La alarmante situación de inseguridad que atraviesa el territorio mexicano ha vuelto a quedar en evidencia tras el homicidio del presbítero Román de la Cruz Hernández en el estado de Hidalgo. Este trágica muerte ha reavivado las advertencias de diversas organizaciones sobre el impacto que este tipo de crímenes ejercen en el tejido social, funcionando frecuentemente como tácticas intimidatorias de los grupos delictivos para imponer el silencio mediante el terror.
El religioso, de 48 años y con una trayectoria pastoral cercana a las dos décadas, desempeñaba su labor como párroco de Santa Cruz en el municipio de Huejutla. Su cuerpo fue localizado sin vida el pasado 15 de septiembre en un tramo carretero correspondiente a la demarcación de Lolotla.
Acciones institucionales y exigencia de justicia
Frente a estos hechos, Francisco Ángel Fernández Hasbun, quien encabeza la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), manifestó mediante un pronunciamiento oficial que las instituciones se encuentran ejecutando las pesquisas pertinentes para esclarecer lo sucedido. Añadió que ya manejan líneas de investigación concretas y que los detalles se darán a conocer conforme avancen las diligencias para respetar los procesos legales.
Reportes extraoficiales señalan que la víctima presentaba impactos de bala y fue hallada próxima a su vehículo particular, acompañada de un mensaje escrito sobre una cartulina cuyo contenido no ha sido revelado de forma pública por las autoridades ministeriales.
Como respuesta inmediata, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exigió el pronto esclarecimiento del caso. Por su parte, el obispo de Huejutla, monseñor José Hiraís Acosta Beltrán, expresó su profunda preocupación por el clima de violencia generalizada. Días después, aproximadamente 600 personas se congregaron en una marcha pacífica y en una eucaristía conmemorativa para exigir que este crimen no quede impune y abogar por la reconciliación social.
Las características del crimen organizado
De acuerdo con registros del Centro Católico Multimedial (CCM), un organismo enfocado en documentar agresiones contra miembros eclesiales, se contabilizan cuatro sacerdotes asesinados en lo que va del periodo de gobierno actual, iniciado en octubre de 2024, sumando un total de más de 60 homicidios de este tipo desde el año 1990.
El director del CCM, el sacerdote y comunicador Omar Sotelo, declaró que el crimen contra el padre Román presenta “las huellas características del crimen organizado”. Aunque aclaró que no se conocían amenazas previas ligadas directamente a su ministerio, advirtió que las extorsiones y intimidaciones hacia ministros religiosos son una constante en el país. Asimismo, enfatizó que más del 80 % de los casos documentados permanecen en la impunidad.
El miedo como herramienta de control territorial
Desde la perspectiva de Julieta Appendini, directora de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) en México, estos sucesos no deben interpretarse como eventos aislados. La pérdida de un sacerdote impacta profundamente a la feligresía, dado que suelen ser figuras de confianza, mediación y acompañamiento cercano en las localidades.
“El objetivo es sembrar miedo”, subrayó el padre Sotelo al describir el ambiente que impera entre el clero de la región, el cual enfrenta un panorama de incertidumbre aunque mantiene firme su compromiso pastoral. Appendini agregó que la labor de estos líderes religiosos a menudo los coloca en situaciones de vulnerabilidad frente a estructuras criminales que buscan dominar los territorios y acallar cualquier voz crítica.
Finalmente, ACN recordó que su Informe de Libertad Religiosa documenta constantemente presiones, agresiones y coacciones contra religiosos en la nación, señalando que la violencia está estrechamente vinculada al narcotráfico y al control geográfico, afectando de manera directa el ejercicio pleno de la fe y el libre desarrollo de las comunidades afectadas.
