**Washington D.C., Estados Unidos** – Tras una serie de ataques militares liderados por Estados Unidos en la región, la administración estadounidense se prepara para implementar una estrategia integral que incluirá sanciones selectivas y otras medidas, proyectadas para el año 2026, con el objetivo de frenar la persecución contra las comunidades cristianas en Nigeria. Este esfuerzo bipartidista se consolida a raíz de recientes declaraciones de miembros del Congreso y defensores de los derechos humanos familiarizados con la compleja situación del país africano.
La iniciativa cobra particular relevancia después de los sangrientos ataques ocurridos durante la temporada navideña, que intensificaron el llamado a una intervención más contundente por parte de Washington. El Representante Riley Moore, republicano por Virginia Occidental, ha anunciado su intención de presentar un informe detallado al presidente Donald Trump. Este documento delineará “formas concretas en que Estados Unidos puede colaborar con Nigeria para detener este derramamiento de sangre y proteger a nuestros hermanos y hermanas en Cristo”, según un comunicado emitido por su oficina.
Se espera que el congresista Moore se reúna con el presidente Trump en enero, momento en el que entregará el informe. Este incluirá aproximadamente 30 posibles medidas que la administración podría adoptar para combatir la persecución de cristianos en Nigeria. La propuesta de Moore se alinea con la designación previa de Nigeria por parte de Trump como “País de Preocupación Particular” (CPC, por sus siglas en inglés), una categoría establecida bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA, por sus siglas en inglés) de 1998.
El viaje de investigación de Moore a Nigeria, específicamente a la región del Middle Belt, fue fundamental para la elaboración de sus recomendaciones. Allí, se encontró con cristianos que han huido de la violencia y ahora residen en campamentos para personas desplazadas. “Durante mi viaje a Nigeria, conocí a muchos que habían soportado un sufrimiento inimaginable: mujeres que habían visto a sus hijos y seres queridos brutalmente asesinados frente a ellas”, compartió Moore en un comunicado. Sin embargo, también destacó la productividad de sus encuentros con líderes nigerianos: “Nuestro compromiso con los líderes nigerianos fue productivo, y estamos cerca de establecer un marco estratégico de seguridad para enfrentar tanto a ISIS como a Boko Haram en el noreste y detener la violencia selectiva contra los cristianos en la región del Middle Belt por parte de radicales musulmanes fulani”.
El presidente Trump, quien había encomendado a Moore la investigación y elaboración de este informe, ha mantenido una postura firme respecto a la situación en Nigeria. Poco después de la designación de Nigeria como CPC, el mandatario amenazó con acciones militares. En una publicación en redes sociales del 1 de noviembre, advirtió que si el gobierno nigeriano no lograba detener el asesinato de cristianos, Estados Unidos “detendrá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y muy bien podría entrar en ese país ahora desacreditado, ‘con las armas por delante’, para eliminar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades”. Tras los ataques del día de Navidad, Trump reiteró sus advertencias, declarando en un comunicado que “advertí a estos terroristas que si no detenían la matanza de cristianos, habría consecuencias infernales, y esta noche las hubo”, sugiriendo una respuesta militar inmediata.
Expertos en libertad religiosa y seguridad global han seguido de cerca estos acontecimientos. Nina Shea, investigadora principal del Hudson Institute, expresó su optimismo de que los recientes ataques de Estados Unidos contra objetivos de ISIS sirvan como un incentivo adicional para que el gobierno nigeriano tome medidas más enérgicas contra los militantes islamistas fulani en la región. Shea enfatizó la necesidad de confiscar sus fusiles de asalto AK y controlar su actuar impune. “Estos fulani han observado la libertad de acción que se ha dado hasta ahora a los grupos terroristas y actúan como si ellos también tuvieran licencia para masacrar y secuestrar cristianos. Trump ahora tiene la atención y la cooperación del gobierno nigeriano para abordar esta crisis antes de que sea demasiado tarde”, afirmó.
Según Shea, el resultado esperado de la designación de Nigeria como País de Preocupación Particular para 2026 es el retorno seguro de los cristianos del Middle Belt a sus comunidades de origen, bajo la protección de una “fuerza de seguridad eficaz”. También anticipa que el gobierno de Estados Unidos proporcionará asistencia a Nigeria para fortalecer la seguridad fronteriza, con el fin de “detener la afluencia de terroristas islamistas y armas desde el Sahel”. Además, proyecta la imposición de sanciones de visado contra “funcionarios nigerianos e individuos que sean cómplices de las atrocidades vinculadas a violaciones de la libertad religiosa”. La investigadora concluyó que “lo que está en juego para los cristianos es muy alto”.
Por su parte, Sean Nelson, asesor principal para la libertad religiosa global de Alliance Defending Freedom International (ADF), compartió un “cauteloso optimismo” sobre el impacto de la designación CPC para 2026. “Realmente, esto es lo máximo que he visto en términos de acción en Washington D. C. para intentar de verdad resolver y corregir lo que es una de las peores situaciones de persecución en el mundo”, comentó Nelson. En su labor con ADF, Nelson destacó que su enfoque para Nigeria en los próximos años será impugnar las leyes de blasfemia ante la Corte Suprema nigeriana, leyes que actualmente permiten penas severas, incluyendo la pena capital.
Bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA) de 1998, el presidente de Estados Unidos tiene la facultad de designar como CPC a aquellos países que cometen o toleran “violaciones particularmente graves de la libertad religiosa”. Estas violaciones incluyen la tortura, la detención prolongada sin cargos y la desaparición forzada, según lo especificado por el Departamento de Estado. La designación habilita al presidente a elegir entre un abanico de sanciones, que pueden ir desde medidas diplomáticas hasta restricciones económicas y de visado, buscando presionar a los gobiernos a proteger los derechos de sus ciudadanos. La comunidad internacional observa atentamente cómo estas acciones influirán en la seguridad y libertad de las poblaciones cristianas en Nigeria.
Agregar comentario