Mons. José Domingo Ulloa en la presentación del informe de la Comisión de Transparencia. Crédito: Arquidiócesis de Panamá.
Durante la presentación de una auditoría externa sobre el manejo de irregularidades eclesiales, la máxima autoridad eclesiástica del istmo enfatizó la urgencia de erradicar los silencios institucionales frente a situaciones de agresión. El documento abarca el periodo comprendido entre 2001 y 2025 y fue elaborado por un comité de especialistas independientes.
Un análisis pionero sobre la gestión institucional
El documento elaborado por la Comisión de Transparencia (CT) se dio a conocer en el auditorio del centro de estudios superiores situado en la capital panameña. Este ejercicio representa un proyecto piloto sin precedentes enfocado en evaluar la prevención y el tratamiento de faltas graves contra menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad dentro de estructuras eclesiales.
Durante su discurso ante los asistentes, el arzobispo local recordó que la sociedad suele inclinarse hacia la reserva frente a estas problemáticas, subrayando que “ante el abuso no podemos guardar silencio”. Asimismo, reiteró el compromiso de la institución de atender cada reporte con rigurosidad, garantizando la confidencialidad y el apego a las normativas legales.
El líder católico explicó que la arquidiócesis mantiene firme su postura de remitir las acusaciones pertinentes ante las instancias judiciales del Estado de acuerdo con el marco legal vigente, reflexionando al mismo tiempo sobre las áreas de oportunidad para fortalecer los protocolos de salvaguarda.
“Una cultura de protección no se construye solamente con normas escritas, se construye cuando cada sacerdote, religioso, agente de pastoral, colaborador y miembro de nuestras comunidades comprende que proteger a los menores y a las personas vulnerables es una responsabilidad permanente y compartida”, puntualizó el prelado.
Petición explícita de disculpas a los afectados
En un segmento central de su intervención, la máxima figura católica del país dirigió un mensaje directo a quienes han padecido estas vivencias, manifestando su solidaridad y dolor ante los daños ocasionados por miembros consagrados.
“Nos duele saber que quienes debieron encontrar en la Iglesia un espacio de acogida, de cuidado y de confianza hayan experimentado situaciones que les han causado heridas tan profundas”, expresó, agregando una solicitud formal de perdón en nombre de la institución por las respuestas que no estuvieron a la altura de las circunstancias.
Como parte de la rendición de cuentas, la autoridad eclesiástica informó que en el transcurso de estos 25 años, más de 18 sacerdotes han sido apartados de sus funciones ministeriales debido a expedientes vinculados a faltas graves, afectaciones patrimoniales u otras conductas contrarias a sus deberes.
Metodología y conformación de la comisión independiente
El organismo evaluador opera bajo la coordinación del sacerdote y teólogo Jordi Pujol y cuenta con el respaldo financiero de facultades de derecho internacionales, operando con total autonomía respecto a la diócesis local, la cual únicamente facilitó la logística básica para el desarrollo de la investigación.
El reporte subraya que el eje rector de cualquier valoración institucional debe priorizar los derechos y la atención integral de los afectados. En total, la instancia examinó 24 expedientes de un universo de 37 denuncias recibidas, descartando el resto por cuestiones de temporalidad o jurisdicción territorial.
Asimismo, los expertos señalaron que los procesos de gestión mejoraron notablemente a partir de la implementación de directrices específicas en 2015 y la habilitación reciente de canales especializados de escucha y prevención, aunque advirtieron que todavía existen desafíos pendientes en materia de reparación integral y acompañamiento a largo plazo.
