Ante el reciente arranque de las mesas de negociación orientadas a lograr una transición democrática, tres destacadas figuras eclesiásticas de Venezuela han dado un paso al frente. Los cardenales Baltazar Porras y Diego Padrón, acompañados por el obispo emérito Ovidio Pérez Morales, difundieron un comunicado oficial este lunes para expresar su postura frente a este acercamiento político que reúne a delegados del oficialismo y a factores vinculados con el Parlamento elegido en 2015.
Este proceso de diálogo se lleva a cabo bajo la supervisión de Estados Unidos y responde directamente a la estrategia delineada por la administración norteamericana tras la captura de Nicolás Maduro. Las sesiones de trabajo tienen como propósito fundamental estructurar las bases para renovar instituciones clave, devolver la vigencia a las libertades públicas y fijar un calendario comicial transparente, además de coordinar la asistencia humanitaria urgente requerida tras el devastador sismo doble ocurrido el pasado 24 de junio.
Reacciones encontradas y cautela ciudadana
El inicio de estos encuentros ha provocado opiniones divididas en el tejido social del país sudamericano. Uno de los puntos más debatidos es la exclusión de María Corina Machado, la lideresa opositora que concentra el mayor caudal de respaldo popular en la actualidad. Pese a haber manifestado reservas a finales de julio —mes en el que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz—, la dirigente aclaró que no boicoteará el proceso y que juzgará las conversaciones “con base en logros concretos y verificables”.
Por su parte, los prelados firmantes admitieron que observan estas gestiones “con beneplácito y esperanza”. No obstante, aclararon que su pronunciamiento no representa una postura institucional del episcopado nacional, sino que emana “como expresión de nuestra conciencia cívica, y cristiana responsabilidad moral ante el presente y futuro de nuestra Patria”. Asimismo, advirtieron sobre los riesgos de negociar bajo circunstancias atípicas que podrían restarle validez a los acuerdos alcanzados, recordando experiencias fallidas previas donde el oficialismo utilizó los espacios de diálogo para consolidarse en el poder.
Disponibilidad para vigilar el proceso
Con el propósito de garantizar que las discusiones prioricen el bienestar general de la ciudadanía, los líderes religiosos ofrecieron su colaboración en calidad de observadores y garantes desde su ámbito espiritual y ético. En su misiva dirigida a la sociedad, subrayaron que la población es la verdadera custodia de su propia dignidad democrática.
Los religiosos insistieron en que existen condiciones indispensables para certificar la seriedad de estas mesas de trabajo. Entre los requisitos inaplazables señalaron “la inmediata liberación de los presos políticos y de la hegemonía comunicacional, así como la estructuración de los organismos y medios hacia una pronta elección presidencial por obra exclusiva del soberano (CRBV 5)”, apelando al artículo constitucional que consagra la soberanía popular como mecanismo para legitimar los poderes públicos.
Exigencias sociales y urgencia humanitaria
Además de los cambios institucionales, los firmantes recordaron que el país arrastra una deuda social histórica caracterizada por la precariedad económica, educativa y sanitaria. Hicieron hincapié en la necesidad imperiosa de garantizar “salarios justos, servicios básicos de salud, vivienda y escolaridad, suministros regulares y eficaces de agua, electricidad e internet” para aliviar el sufrimiento de millones de venezolanos.
Para finalizar, los religiosos enfatizaron que, si bien la reconstrucción del marco institucional es vital, el verdadero núcleo de la solución radica en la concordia ciudadana: “Las cosas e instituciones importan, pero es prioritario, lo reiteramos y subrayamos, el reencuentro de nosotros los venezolanos en un ambiente de libertad, unidad y solidaridad para que alcancemos la paz. Este proceso equivale a una ‘refundación nacional’, como lo ha propuesto en otras circunstancias el Episcopado venezolano”.
