15 noviembre, 2026

Frente a un escenario donde el viejo continente incrementa su gasto en defensa como consecuencia directa de la agresión rusa en territorio ucraniano, sumado a las crecientes dudas sobre el respaldo de Washington a los socios de la OTAN, la Santa Sede ha lanzado una advertencia formal. El representante diplomático del Vaticano ante la Unión Europea señaló que la escalada armamentista debe subordinarse estrictamente a la preservación de la paz y no convertirse en un fin bélico en sí mismo.

Las declaraciones estuvieron a cargo del arzobispo Bernardito Auza, nuncio apostólico ante la Unión Europea, durante su participación en un foro internacional llevado a cabo en Bruselas. El evento, que se extendió durante dos jornadas, fue convocado por la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice en la sede de representación del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, contando además con la participación activa de los capítulos de los Países Bajos, Alemania y la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE).

Una crisis multidimensional y el valor de la diplomacia

Durante su intervención, el prelado catalogó la coyuntura actual como una “crisis profunda y multidimensional” que abarca desde la estabilidad geopolítica y la competitividad económica hasta la pérdida progresiva de los principios que dieron origen a la comunidad europea.

“Ante una crisis de paz, seguridad y multilateralismo, la Iglesia enseña la paz desarmada y desarmante”, afirmó el nuncio apostólico, poniendo de relieve que la seguridad regional “no puede separarse de la cultura de la paz y el diálogo”.

La cumbre contó con un mensaje audiovisual inaugural emitido por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y congregó a figuras de peso en la diplomacia internacional, entre ellos el ex primer ministro belga y expresidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, junto al diplomático Thomas Antoine.

Autodefensa legítima y el rol de la doctrina

Pese a su llamado constante al entendimiento mutuo, el representante de la Santa Sede reconoció la legitimidad de los estados en materia de protección militar. “La Iglesia no es una ingenua pacifista”, puntualizó con firmeza ante los asistentes.

En este sentido, defendió la vigencia de conceptos tradicionales al sostener: “Creo que la teoría o doctrina de la guerra justa o justificada no puede abandonarse, porque en esencia significa el derecho a la autodefensa y la defensa de valores fundamentales que merecen el sacrificio”. Asimismo, trajo a colación las reflexiones formuladas recientemente en territorio francés, donde se rindió homenaje al legado integrador de Robert Schuman y se cuestionó la confianza ciega en el poderío militar por encima de las vías pacíficas.

Desafíos migratorios y el impacto digital

La agenda del encuentro también abordó los flujos migratorios irregulares y la vulnerabilidad de las fronteras europeas, analizando casos concretos como los ingresos masivos registrados en el enclave norteafricano de Ceuta. Expertos legislativos y funcionarios comunitarios advirtieron que la rapidez con la que se organizan estos desplazamientos a través de plataformas digitales pone a prueba los marcos regulatorios internacionales vigentes, como la Convención de Ginebra de 1951.

Por su parte, representantes de la Comisión Europea alertaron sobre los lucrativos negocios que operan detrás del tráfico ilegal de personas, donde las redes criminales obtienen beneficios económicos a costa de las familias que hipotecan sus recursos con la esperanza de un futuro próspero en Europa.

Aplicación global de la doctrina social católica

Hacia el cierre de las jornadas, el liderazgo de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice detalló su hoja de ruta para expandir la aplicación de los principios humanitarios y sociales católicos a nivel global. Su presidente, Paolo Garonna, explicó que las estrategias se adaptarán a las particularidades de cada continente, priorizando el diálogo interreligioso en Asia, el desarrollo endógeno impulsado por las comunidades locales en África y la cooperación estrecha entre el sector público y privado en materia ética.

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