Bogotá, Colombia – Un intenso debate sobre la atención médica para menores trans ha cobrado fuerza en Colombia, luego de que el senador Mauricio Giraldo hiciera un llamado urgente al Consejo de Estado para que anule una circular del Ministerio de Salud que, según él, permite intervenciones de reasignación de género en niños y adolescentes. La petición del legislador se fundamenta en recientes pronunciamientos de destacadas organizaciones médicas internacionales que desaconsejan este tipo de procedimientos en edades tempranas, citando la falta de evidencia científica robusta y los riesgos de consecuencias irreversibles.
El centro de la controversia es la Circular 2024150000000011-5, emitida en septiembre de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud, entidad adscrita al Ministerio de Salud. Este documento establece “instrucciones para la atención médica de personas trans”, abarcando explícitamente a menores de edad dentro de sus directrices. El senador Giraldo, miembro del Partido Conservador, argumenta que esta normativa carece de respaldo científico adecuado y que las intervenciones que habilita pueden generar daños irreparables en el desarrollo físico y psicológico de los jóvenes.
La principal referencia citada por el senador Giraldo proviene de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS, por sus siglas en inglés), una organización que agrupa a aproximadamente el 90% de los cirujanos plásticos en Estados Unidos y Canadá. A través de una declaración reciente, la ASPS recomendó a los profesionales de la salud posponer las cirugías relacionadas con la afirmación de género hasta que los pacientes alcancen al menos los 19 años de edad. Esta recomendación se sustenta en la falta de “evidencia suficiente que demuestre una relación riesgo-beneficio favorable para las intervenciones endocrinas y quirúrgicas relacionadas con el género en niños y adolescentes”.
El pronunciamiento de la ASPS ha resonado significativamente en el contexto colombiano, donde la circular del Ministerio de Salud ha generado preocupación en diversos sectores. Giraldo enfatizó en un mensaje difundido a través de sus plataformas digitales que la situación es “gravísima” por dos motivos cruciales: la insuficiencia de respaldo científico, como lo señala una importante sociedad médica, y la naturaleza irreversible de los posibles efectos adversos de estas intervenciones. Este argumento subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de la política actual por parte de las autoridades competentes.
El legislador colombiano también trajo a colación el caso de “Laura”, una menor de edad en Colombia que, según sus declaraciones, se sometió a un proceso de reasignación de género en la Fundación Valle del Lili, ubicada en Cali. La joven, de acuerdo con Giraldo, ahora lamenta los efectos negativos que el proceso ha tenido en su bienestar físico y emocional. Este caso, aunque no se ofrecen detalles específicos por respeto a la privacidad, sirve como un ejemplo ilustrativo en el marco de la discusión sobre la idoneidad y las consecuencias a largo plazo de estos tratamientos en pacientes jóvenes.
Datos obtenidos en noviembre de 2025 revelaron que la Fundación Valle del Lili había realizado 80 “tratamientos afirmativos de género” a menores de edad, en respuesta a una orden judicial. Esta cifra ha intensificado el debate sobre la prevalencia de estas intervenciones en el país y la urgente necesidad de claridad en su regulación y supervisión. La discusión no se limita a la cirugía, sino que abarca también tratamientos hormonales y otros procedimientos que buscan alinear la apariencia física con la identidad de género sentida.
La acción del senador Giraldo no es aislada. A principios de noviembre de 2025, la Bancada Provida, un grupo parlamentario, presentó una demanda formal ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular la mencionada circular. El argumento central de la demanda es que la normativa fue “expedida sin competencia legal ni sustento científico”, una acusación grave que pone en tela de juicio la legitimidad del proceso mediante el cual se implementó la circular. Adicionalmente, el senador Giraldo anunció que se citaría a un debate de control político al Superintendente de Salud, señalando que “con los niños no se juega, con la vida y la salud y el bien de los niños no se metan”.
La situación en Colombia no está exenta de paralelismos internacionales. En septiembre de 2025, la Academia Nacional de Medicina de Argentina emitió una declaración similar, desaconsejando de manera explícita los tratamientos o intervenciones quirúrgicas destinadas a modificar el sexo en niños y adolescentes. La Academia argentina justificó su postura aludiendo a las “deletéreas consecuencias de estos tratamientos sobre la salud física —muchas veces irreversibles— y psicológica, incluido un alto porcentaje de posteriores depresiones”. Esta advertencia resalta la preocupación global de profesionales de la salud sobre los riesgos a largo plazo.
De hecho, varios países han comenzado a revisar y restringir las políticas de atención de género para menores. Gobiernos en naciones como Argentina, Estados Unidos e Inglaterra están implementando o considerando medidas que limiten o prohíban los tratamientos de reasignación de género en menores de edad, optando por un enfoque más cauteloso que prioriza el desarrollo psicosocial del individuo y la madurez para tomar decisiones de esta magnitud. Este contexto internacional refuerza la posición del senador Giraldo y sus aliados, quienes abogan por una postura más conservadora en Colombia hasta que exista un consenso médico y científico más claro.
El destino de la circular y la dirección futura de la atención de género para menores en Colombia ahora penden de la decisión del Consejo de Estado. La instancia judicial deberá ponderar los argumentos presentados, la evidencia científica disponible y las consideraciones éticas y legales para emitir un fallo que podría sentar un precedente significativo en la salud pública y los derechos de la infancia en el país. El debate, profundamente arraigado en cuestiones de autonomía personal, ética médica y protección de menores, promete seguir siendo un punto central de discusión en la esfera política y social colombiana.
