Caracas, Venezuela – El Arzobispo Metropolitano de Caracas, Monseñor Raúl Biord Castillo, ha respondido enérgicamente a las graves acusaciones que vinculan a la Arquidiócesis con un supuesto patrón de extorsión dirigido contra la familia de Edmundo González Urrutia, el diplomático venezolano que se adjudica la victoria en las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Esta controversia emerge en medio de la prolongada detención de Rafael Tudares, yerno de González Urrutia, cuya libertad habría sido condicionada a la renuncia política de su suegro.
La denuncia pública fue realizada el pasado lunes por Mariana González de Tudares, hija del candidato opositor, quien reveló haber sido víctima de “tres episodios de extorsión”. Según su testimonio, estos incidentes involucraron a individuos supuestamente ligados a autoridades estatales, a la Iglesia Católica y a organizaciones de derechos humanos. González de Tudares detalló que estos presuntos actos coercitivos tuvieron lugar en diversos espacios, incluyendo sedes diplomáticas, recintos de organizaciones de derechos humanos y lugares asociados al Arzobispado de Caracas. Insistió en la presencia de “testigos presenciales” que escucharon íntegramente las demandas formuladas.
El trasfondo de estas acusaciones se remonta a enero de 2025, cuando Rafael Tudares fue detenido por fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Su aprehensión ocurrió meses después de que Edmundo González Urrutia, una figura prominente de la oposición, optara por el exilio en España. Tudares fue posteriormente condenado a 30 años de prisión en un proceso judicial que, según su defensa y familiares, estuvo “marcado por graves irregularidades” y una “violación absoluta a principios fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, consagrados en la Constitución de Venezuela”.
Mariana González de Tudares denunció que, durante los mencionados episodios de extorsión, se le indicó de manera explícita que la liberación de su esposo y su retorno al hogar dependían directamente de su capacidad para “obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa”. Esta revelación configura, a juicio de González de Tudares, “un patrón de coacción y persecución directa contra una familia civil”, utilizando espacios que, por su naturaleza, “deberían ser neutrales y protectores de derechos”. Con un tono de desesperación y firmeza, la hija de González Urrutia expresó: “Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Devuélvanme a Rafael”.
La situación de Rafael Tudares ha generado una ola de reclamos. Al cumplirse un año de su detención, el 7 de enero de 2026, Edmundo González Urrutia utilizó sus redes sociales para exigir la inmediata liberación de su yerno. “Esto es más venganza que justicia”, afirmó el diplomático, cuestionando la base de la condena. González Urrutia enfatizó que Tudares no ha tenido respeto por “las garantías procesales, acceso a defensa privada, atención médica adecuada, condiciones de detención dignas ni control judicial efectivo”, describiendo una situación de vulneración sistemática de derechos.
Apenas la semana pasada, el 16 de enero de 2026, Mariana González de Tudares pudo reencontrarse con su esposo tras más de un año de incomunicación. El breve encuentro, de solo 25 minutos, tuvo lugar a través de un vidrio blindado en la prisión de El Rodeo, en las afueras de Caracas. Este centro penitenciario, según activistas y familiares de presos políticos, es señalado como uno de los principales focos de presuntas torturas y tratos inhumanos en Venezuela bajo el gobierno chavista. “Observé a Rafael bastante afectado física y emocionalmente. La incomunicación y la separación de sus hijos constituyen condiciones inhumanas para cualquier persona. Mi esposo es inocente. No ha cometido delito alguno”, escribió González de Tudares en su cuenta de X (anteriormente Twitter) después de la visita, reiterando la inocencia de su cónyuge.
En respuesta a estas delicadas acusaciones, Monseñor Raúl Biord Castillo emitió un comunicado oficial la noche del miércoles, negando categóricamente que la Arquidiócesis de Caracas haya participado en tales prácticas. “En ningún momento se ha realizado en la arquidiócesis ninguna extorsión o presión a familiares de detenidos ni a nadie”, aseveró el prelado. No obstante, Biord Castillo expresó la profunda comprensión y el apoyo inequívoco de la sede episcopal hacia la familia González de Tudares y la liberación de Rafael Tudares. Recordó que la Iglesia ha “atendido a numerosos familiares de presos políticos a quienes se ha acompañado pastoralmente, sin ningún interés más que procurar su bien”.
El Arzobispo subrayó la “naturaleza y vocación” de la Iglesia Católica como “instancia de mediación, diálogo y encuentro”, comprometida con la dignidad humana, especialmente de quienes padecen prisión o detención injusta. Recordó que los obispos de Venezuela han “abogado por la libertad de los presos políticos en numerosas ocasiones”, destacando su compromiso con los derechos humanos en el país. “Reiteramos nuestra voluntad inquebrantable de seguir siendo puentes en medio de las dificultades y nuestro compromiso de seguir solicitando la liberación de los presos por motivos políticos”, concluyó Monseñor Biord, reforzando la postura institucional.
Este incidente se suma a un historial reciente de tensiones entre la Iglesia venezolana y el poder. Monseñor Biord había sido objeto de críticas en octubre por su reunión con Nicolás Maduro, Cilia Flores y otros líderes del chavismo. Este encuentro, en el marco de la canonización de los primeros santos venezolanos, llevó a la organización de una misa multitudinaria de acción de gracias en Caracas, posteriormente cancelada por fricciones entre otros altos representantes eclesiásticos, como el Cardenal Baltazar Porras, y el gobierno.
Hasta el momento, Mariana González de Tudares no ha respondido directamente al comunicado. No obstante, en la mañana de este miércoles, reafirmó en X que su lucha por la libertad de su esposo se fundamenta “siempre desde la verdad”, sugiriendo la firmeza de sus acusaciones a pesar de la negación eclesiástica. El caso de Rafael Tudares y las alegaciones de extorsión continúan siendo un foco de atención sobre el panorama político y de derechos humanos en Venezuela, con implicaciones que alcanzan a diversas esferas de la sociedad.
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