Demanda internacional por la privación de libertad del realizador Samuel Adrián
La Asociación de Abogados Cristianos Hispanoamérica formalizó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir la excarcelación inmediata del creador de contenido y productor mexicano Samuel Adrián. El arresto del documentalista se produjo en el territorio colombiano bajo circunstancias que diversas organizaciones califican como una grave vulneración a la libertad de expresión.
El caso se originó el pasado 13 de septiembre, cuando el influyente digital aterrizó en el aeropuerto internacional El Dorado, ubicado en la ciudad de Bogotá. La detención respondió a una medida de arresto fijada por diez días, dictada bajo el argumento de un presunto desacato judicial al no cumplir plenamente con la orden de censurar fragmentos específicos de su obra audiovisual.
El material en cuestión es el polémico documental titulado Colombia: fábrica de niños trans, el cual generó controversia debido a sus investigaciones sobre procedimientos médicos en menores. La visita del director a tierras colombianas tenía como propósito principal su participación en un foro académico sobre identidad de género y niñez, un evento programado junto a reconocidas figuras públicas que debió afrontar esta repentina interrupción legal.
Conflicto legal en torno a tratamientos médicos y censura
La disputa judicial que derivó en la privación de libertad del mexicano involucra directamente al doctor Mario Angulo Mosquera, quien se desempeñaba como endocrinólogo pediatra en la Fundación Valle del Lili. Dicha entidad médica reconoció públicamente en noviembre de 2025 haber aplicado cerca de 80 tratamientos de afirmación de género en población infantil y adolescente.
A pesar de que el equipo realizador implementó modificaciones y recortes en el contenido audiovisual para atender requerimientos previos, el médico afectado consideró insuficientes las medidas y exigió sanciones de carácter penal. Como resultado de este proceso, además de los días de reclusión impuesta, el productor enfrenta una multa económica equivalente a 15 salarios mínimos mensuales, una cifra calculada en aproximadamente 5.600 dólares.
Ante este escenario, la presidencia de la asociación legal interviniente señaló con firmeza la postura institucional frente a las decisiones de los tribunales locales.
"No hay delito" por parte del influencer, indicó Polonia Castellanos, quien agregó que "se ha encarcelado a quien lo contó y no se ha investigado lo que contó en el documental. Eso no es administrar justicia: es silenciar".
Asimismo, la dirigente enfatizó el costo temporal e irreparable de la medida cautelar aplicada en contra del comunicador extranjero.
"Cada día que Samuel Adrián permanece detenido es un día de libertad que nadie podrá devolverle. Por eso hemos pedido a la CIDH que actúe de manera urgente y hemos puesto en marcha una campaña para que la sociedad también pueda exigir su liberación y que se investiguen los hechos que denunció", informó.
Acciones legales y respaldo internacional de derechos humanos
En el recurso presentado ante el organismo interamericano, los representantes jurídicos detallaron que durante el proceso se han infringido de manera directa las garantías consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en lo relativo al respeto de la libertad personal, así como los derechos al pensamiento y la libre expresión, amparados en los artículos 7 y 13 del tratado internacional.
El petitorio formal solicita de manera puntual la suspensión cautelar de la sanción privativa de libertad, el cese inmediato de la orden judicial que obliga a retirar el material audiovisual de las plataformas digitales, y garantías plenas de que el cineasta no enfrentará nuevas persecuciones administrativas o judiciales vinculadas con la difusión de su trabajo periodístico e investigativo.
Paralelamente a las gestiones ante los tribunales internacionales, la organización promotora de la defensa ha impulsado una recogida de firmas digital destinada a presionar a las autoridades del país sudamericano. Esta movilización ciudadana busca no solo la restitución de los derechos del ciudadano mexicano, sino también la apertura de una indagatoria independiente que esclarezca los protocolos aplicados en los procedimientos de transición de género denunciados en la pieza documental.
