La reciente recuperación de la posesión del histórico Monasterio de Santa Clara de Belorado ha desencadenado una agria disputa sobre el estado de conservación del inmueble, enfrentando a la Arquidiócesis de Burgos con el grupo de monjas excomulgadas, conocidas como exclarisas cismáticas. Tras un complejo proceso judicial y eclesiástico que se extendió por casi dos años, la restitución del convento a la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu ha sido objeto de una guerra de imágenes y declaraciones, donde ambas partes presentan versiones diametralmente opuestas sobre las condiciones en que fue entregado el recinto.
La Oficina del Comisario Pontificio, en representación de la Arquidiócesis de Burgos y liderada por Mons. Mario Iceta, ha hecho públicas una serie de fotografías y vídeos que, según afirman, evidencian un estado de “suciedad general” y el deterioro del monasterio. Estas imágenes, distribuidas poco después de la ejecución del desahucio que tuvo lugar el pasado jueves, muestran una realidad que contrasta notablemente con las instantáneas previamente divulgadas por el colectivo cismático. Entre los hallazgos documentados por la Arquidiócesis se incluyen restos de alimentos en avanzado estado de descomposición en las despensas, montones de muebles apilados sin orden, enseres rotos o visiblemente dañados, y jaulas para animales con acumulación de excrementos. Asimismo, se observan instalaciones de fontanería expuestas donde supuestamente deberían haber estado electrodomésticos, fregaderos o lavabos, los cuales habrían sido retirados. La difusión de dos vídeos adicionales, en los que se aprecia la presencia de un ratón detrás de un mueble, refuerza la narrativa del Arzobispado sobre la presunta falta de higiene y el abandono del inmueble.
Este episodio marca la culminación de un prolongado conflicto que se originó el 13 de mayo de 2024, cuando la comunidad monástica de Belorado declaró su secesión de la Iglesia Católica, un acto que fue calificado como cismático. Dicha declaración derivó en la excomunión de diez de sus miembros, incluyendo a la entonces abadesa Laura García de Viedma, y dio inicio a un intrincado proceso legal y canónico para la recuperación de la propiedad. Durante casi dos años, el Monasterio de Belorado ha permanecido en el centro de la polémica, hasta que las autoridades judiciales y eclesiásticas lograron restaurar la posesión legítima a la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu. Las exclarisas cismáticas abandonaron el monasterio en las primeras horas del jueves, alrededor de las 3 de la madrugada, antes de la llegada de la comitiva judicial.
Sin embargo, la versión de las exclarisas y su portavoz, Francisco Canals, difiere sustancialmente de la expuesta por la Arquidiócesis. En las horas previas al desahucio, Canals había remitido a diversos medios de comunicación un abundante material gráfico documentando el proceso de mudanza. El objetivo declarado era “ofrecer total transparencia y evitar posibles suspicacias o interpretaciones erróneas sobre el estado del monasterio”. Estas imágenes iniciales mostraban varias estancias y habitaciones del convento en un estado de aparente limpieza y organización, un esfuerzo que, según Canals, fue “intenso y titánico” por parte de las monjas, a menudo “en detrimento de su propia salud o comodidad personal”.
El portavoz ha respondido enérgicamente a las acusaciones del Arzobispado, calificando las instantáneas distribuidas por la Oficina del Comisario Pontificio como “claramente malintencionadas”. Canals sostiene que estas fotografías han sido tomadas “enfocando rincones concretos —como la presencia puntual de arañas u hormigas— con la clara intención de denigrar” y proyectar una “imagen que no se corresponde con la realidad general del Monasterio”. En contraposición, el grupo de exclarisas afirma disponer de “más de 200 vídeos y fotografías con planos amplios y contexto completo, muy distintos de las imágenes parciales y planos cerrados que se han difundido” por parte de la autoridad eclesiástica. Para Canals, la campaña mediática actual representa un “ataque reputacional y una persecución contra su fe”, sugiriendo una intencionalidad de desacreditar a las excomulgadas.
Este cruce de acusaciones se enmarca también en previas declaraciones de las propias exclarisas. En un vídeo difundido antes de su partida, una de ellas expresaba una compleja dicotomía: “Lo podríamos dejar con mala leche, lo podríamos dejar mal y que se fastidien”, pero decidían no hacerlo. En cambio, afirmaba que, a pesar del inmenso sufrimiento que les causaba la situación, decidían entregar el monasterio en buen estado, no por el Arzobispo Iceta, a quien se referían como “Iceta”, sino como un acto de amor y obediencia a Dios. “Abrazamos el sufrimiento con todo el amor posible y se lo vamos a entregar hasta con gusto. Pero no por él, sino por Dios”, señalaba, transformando el dolor en una ofrenda.
Tras su definitiva salida del Monasterio de Belorado, las exclarisas cismáticas se han reubicado. Según detalló su portavoz, el grupo se ha distribuido entre el Monasterio de Derio, también propiedad de la Iglesia Católica, y un municipio cercano a Toledo, La Puebla de Montalbán. Su estancia en estos lugares es temporal, “mientras encuentran una solución o un espacio definitivo donde establecerse”, lo que sugiere que su búsqueda de un nuevo hogar para su comunidad escindida aún continúa.
La controversia sobre el estado del Monasterio de Belorado subraya la tensión persistente entre la Arquidiócesis de Burgos y las exclarisas cismáticas, un conflicto que va más allá de la mera propiedad material para adentrarse en cuestiones de fe, autoridad eclesiástica y la percepción pública. La disputa, ahora centrada en la integridad del inmueble, es un reflejo de las profundas divisiones generadas por el cisma en el seno de la Iglesia española.
