Soldados colombianos montan guardia en una calle tras una operación militar contra el grupo armado vinculado al narcotráfico Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, Colombia, el 23 de septiembre de 2026. | Crédito: Idinael FERNANDEZ / AFP vía Getty Images.
La capital del departamento del Magdalena vive horas de extrema tensión y zozobra. Mons. José Bacci Trespalacios, Obispo de Santa Marta, ha alzado su voz para exigir la apertura inmediata de canales de entendimiento y negociación que permitan poner fin a la grave crisis de seguridad que mantiene paralizada a toda la región colombiana.
Parálisis total y fuerte presencia de las fuerzas de seguridad
Desde las primeras horas del miércoles, las calles de la ciudad amanecieron bajo un estricto control de policías y militares. Los comercios se mantienen con las persianas bajadas, las actividades escolares fueron suspendidas por completo y los habitantes permanecen confinados en sus hogares ante la amenaza latente de nuevos ataques por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Esta drástica situación responde a una violenta represalia articulada por la estructura armada. Los atentados surgieron como respuesta directa a una contundente operación ejecutada por las fuerzas del orden el pasado 21 de septiembre, la cual se saldó con la vida de siete integrantes de la organización criminal.
Entre las bajas confirmadas figuran la de José Luis Pérez Villanueva, conocido con el alias de “Cholo” y considerado el segundo al mando en el ala militar del grupo, así como uno de los descendientes de alias “Pinocho”, señalado como el máximo cabecilla y principal financiador de estas redes delictivas.
Como réplica institucional a los disturbios, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó la militarización de la ciudad, trasladándose personalmente al territorio para supervisar las estrategias operativas de las fuerzas armadas.
El llamado de la Iglesia y la propuesta de mediación humanitaria
En declaraciones concedidas a ACI Prensa, el máximo representante de la diócesis local insistió en que el restablecimiento de los canales de diálogo es el único mecanismo humanitario viable para superar esta espiral de violencia, priorizando en todo momento la salvaguarda de los ciudadanos no combatientes.
Mediante un comunicado oficial emitido recientemente, la institución eclesiástica instó al grupo armado ilegal “a respetar el principio de distinción y proporcionalidad. Las comunidades y las personas no pueden estar en medio del conflicto ni ser usadas como escudos en la confrontación armada”. Asimismo, exigieron la cancelación definitiva de los paros armados que estrangulan la economía y el bienestar social.
La Iglesia también dirigió un mensaje firme al Ejecutivo central, pidiendo “que las acciones de control territorial se desarrollen con el máximo cuidado de la población civil, y reiteramos la disposición de la Iglesia católica, como lo ha hecho en otros procesos en Colombia, para acompañar cualquier mecanismo humanitario que permita proteger la vida y aliviar el sufrimiento de las comunidades de la Sierra”.
Acompañamiento pastoral en medio del aislamiento
Ante el complejo panorama de orden público, Mons. José Bacci Trespalacios indicó que ha girado instrucciones precisas al clero local para perseverar en la cercanía espiritual con los fieles, transformando las parroquias en auténticos refugios espirituales, siguiendo la línea del concepto de “hospitales de campaña” promovido por el Papa Francisco.
Los sacerdotes recibieron la directriz de evaluar con prudencia la modificación de horarios o la suspensión temporal de los actos litúrgicos para garantizar la integridad de los feligreses. “Según entiendo, ayer muchos cancelaron”, lamentó el prelado, al tiempo que describió el desolador panorama urbano: “Los despachos parroquiales no están abriendo. En el centro, la situación también es de soledad”.
Paralelamente a las labores eclesiásticas y de pacificación, las autoridades gubernamentales continúan con las redadas. De la Espriella informó hoy que en los departamentos de La Guajira, el Cesar, el Magdalena y el Atlántico, ubicados en el norte de Colombia, “hay cerca de 76 personas detenidas por sus vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”.
