Managua, Nicaragua – El presidente Daniel Ortega ha desatado una ola de críticas y condenas internacionales tras anunciar una propuesta de reforma constitucional que, según sus declaraciones, excluiría a la oposición de futuras contiendas electorales en Nicaragua. Este movimiento, calificado por numerosos organismos y exiliados como un paso más hacia la consolidación de un régimen autoritario, busca afianzar el control del poder por parte del oficialismo.
El viernes 31 de julio, durante un acto oficial en la capital nicaragüense, Ortega reveló su intención de modificar la Constitución en coordinación con la Asamblea Nacional, un órgano legislativo bajo el control de su gobierno y el de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. El mandatario justificó la iniciativa argumentando la necesidad de “fortalecer la paz” a través de nuevas leyes que no concedan “espacio a los terroristas, a los golpistas, donde venir a organizar de nuevo guerras”, según informó la agencia Efe. Estas declaraciones apuntan directamente a los sectores opositores, a quienes el gobierno sandinista ha estigmatizado con dichos calificativos.
En su discurso, Ortega hizo una referencia histórica a 1856, año en que el enfrentamiento entre los partidos mayoritarios de entonces permitió al “filibustero estadounidense William Walker autoproclamarse presidente de Nicaragua”. Con esta analogía, el líder nicaragüense buscó legitimar su postura de restringir la participación política de sus adversarios, presentándolos como una amenaza a la soberanía y estabilidad del país. Este anuncio profundiza la línea de sus previas declaraciones del 19 de julio, durante la celebración de los 47 años de la revolución sandinista, cuando afirmó categóricamente que “no volverá a haber elecciones para que ellos (la oposición) intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
La comunidad internacional no tardó en reaccionar. La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció la convocatoria de una reunión extraordinaria para el miércoles 5 de agosto en su sede de Washington D.C., con el objetivo de “analizar la situación en Nicaragua”. La OEA considerará además la posibilidad de convocar a los ministros de relaciones exteriores de sus países miembros para evaluar en profundidad la crisis política y democrática que se cierne sobre el país centroamericano.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado oficial “repudiando las declaraciones realizadas por Daniel Ortega, en las que anunció que en Nicaragua ‘no volverá a haber elecciones’”. La CIDH también expresó su preocupación por la “iniciativa de reforma a la Constitución presentada por la Asamblea Nacional, orientada a perpetuar el ejercicio del poder, restringir la competencia política y eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática”. La propuesta de reforma constitucional está programada para ser debatida en el parlamento nicaragüense el próximo 1 de septiembre. La Comisión instó enérgicamente a Nicaragua a “abstenerse de adoptar reformas contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a restablecer las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos políticos, a fin de que la ciudadanía pueda elegir y ser elegida en elecciones libres, auténticas, periódicas y competitivas”.
Desde el exilio, las voces críticas no cesan. Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, manifestó el 3 de agosto a ACI Prensa que “Ortega planea votaciones, pero no elecciones”. El diplomático resaltó que “en Nicaragua llevamos años en que no se respeta el derecho fundamental básico de elegir y ser elegido”, añadiendo que “el régimen tiene temor hasta de hacer unas elecciones fraudulentas por temor a una sorpresa inesperada”.
El P. Edwing Román, sacerdote nicaragüense exiliado desde hace cinco años y vicario de la parroquia Santa Agatha en Miami, Florida, no se mostró sorprendido por el anuncio. En declaraciones ofrecidas este lunes, el sacerdote recordó la trayectoria represiva del gobierno: “Desde hace años encarceló, exilió” a figuras de la oposición. Detalló cómo Ortega “ha controlado el Consejo Supremo Electoral, reformó la Constitución a su antojo y conveniencia e inventó la ‘copresidencia’”. Para el P. Román, el reciente anuncio es una confirmación de las intenciones del régimen. “Ahora se ‘destapó’, como decimos en Nicaragua: dejó de fingir y confirmó su dinastía familiar. Este anuncio no demuestra fuerza sino miedo porque siempre ha sido ilegítimo producto de una organización terrorista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN”.
La investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida” –que documenta miles de ataques del gobierno contra católicos desde 2018–, también se refirió a la situación. Molina recordó que “los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2025 hicieron una reforma total a la Constitución Política de Nicaragua e inconstitucionalmente sumaron un año más para el periodo electoral que de manera fraudulenta fueron electos”. La investigadora alertó que “las elecciones nacionales se tenían que celebrar el próximo en noviembre de 2026 pero con las reformas la fecha se trasladó para 2027, ahora mediante otro artilugio ilegal piensan ser reelectos para siete años más”. Concluyó que el oficialismo “se ha encargado de destruir toda la base jurídica del sistema electoral, han cerrado arbitrariamente partidos políticos opositores y han aniquilado a la oposición. Su fin último es perpetuarse en el poder y seguir administrando a Nicaragua como una finca”.
Las palabras de Ortega y la inminente reforma constitucional consolidan un panorama de profunda preocupación para la democracia en Nicaragua, enfrentando al país a un aislamiento internacional cada vez mayor y a un futuro incierto en cuanto a la garantía de los derechos políticos y la alternancia de poder.
