Preocupación eclesiástica por la seguridad de la activista
La Iglesia católica en Colombia alzó la voz para condenar de manera categórica las recientes intimidaciones perpetradas en contra de la reconocida defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar. Ante el nivel de riesgo que enfrenta la activista, las autoridades eclesiásticas exigieron una intervención inmediata del Estado para salvaguardar su integridad física.
Los hechos intimidatorios ocurrieron en la madrugada del 11 de noviembre, cuando desconocidos abandonaron un arreglo floral de carácter fúnebre en la entrada de la residencia de la investigadora, ubicada en la ciudad caribeña de Santa Marta. Dicho arreglo incluía una fotografía personal de la afectada acompañada por la intimidante leyenda “Muere 24 H”.
Investigaciones sobre el conflicto armado en la mira
A través de sus canales de comunicación oficiales, la propia agredida advirtió que estas acciones intimidatorias tienen como propósito fundamental frenar las indagaciones académicas y sociales que encabeza sobre la compleja situación de violencia en la zona de la Sierra Nevada.
De acuerdo con su testimonio público, la activista señaló que “La violencia busca silenciar el análisis riguroso sobre las estructuras armadas y las continuidades de control territorial en la región”, evidenciando un patrón sistemático de hostigamiento contra quienes documentan las dinámicas de criminalidad y el dominio de grupos armados ilegales en el territorio.
Exigencia formal de protección estatal
Frente a la gravedad de este escenario de hostigamiento, la Diócesis de Santa Marta emitió un pronunciamiento oficial el pasado 13 de noviembre, manifestando su total respaldo institucional y humano hacia la investigadora amenazada.
En el documento oficial, la institución eclesiástica enfatizó que “ninguna diferencia, investigación o labor de denuncia puede justificar acciones que pongan en riesgo la integridad de una persona”. Asimismo, la jerarquía católica extendió una exigencia a los entes gubernamentales y organismos de seguridad del Estado.
“Hacemos un llamado al respeto por la vida y a la protección de quienes, desde distintos ámbitos, trabajan por la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad en paz”, puntualizó el comunicado emitido por la diócesis.
Acciones urgentes y respaldo comunitario
La solicitud de la Iglesia no se limitó a una condena simbólica, sino que incluyó una petición puntual para que las instituciones competentes esclarezcan con celeridad el origen de estas amenazas y lleven a los responsables ante la justicia.
Adicionalmente, se demandó la implementación urgente de esquemas de protección eficaces que disuadan cualquier atentado contra la vida de la defensora. La diócesis concluyó su mensaje pidiendo el cese de la violencia en la zona norte del país: “Como Iglesia, elevamos nuestras oraciones por Norma, su familia y todas las personas que enfrentan amenazas o situaciones de violencia. Que el respeto por la vida, la justicia y el compromiso con la paz prevalezcan en nuestra región y el país”.
