamento: “Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”.
El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional.
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— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026
El trasfondo del caso del productor audiovisual
Samuel Adrián encabeza la realización del proyecto documental titulado Colombia: fábrica de niños trans. Dicha pieza audiovisual examina la aplicación de terapias de afirmación de género en menores de edad y los potenciales efectos adversos en su desarrollo físico. La investigación toma como referencia los datos de la Fundación Valle del Lili, institución que confirmó en noviembre de 2025 la ejecución de 80 procedimientos de esta índole en cumplimiento de mandatos judiciales.
Durante su estancia en territorio colombiano, el realizador recabó testimonios de especialistas y documentó con grabaciones subrepticias al exendocrinólogo pediatra de la mencionada fundación, Mario Angulo Mosquera, quien detalló los riesgos asociados a estas prácticas, incluida la esterilidad permanente.
Como respuesta, el galeno promovió una acción legal que derivó en una orden judicial de censura parcial sobre el material audiovisual. Pese a las modificaciones introducidas por la producción, el médico exigió responsabilidades penales contra el extranjero, culminando en la medida de arresto que generó reacciones encontradas en diversos sectores de la sociedad.
Diversas agrupaciones y figuras del ámbito político expresaron su rechazo ante la sanción impuesta al comunicador. Entre ellos destacó el parlamentario Luis Miguel López Aristizábal, quien manifestó su respaldo público al creador digital y argumentó que la controversia evidencia la necesidad de examinar con rigor los alcances de la ideología de género y su impacto en la salud de los menores.
En la misma línea, colectivos ciudadanos como Unidos por la Vida respaldaron la labor informativa del mexicano, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia y la preservación del núcleo familiar tradicional.
Iniciativa legislativa en trámite parlamentario
El debate institucional coincide con el impulso de una propuesta de ley presentada el pasado 26 de agosto por los congresistas Luis Miguel López Aristizábal y Andrés Eduardo Forero Molina, junto a otros legisladores de ambas cámaras. El articulado busca vetar de manera definitiva las cirugías y los tratamientos hormonales orientados al cambio de género en menores de edad.
La normativa ha sido denominada “Laura, niños no experimento”, en alusión a una ciudadana colombiana que recibió diagnósticos médicos prematuros de disforia de género a los 15 años y fue sometida a procesos de transición física en la Fundación Valle del Lili. Tras experimentar secuelas físicas y psicológicas, la joven inició acciones legales contra los profesionales involucrados.
Tras el pronunciamiento presidencial, el congresista López Aristizábal valoró positivamente la postura del Ejecutivo y confirmó la disposición del legislativo para debatir la iniciativa bajo estrictos criterios científicos y de protección a la infancia.
“Recibimos con esperanza su llamado al Congreso. Este proyecto ya está radicado y estamos listos para dar este debate con rigor, responsabilidad y pensando siempre en el bienestar de nuestros niños”, declaró el parlamentario.








