Quito, Ecuador – El reciente lanzamiento de un protocolo actualizado por el Ministerio de Educación de Ecuador, referente al tratamiento de estudiantes que transitan procesos relacionados con su identidad, ha provocado reacciones significativas en el país. La organización provida Familia Ecuador ha expresado su firme apoyo a esta nueva normativa, calificándola como una “rectificación necesaria” frente a la versión anterior que, a su juicio, introducía sesgos ideológicos en el ámbito educativo. Este desarrollo se enmarca en un contexto de intenso debate social y una directriz judicial que exige al Estado ecuatoriano garantizar un acompañamiento adecuado a la diversidad en las aulas.
El 27 de febrero, a través de un comunicado oficial, Familia Ecuador manifestó su satisfacción, subrayando que “la educación debe proteger, no ideologizar: un protocolo que devuelve el protagonismo a la familia”. La organización enfatizó que este documento revisado no constituye un mero ajuste técnico, sino una corrección fundamental que busca salvaguardar la misión esencial de la educación. “Su misión es clara: proteger integralmente a niños y adolescentes, garantizando su dignidad y su desarrollo, no imponer enfoques ajenos al sentir de los ecuatorianos”, se lee en su pronunciamiento, reflejando una postura crítica hacia lo que consideran narrativas ideológicas previas.
Este cambio en la política educativa es una respuesta directa a la sentencia 95-18-EP/24 emitida el 8 de enero por la Corte Constitucional del Ecuador. Dicha resolución estableció directrices de cumplimiento obligatorio para el manejo de casos de estudiantes que se identifican con una identidad de género distinta a la asignada al nacer, aplicables tanto en instituciones educativas públicas como privadas. En consecuencia, se ordenó al Ministerio de Educación la creación de un protocolo específico para abordar esta realidad de manera inclusiva y respetuosa.
La génesis de la polémica se remonta a principios de noviembre, cuando el Ministerio de Educación publicó una versión inicial del “Protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes para el reconocimiento de la identidad de género en la comunidad educativa”. En aquel momento, una coalición de aproximadamente 30 organizaciones provida y profamilia de Ecuador se movilizó para rechazar el documento. Bajo el lema #NOalProtocoloNiñezTrans, estos colectivos argumentaron que el texto vulneraba los derechos de los padres a educar a sus hijos sin injerencias ideológicas, atentaba contra la estructura familiar y propiciaba el adoctrinamiento. La presión ejercida por estos sectores, en conjunción con el mandato judicial, derivó en la reciente modificación y lanzamiento del protocolo actual.
Martha Cecilia Villafuerte, fundadora y directora nacional de Familia Ecuador, compartió con ACI Prensa sus impresiones sobre la nueva versión, destacando su naturaleza “limpia y sin sesgos ideológicos”. Según Villafuerte, este documento corrige de manera sustancial el enfoque anterior, acercándose más a lo que la organización consideraba una política educativa apropiada desde un inicio. La directora resaltó que el texto ha depurado “aproximadamente el 99% de todo el lenguaje y la narrativa progresista sobre la protección de nuestros hijos”, lo que representa un avance significativo para su movimiento.
Uno de los cambios más celebrados por Familia Ecuador es la sustitución del término “identidad de género” por “identidad personal”. Villafuerte explicó que esta modificación terminológica marca un “alto a toda la narrativa ideológica” que, a su entender, impregnaba el documento previo. Esta alteración, sostuvo, redirige el enfoque hacia una concepción más individual y menos ideologizada de la persona, eliminando así disposiciones que causaban inquietud entre los padres de familia.
Además de la cuestión terminológica, el nuevo protocolo ha eliminado puntos que generaban fuerte resistencia. La directora de Familia Ecuador precisó que se han suprimido las referencias a “baños neutros” y se ha reestablecido la primacía de los padres en los procesos de acompañamiento. “Quita lo de la confidencialidad por encima de los padres de familia, porque incluye a los padres de familia en todo este proceso de atención y acompañamiento para estos casos”, puntualizó Villafuerte, enfatizando la recuperación del rol parental como eje central.
En su comunicado, Familia Ecuador no dudó en reconocer la labor de la Ministra de Educación, Gilda Alcívar, calificando su decisión de asumir esta responsabilidad como “valiente”. El organismo considera que la ministra ha presentado un instrumento que “recoge la voz de millones de padres de familia”. Para Familia Ecuador, este paso “no solo corrige un documento; restituye el lugar que le corresponde a la familia como protagonista insustituible en el desarrollo psicológico y emocional de los niños y adolescentes dentro del ámbito educativo”. Sin embargo, Villafuerte matizó que, si bien la acción de la ministra es encomiable, el protocolo responde a una orden directa de la Corte Constitucional, que lo establece como una medida contra la discriminación, sin ser una iniciativa completamente autónoma.
Familia Ecuador concluye su manifiesto recalcando que el debate va más allá de los aspectos técnicos del documento, adentrándose en el papel insustituible de la familia en la formación de los niños y adolescentes. “Ninguna política pública reemplaza el rol indelegable del hogar. La familia es la primera escuela, el primer referente moral y el pilar sobre el cual se construye toda sociedad sana”, sentenciaron. La organización ha prometido mantenerse vigilante y activa en el monitoreo de la implementación de la nueva normativa, garantizando que esta proteja efectivamente los derechos de los hijos. Asimismo, se comprometió a alzar la voz “con rectitud y sin temor” ante cualquier intento futuro de vulnerar los derechos fundamentales.
El mensaje final de Familia Ecuador es un llamado a la acción y al involucramiento: “No es momento de callar. Es momento de involucrarnos. Es momento de defender a la familia”. La organización reafirma su postura de no ceder en la defensa de lo que consideran el futuro de los niños, dejando claro que no hay espacio para la pasividad. El desarrollo de este protocolo y su acogida evidencian la complejidad del panorama social y educativo en Ecuador, donde la articulación entre derechos individuales, roles familiares y políticas públicas continúa siendo un terreno de activo debate.
