El gobierno de Estados Unidos anunció el pasado 5 de febrero una nueva inyección de ayuda humanitaria para Cuba, valorada en seis millones de dólares. Este paquete se entregará directamente a la población a través de la Iglesia Católica, una estrategia que omite los canales oficiales del gobierno cubano y que ya fue utilizada con éxito en una primera fase de asistencia. La decisión subraya la complejidad de las relaciones bilaterales y el enfoque de Washington en garantizar que los recursos lleguen a los ciudadanos sin interferencias estatales.
Desde su sitio web, el Departamento de Estado de EE. UU. explicó que esta segunda remesa se implementa “a raíz del éxito de la colaboración” con la Iglesia Católica cubana en la distribución de los tres millones de dólares iniciales. Esta asistencia consistirá en productos preenvasados, transportados desde Miami y entregados directamente por representantes de las parroquias locales en Cuba. El departamento, bajo la dirección del secretario de Estado, enfatizó que este método ha demostrado ser “muy eficaz para garantizar que el régimen cubano no interfiera ni desvíe” la ayuda destinada a la población más necesitada de la isla.
La administración estadounidense emitió una advertencia clara a La Habana, indicando que el gobierno cubano “no debe hacer ningún esfuerzo por interferir en la prestación de este apoyo vital”. Además, señaló que Washington se mantendrá “vigilante para rastrear cualquier desvío o frustración de las iniciativas de asistencia estadounidenses” y que el régimen “rendirá cuentas” ante Estados Unidos y su propio pueblo por cualquier tipo de obstrucción. El Departamento de Estado reafirmó la disposición de EE. UU. a aumentar aún más el apoyo directo a los cubanos, siempre y cuando el gobierno de la isla lo permita.
La reacción de La Habana no se hizo esperar. Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, expresó su desaprobación a través de su cuenta en la plataforma X, calificando de “hipócrita aplicar medidas coercitivas” para luego “anunciar sopa y latas para unos pocos”. El funcionario aludió a los aranceles anunciados por Estados Unidos a los países que suministran petróleo a la isla, medidas interpretadas como una forma de intensificar la presión económica sobre el gobierno comunista, establecido en 1959.
El primer cargamento de ayuda, también de tres millones de dólares, fue recibido por Cáritas Cuba, el brazo caritativo de la Iglesia, el pasado 14 de enero. Esta asistencia estuvo destinada a socorrer a las personas que padecían las consecuencias del huracán Melissa, que había azotado la isla. Sobre esta primera entrega, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que “en ningún momento” hubo una comunicación oficial directa entre ambos gobiernos. En su lugar, fue la Iglesia Católica cubana la que se dirigió a las autoridades del país para informar que la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. pretendía ser el canal para el envío de ayuda material proporcionada por el gobierno estadounidense, según un comunicado publicado en el diario oficial Granma.
Por su parte, Cáritas Cuba confirmó en su momento que la asistencia material sería distribuida por la Iglesia Católica, en colaboración con Catholic Relief Services y con el apoyo técnico de Cáritas Alemania. Para finales de enero, Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, sostuvo reuniones con importantes figuras eclesiásticas, incluyendo a Monseñor Arturo González Amador, presidente del Episcopado, y al Cardenal Juan de la Caridad García, Arzobispo de La Habana, para supervisar el avance de la distribución de la ayuda humanitaria.
La implementación de este canal directo para la ayuda humanitaria marca un hecho inédito en la historia cubana. Tradicionalmente, cualquier asistencia internacional debía contar con la participación y el condicionamiento del Estado. Este nuevo modelo desafía ese control estatal, abriendo un debate sobre la soberanía y la autonomía de la sociedad civil en la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) había denunciado previamente, el 31 de octubre, que las autoridades habían establecido “puntos de control” en las provincias de Las Tunas y Granma para impedir el paso de personas con víveres y otras ayudas, particularmente de iglesias cristianas, destinadas a los afectados por desastres naturales. En aquel entonces, el OCDH exigió al gobierno de Cuba que permitiera el flujo de ayuda por parte de la sociedad civil y se abstuviera de intentar controlar las iniciativas sociales.
En este contexto, el Movimiento Cristiano Liberación (MCL) ha respaldado firmemente la asistencia enviada por Estados Unidos. El MCL considera que la ayuda a la población a través de canales humanitarios independientes es crucial para “romper la relación de dependencia forzada que la dictadura ha impuesto durante décadas como mecanismo de dominación”. La organización afirmó que, por primera vez, esta ayuda “desconecta el control directo de la dictadura sobre el pueblo”, presentándose como verdaderamente humanitaria y no ideológica, al no estar sujeta a consignas ni exigir adhesión política. El MCL subrayó que, gracias a este mecanismo, “un cubano puede recibir ayuda sin apoyar al régimen, sin agradecerle al régimen, sin depender políticamente del régimen”.
El MCL recordó que, tras las protestas de julio de 2021 y la represión posterior, hizo un llamado a la comunidad internacional para aplicar “11 acciones concretas de aislamiento al régimen cubano”, entre las cuales el punto 10 era la creación de un “canal humanitario que permitiera enviar ayuda directa al pueblo cubano mientras se aislaba al régimen”. En ese sentido, la organización concluyó que esta ayuda, distribuida por la Iglesia y supervisada por los donantes —no por el Estado cubano—, “materializa una idea esencial: la presión internacional debe dirigirse al poder opresor, y la solidaridad debe llegar —sin intermediación política— a quienes sufren”.
La decisión estadounidense de canalizar la ayuda directamente a través de la Iglesia Católica en Cuba establece un precedente significativo en las relaciones entre ambos países y en la diplomacia humanitaria. A pesar de la condena del gobierno cubano, esta estrategia es vista por sectores de la sociedad civil como una vía esencial para una asistencia sin condiciones. La evolución de este modelo de entrega y la disposición de EE. UU. a expandirlo continuarán siendo un factor determinante en la compleja interacción entre Washington y La Habana, con profundas implicaciones para el bienestar de la población cubana.
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