El Arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José H. Gómez, ha manifestado un contundente apoyo a una iniciativa legislativa bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, la cual busca ofrecer protecciones y un camino hacia la regularización para millones de personas sin estatus migratorio legal. Con el nombre de Ley de Dignidad (HR 4393), esta propuesta, aunque no establece una vía directa a la ciudadanía para todos sus beneficiarios, ha sido calificada por Gómez como un “punto de partida genuino y de buena fe” en la estancada conversación sobre la reforma migratoria nacional. Su llamado es claro: “Necesitamos empezar en algún lugar. Y necesitamos empezar ahora”.
Presentada el verano pasado por la Representante republicana María Elvira Salazar de Florida, con el copatrocinio de la demócrata Verónica Escobar de Texas, la Ley de Dignidad representa un esfuerzo por abordar los complejos y multifacéticos desafíos del sistema migratorio estadounidense. A pesar de su carácter bipartidista y el respaldo de influyentes figuras eclesiásticas, aún no se han programado audiencias en el Congreso para discutir la propuesta, lo que subraya la persistente dificultad para avanzar en temas migratorios en el panorama político actual.
La legislación propone una serie de medidas que buscan un equilibrio entre la seguridad fronteriza y las soluciones para las poblaciones indocumentadas. Por un lado, la iniciativa plantea un fortalecimiento significativo de la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, mediante la inversión en nuevas barreras físicas y el despliegue de tecnología avanzada. Asimismo, contempla un aumento en las sanciones para aquellos que intenten cruzar ilegalmente o cometan fraude en las solicitudes de asilo. Un componente adicional es la exigencia del uso obligatorio del sistema E-Verify para todos los empleadores a nivel nacional, una herramienta diseñada para verificar la elegibilidad laboral de los nuevos contratados.
Por otro lado, la Ley de Dignidad busca abordar la situación de millones de personas que residen en el país sin autorización legal. El corazón de la propuesta es la creación del “Programa Dignidad”, el cual ofrecería un estatus legal temporal por un periodo renovable de siete años a individuos que ingresaron al país de manera irregular pero que han estado presentes en Estados Unidos por al menos cinco años, específicamente antes de 2021. Los participantes de este programa tendrían la obligación de abonar una “tarifa de restitución” de 7.000 dólares y no serían elegibles para beneficios o derechos gubernamentales. La participación en el programa es renovable cada siete años, siempre que se cumpla con el pago y se mantenga un registro de buena conducta. Para “Dreamers” y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la ley trazaría un camino hacia la residencia legal permanente, aunque no una vía directa a la ciudadanía completa.
En un reciente artículo de opinión publicado en Angelus News, el medio oficial de la Arquidiócesis de Los Ángeles, el Arzobispo Gómez reconoció las imperfecciones de la Ley de Dignidad, afirmando que “no es perfecta, tiene fallas”. Sin embargo, enfatizó su carácter “realista respecto al panorama político” y su importancia como “el comienzo de una conversación” largamente postergada. Su respaldo surge de una profunda convicción de que la nación necesita tomar acción inmediata ante la “crisis migratoria”, que atribuye a décadas de inacción legislativa y a la falta de consenso sobre una reforma integral.
El prelado articuló la delicada balanza entre el “deber del gobierno federal de hacer cumplir las leyes migratorias” y la necesidad de un enfoque más humano. Criticó específicamente las políticas de deportación masiva observadas en administraciones anteriores, como la de Donald Trump, argumentando que “debe haber una mejor manera que esta”. En su visión, Washington debería priorizar la deportación de criminales violentos o aquellos involucrados en delitos graves, en lugar de expulsar a individuos indocumentados que “están contribuyendo al bien de nuestra sociedad”; una práctica que, según él, “sólo deja a los niños sin sus padres” y no sirve al interés nacional.
Más allá de los aspectos técnicos de la legislación, el Arzobispo Gómez hizo un llamado a la unidad y al respeto mutuo, recordando que “somos una nación bajo Dios y estamos juntos en esto”. Subrayó la importancia de tratar a cada persona con dignidad, reflejando la imagen divina en la que, según la fe, todos fueron creados. Instó a los líderes y a la sociedad en general a dialogar y escucharse “con respeto y con el corazón abierto” para comprender las perspectivas ajenas y trabajar en conjunto por el bien común.
El apoyo a la Ley de Dignidad no se limita al Arzobispo de Los Ángeles. Otros líderes de la Iglesia Católica en Estados Unidos también han expresado su aprobación. Monseñor Mark J. Seitz, Obispo de El Paso, Texas, y expresidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), elogió la propuesta en 2023. Seitz destacó que, bajo el sistema actual, “familias en toda nuestra nación viven con miedo” y valoró las reformas que busca la iniciativa. Según él, “propuestas bipartidistas como la Ley de Dignidad son un paso hacia cumplir el llamado hecho por nuestro Santo Padre para ofrecer un mejor camino a seguir, uno que comienza y termina con el respeto a la dignidad dada por Dios a cada persona.”
En la misma línea, el Arzobispo Samuel Aquila de Denver, Colorado, también promovió la legislación en un artículo de opinión para Denver Catholic a finales de 2023. Aquila enfatizó que la propuesta “cuidará a los inmigrantes que han venido a este país”. Reconoció que muchos de ellos “puede que no hayan venido con documentos, pero han vivido aquí pacíficamente durante 10, 20, 30 años”, y que “muchos de nosotros los conocemos, y necesitan un camino hacia la ciudadanía”, un punto que resalta la necesidad de una solución duradera para aquellos con profundas raíces en el país.
La postura de los obispos católicos en Estados Unidos sobre la política migratoria ha sido históricamente clara y consistente, abogando por un trato humano y justo para los inmigrantes y refugiados. Han sido particularmente vocales en los últimos años, manifestando su oposición a “la deportación masiva indiscriminada de personas”, un mensaje reafirmado por la Conferencia de Obispos en 2023. El respaldo a iniciativas como la Ley de Dignidad subraya la búsqueda de soluciones legislativas que conjuguen la seguridad nacional con la dignidad humana. A pesar del apoyo episcopal y el esfuerzo bipartidista en su presentación, el camino de la Ley de Dignidad en el Congreso es incierto, reflejando la complejidad de un tema que requiere un compromiso político sostenido para encontrar soluciones duraderas.
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