Washington D.C. – La reciente declaración sobre la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas estadounidenses ha desatado un intenso debate legal y político tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. En este contexto, el exfiscal general de EE.UU., Bill Barr, ha emergido como una voz destacada, afirmando que una acción militar para detener a Maduro es “completamente legítima bajo la ley estadounidense”.
La controversia se originó el 3 de enero, cuando el entonces presidente Donald Trump anunció que fuerzas militares de EE.UU. habían “capturado” a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos fuera de Venezuela tras un “ataque a gran escala” en la nación sudamericana. Desde entonces, el Congreso estadounidense ha mantenido una marcada división sobre la legalidad de dicha operación, tanto bajo la legislación interna como el derecho internacional. Barr, en una entrevista concedida el 9 de enero a EWTN News In Depth, reiteró con firmeza la conformidad de esta acción con la Constitución de Estados Unidos.
**La Perspectiva Legal de un Exfiscal General**
Con una trayectoria notable, Barr se desempeñó como el 77º fiscal general de Estados Unidos bajo la administración de George H.W. Bush (1991-1993) y regresó para ocupar el puesto como el 85º fiscal general durante el primer mandato de Donald Trump (2019-2020). Su experiencia en la cúspide del sistema legal estadounidense otorga peso a sus análisis sobre la política exterior y la seguridad nacional.
Barr desglosó la situación de Maduro en dos interrogantes fundamentales, cruciales para entender la postura legal de Washington. La primera se centra en la idoneidad del uso de las capacidades de defensa y aplicación de la ley de EE.UU. para la captura de Maduro. Para Barr, no hay ambigüedad: “En mi opinión, no hay duda de que Estados Unidos, bajo nuestra Constitución, tenía derecho a enfrentar la amenaza que representaban el tráfico de cocaína, las actividades de drogas y la conducta amenazante del régimen de Maduro con Cuba, China y Rusia”. Esta afirmación subraya la justificación de la acción como una respuesta directa a amenazas percibidas contra la seguridad nacional estadounidense y los intereses regionales.
La segunda cuestión aborda la autoridad gubernamental para tomar tales decisiones: “Suponiendo que sea legal para Estados Unidos hacerlo, ¿qué rama del gobierno debe tomar esa decisión y es necesario contar con la aprobación del Congreso?”. La respuesta de Barr fue contundente y se apoyó en la historia: “Creo que la historia es muy clara: este tipo de acción, acción dirigida a enfrentar una amenaza específica, está dentro de la discreción del presidente”. Aunque reconoce la prerrogativa del Congreso para declarar la guerra, Barr enfatizó que “responder a amenazas concretas usando la fuerza es algo que prácticamente todos los presidentes han hecho históricamente”, lo que sitúa la acción dentro del ámbito de las facultades ejecutivas.
**Contexto Militar y Precedentes Históricos**
La operación que habría culminado en la captura de Maduro no fue un hecho aislado. Previamente, Estados Unidos había intensificado significativamente su presencia militar en el Caribe a través de la “Operación Lanza del Sur”. Esta iniciativa incluyó la incautación de petroleros venezolanos sancionados y la realización de ataques con drones contra objetivos vinculados al narcotráfico y cárteles. Sin embargo, también se reportaron ataques aéreos contra embarcaciones civiles en el Caribe, que, según algunas fuentes, resultaron en decenas de víctimas civiles, añadiendo una capa de complejidad al debate ético y humanitario.
Un paralelismo histórico que Barr trajo a colación fue la captura del general Manuel Noriega en Panamá por fuerzas estadounidenses, 36 años antes de la supuesta detención de Maduro. En aquel momento, Barr era asistente del fiscal general y asesoró a la Casa Blanca en el caso Noriega. “Hay muchos paralelismos” entre ambas situaciones, afirmó. Al igual que con Noriega, a quien EE.UU. no reconocía como gobierno legítimo debido a elecciones reprimidas, la administración estadounidense tampoco reconoce la legitimidad de Maduro. “Según nuestra ley, Maduro no es el líder del Estado. Es solo un ciudadano venezolano que ha usurpado el poder y oprime al pueblo. Así lo ve nuestra ley, y fue lo mismo en Panamá”, explicó Barr.
