Washington, D.C. – La representante María Elvira Salazar (R-FL) está liderando un esfuerzo significativo en el Congreso de Estados Unidos para modernizar las leyes migratorias del país, a las que describe como “arcaicas”. A través de su iniciativa legislativa, conocida como la “Ley de Dignidad” (HR 4393), Salazar busca establecer un marco que aborde la situación de millones de personas indocumentadas, al mismo tiempo que refuerza la seguridad fronteriza.
En una entrevista reciente con “EWTN News Nightly”, transmitida el 11 de marzo, la congresista protestante enfatizó la urgencia de iniciar un diálogo nacional sobre el futuro de aquellas personas que, sin antecedentes penales, han estado contribuyendo activamente a la economía estadounidense durante años. “Necesitamos iniciar una conversación nacional sobre qué vamos a hacer con esas personas que no tienen antecedentes penales y han estado contribuyendo a nuestra economía durante años”, afirmó Salazar, destacando la necesidad de una solución pragmática.
La propuesta legislativa de Salazar, la Ley de Dignidad, se postula como una vía para que ciertos individuos que residen en el país sin autorización legal puedan obtener un estatus legal. Este proceso implicaría el pago de sanciones económicas y la participación en programas de trabajo, siempre y cuando no tengan historial delictivo. A la fecha de la entrevista, el proyecto de ley contaba con un apoyo bipartidista considerable, sumando 39 copatrocinadores tanto republicanos como demócratas, aunque aún no ha sido sometido a votación en el pleno de la Cámara de Representantes.
**Detalles del Programa de Dignidad y Seguridad Fronteriza**
Uno de los pilares de la Ley de Dignidad es la creación del “Programa de Dignidad”, diseñado para aquellos que ingresaron al país ilegalmente hace cinco años o menos. Este programa ofrecería un estatus temporal de siete años, condicionado al cumplimiento de ciertas obligaciones. Entre ellas, los participantes deberían pagar una restitución de 7,000 dólares y donar el 1% de su salario al gobierno. Es importante destacar que, bajo este programa, los beneficiarios no tendrían acceso a prestaciones o beneficios gubernamentales.
La iniciativa no contempla una vía directa a la ciudadanía para la mayoría de sus participantes, pero el estatus legal temporal podría ser renovado cada siete años, siempre y cuando mantengan una buena conducta. Sin embargo, para los “dreamers” y los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la Ley de Dignidad sí abriría un camino hacia un estatus legal permanente, aunque no hacia la ciudadanía completa.
Más allá de la regularización, el proyecto de ley también asigna recursos significativos para mejorar la seguridad en la frontera sur. Esto incluye la financiación de barreras físicas y tecnología avanzada. Además, la legislación busca aumentar las sanciones por cruces fronterizos ilegales y fraude de asilo, y propone la implementación obligatoria del sistema E-Verify para los empleadores. La medida también autorizaría la creación de centros para solicitantes de asilo y establecería un plazo de 60 días para la conclusión de los casos de asilo, agilizando un proceso que a menudo se extiende por años.
**El Debate en Torno a la “Amnistía”**
Salazar ha sido enfática en desmentir que su propuesta constituya una “amnistía”, término que, según ella, carece de una definición clara y genera temor entre algunos de sus colegas republicanos. “No es una vía hacia la ciudadanía”, declaró la congresista. “No les está dando un trato preferencial”. Reconoce que “estas personas, más de 10 millones de personas, infringieron la ley”, pero argumenta que la realidad económica del país ha impulsado esta situación, con empresas de construcción, hostelería, agricultura y atención médica necesitando mano de obra que los ciudadanos nativos no siempre proveen.
La representante subraya la necesidad de ser “realistas” y de actualizar unas leyes migratorias que considera obsoletas y desconectadas de las necesidades económicas y sociales actuales de Estados Unidos. “Las leyes migratorias que tenemos en los libros ahora mismo son arcaicas. Se escribieron hace décadas, pero no están a la altura de los tiempos en los que vivimos”, explicó, abogando por una modernización que refleje la realidad contemporánea.
**Apoyo Eclesiástico y Convicciones Personales**
La Ley de Dignidad ha encontrado un eco positivo en ciertos sectores de la Iglesia Católica, a pesar de que la congresista Salazar es de fe protestante. En declaraciones pasadas, líderes como el Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gómez, calificaron la propuesta de Salazar como “un punto de partida genuino y de buena fe”, destacando su realismo dentro del panorama político. De manera similar, el Obispo de El Paso, Texas, Mons. Mark Seitz, y el Arzobispo Emérito de Denver, Mons. Samuel Aquila, han expresado su apoyo, viéndola como un paso hacia el respeto de la dignidad humana y un camino constructivo hacia adelante.
Salazar reveló que ha tenido contacto con el Papa Francisco (corrección de la versión original) y que espera reunirse con él para discutir el tema migratorio, considerándolo una autoridad moral global. Para ella, su trabajo legislativo está profundamente arraigado en sus convicciones espirituales, afirmando que su política está guiada por el Espíritu Santo y el deseo de “hacer el bien”.
**Una Mirada a las Políticas Migratorias de Trump**
La congresista también ofreció una perspectiva matizada sobre las políticas de seguridad fronteriza del expresidente Donald Trump. Si bien elogió las acciones de Trump para asegurar la frontera sur, expresó preocupación por el enfoque de su administración en las deportaciones, particularmente hacia aquellos que han contribuido económicamente al país, en contraste con la promesa de deportar principalmente a criminales.
Salazar interpretó recientes reajustes en el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional como una “corrección de rumbo”. A pesar de la falta de un anuncio de cambios en los planes de deportaciones masivas por parte de Trump, la congresista hizo un llamado a la oración por el expresidente, con la esperanza de que “la luz y el Espíritu Santo vayan y toquen a nuestro presidente para que él entienda que la dignidad es lo que estas personas necesitan”, reiterando el principio central de su legislación.
En un panorama político polarizado, la Ley de Dignidad de María Elvira Salazar representa un intento ambicioso y bipartidista de reformar un sistema migratorio que, para muchos, es insostenible y desactualizado. Su propuesta busca un equilibrio entre el control fronterizo y el reconocimiento de la contribución de millones de personas, abriendo un debate crucial sobre el futuro de la inmigración en Estados Unidos.
