En un contundente llamado de alerta, la Mesa Nacional de Barrios Populares de Argentina, con el respaldo de Cáritas Argentina y una amplia coalición de organizaciones sociales, ha expresado su profunda preocupación ante el impacto del reciente ajuste presupuestario y la virtual paralización de las políticas de integración socio urbana. Durante una conferencia de prensa celebrada el 25 de febrero, referentes de Cáritas, como Mons. Gustavo Carrara, junto a activistas y trabajadores territoriales, denunciaron que estas medidas gubernamentales comprometen los derechos fundamentales de más de cinco millones de habitantes en las villas y asentamientos del país, contraviniendo una ley nacional vigente. La drástica reducción de fondos y el inminente cierre operativo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU) no solo desmantelan un mecanismo estatal crucial, sino que también amenazan con revertir los avances logrados en la mejora de la calidad de vida de las comunidades más vulnerables de Argentina.
La inquietud de las organizaciones se intensificó tras una serie de decisiones gubernamentales que apuntan a desarticular la infraestructura de estas políticas. Previamente, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 312/2025, estableció la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la principal fuente de financiamiento para proyectos de urbanización en los barrios populares. A esta medida se sumó una reducción significativa del personal de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU), que en los últimos dos años pasó de 585 a 290 trabajadores. Los voceros sociales señalaron que los empleados con contratos que culminan a fines de febrero han sido notificados de su no renovación, lo que implicaría la inoperatividad de este organismo a partir del 1 de marzo, dejando un vacío en la gestión de programas esenciales.
Este escenario amenaza directamente la continuidad de la Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, sancionada en 2018 con el respaldo unánime del Congreso Nacional. Dicha legislación, impulsada a partir del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) creado en 2016, busca garantizar el acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad segura, infraestructura comunitaria y la tan esperada titularización de tierras en los asentamientos informales. Desde su implementación, esta ley ha sido la columna vertebral de un esfuerzo estatal por revertir décadas de postergación y exclusión en estas comunidades.
Durante la conferencia, los expositores enfatizaron la trayectoria y transparencia de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana. Recordaron que su gestión y la ejecución de sus programas fueron auditadas y certificadas por organismos de prestigio tanto internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como nacionales, entre ellos la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Estas auditorías corroboraron la correcta administración de los recursos y la eficacia en la implementación de los programas de urbanización, desmintiendo cualquier acusación de irregularidad y defendiendo el valor de su labor en el territorio. El reclamo, según aclararon, trasciende cualquier interés partidario, constituyendo una defensa de una política de Estado de larga data y amplio consenso.
Mons. Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina, reflexionó sobre el contexto social y económico actual, describiéndolo como una “cultura de la voracidad y el descarte”. Subrayó que la urbanización de los barrios populares no se limita únicamente a la provisión de infraestructura básica como agua potable o electricidad segura, sino que implica un proceso mucho más profundo de inclusión y fomento del “protagonismo comunitario”. En este sentido, destacó la invaluable contribución de los propios vecinos en las tareas de relevamiento y mejoramiento de sus entornos, un aspecto central de la filosofía de integración y desarrollo sostenible.
Lila Calderón, fundadora de la Mesa Nacional de Barrios Populares, aportó una perspectiva histórica, recordando que muchos asentamientos padecieron más de 70 años de abandono y carencia total de servicios básicos antes de la aplicación de estas políticas. Fernanda García Monticelli, exfuncionaria del área, añadió que la inversión pública directa alcanzó al 80% de los barrios populares gracias a la política de integración socio urbana. Su advertencia fue contundente: “no se está desmantelando una oficina, sino la pieza ejecutora en territorio y una defensa ante desalojos”, resaltando la función protectora de la SSISU y el temor a un aumento de las vulneraciones de la seguridad habitacional.
Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO-Argentina, hizo hincapié en el origen de iniciativas clave como el Renabap y la Ley 27.453, que nacieron “de abajo hacia arriba”, desde las necesidades más urgentes de las comunidades, y lograron transformarse en políticas nacionales con un sólido aval legislativo. Con emoción, Maquieyra cuestionó las implicaciones de estas decisiones para el futuro del país: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular, vas a vivir 11 años menos?”, aludiendo a estadísticas que demuestran la brecha en esperanza de vida entre diferentes sectores sociales.
Las consecuencias del desfinanciamiento y la inoperatividad de la SSISU ya son tangibles en el territorio. Los referentes sociales informaron que más de 700 obras de infraestructura vital para la urbanización se encuentran actualmente paralizadas en todo el país. Además, la suspensión del programa “Mi Pieza”, que ofrecía asistencia económica a mujeres mayores de 18 años para refacciones, mejoras y ampliaciones habitacionales, afecta directamente a más de 11.000 beneficiarias, dejando inconclusas mejoras fundamentales en sus hogares y, según los denunciantes, violando nuevamente el espíritu de la Ley de Integración Socio Urbana.
El enérgico reclamo de las organizaciones fue respaldado por una contundente declaración titulada “Sin integración socio urbana no hay futuro”, que ha recabado más de 200 adhesiones de un amplio espectro de entidades. Entre ellas se destacan la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), FUNDAR y la Pastoral Social Argentina. Sindicatos, universidades nacionales y diversas organizaciones de la sociedad civil también se unieron a esta voz colectiva que exige la continuidad de estas políticas.
Los expositores cerraron la jornada subrayando que, en un contexto de profunda crisis económica y social como el que atraviesa Argentina, el Estado tiene la obligación ineludible de reforzar la protección de los derechos sociales. Reiteraron su exigencia por la continuidad y el fortalecimiento de una política pública que garantice “tierra, techo y trabajo” para millones de argentinos, pilares esenciales para un desarrollo equitativo y digno en la nación. La defensa de la integración socio urbana se erige, así, como un compromiso irrenunciable con el futuro y la equidad social en Argentina.