Ambos líderes, Maduro y Noriega, estaban “profundamente involucrados en el negocio de las drogas”, aunque Barr señaló que Maduro “está mucho más involucrado” y ha devastado la economía de su país, forzando la huida de “una cuarta parte del país, 8 millones de personas”. Estas circunstancias, según Barr, justifican la acción tanto como medida de aplicación de la ley como para defender los intereses del pueblo estadounidense ante una “crisis humanitaria” y un régimen profundamente implicado en el narcotráfico.
**El Debate sobre Soberanía y el “Estado Justo de Guerra”**
La situación de Venezuela, con un gobierno de carácter socialista y secular, ha generado también tensiones en el ámbito religioso, especialmente en lo que respecta a la libertad de culto. Barr mencionó que los obispos católicos venezolanos han emitido comunicados críticos con el gobierno de Maduro, “dejando claro que sentían que él había sido un gobernante opresor y se alegraban de verlo destituido”. Esta perspectiva contrasta con las posibles llamadas internacionales a respetar la soberanía venezolana, que el propio Barr abordó, haciendo referencia a pronunciamientos que podrían haber emanado de figuras religiosas internacionales.
Barr contrarrestó estas objeciones argumentando que “la soberanía significa respetar la idea de que un pueblo debe determinar su propio futuro, tomar sus propias decisiones y gobernarse a sí mismo. Pero estamos tratando con un régimen que anuló los resultados de unas elecciones libres y claramente no era aceptado por la población”. Para Barr, Maduro es “un dictador impopular que ha usurpado el poder y convertido al país en una caja fuerte para su familia y sus generales”.
La acción militar, según Barr, se alinea con la teoría de la “guerra justa”, librada por motivos defensivos para proteger los intereses y el bienestar de los ciudadanos. Acusó a Maduro de “atacar a Estados Unidos” a través del narcotráfico y de ser responsable de “decenas de miles, probablemente cientos de miles después de todo este tiempo, de muertes de estadounidenses”. Además, Barr señaló la preocupación de EE.UU. por la presunta provisión de bases a grupos como Hezbolá, la fabricación de armas para Irán y la presencia de Rusia y China en Venezuela, elementos que, a su juicio, ponen en juego “nuestros intereses vitales”.
**Implicaciones Regionales y Futuras Acciones**
Mirando hacia el futuro, Barr no cree que la administración de EE.UU. tenga necesariamente que intervenir en otros países de la región como Cuba o Colombia, anticipando que los cambios podrían producirse sin una intervención militar directa.
Explicó que Cuba, dependiente del petróleo venezolano, podría enfrentar una crisis severa si el suministro se interrumpe, dado su régimen socialista que le impide costear el crudo. La isla, a cambio, intercambia “activos militares e inteligencia para ayudar a los venezolanos y obtener el petróleo”. Un cese de este flujo crearía una “crisis en Cuba, y podría caer fácilmente”, lo que a su vez generaría presión sobre Colombia.
En cuanto a Colombia, Barr observó que el país se encuentra bajo el liderazgo de su primer gobierno socialista de izquierda en más de un siglo, el cual ha sido “un desastre para el país” y ostenta una baja popularidad. Con un año electoral en curso y la imposibilidad de reelección del actual líder, Barr vislumbra una oportunidad para un cambio de gobierno sin necesidad de intervención externa. “No creo que necesariamente tengamos que intervenir. Creo que eso sucederá por sí mismo”, concluyó, sugiriendo una estrategia de presión indirecta y apoyo a procesos democráticos internos en la región.
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