La salida de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia de Nicaragua, tras más de tres décadas de servicio ininterrumpido, ha encendido nuevamente el debate sobre el estado de la libertad religiosa en el país centroamericano. Si bien la congregación ha afirmado que su partida responde a un proceso de discernimiento interno y la culminación de sus objetivos pastorales, periodistas e investigadores exiliados denuncian una presunta expulsión forzada por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sumándose a una lista creciente de organizaciones religiosas que han cesado sus operaciones bajo circunstancias controvertidas.
La congregación, que llegó a Nicaragua en 1992, anunció su retiro de la parroquia Santa María Magdalena en Totogalpa, departamento de Madriz, a través de un comunicado emitido el 24 de enero de 2024. En el documento, las religiosas desmintieron categóricamente las “informaciones falsas que circulan en redes sociales” sobre su salida. “Tras un periodo de discernimiento congregacional, se ha reconocido que los objetivos que nos trajeron a estas tierras se han cumplido”, señala el texto, firmado por la Hna. Maribelle Umaña Machado, superiora provincial de la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe. La nota expresa la confianza de que “la semilla plantada seguirá creciendo en manos de esta comunidad parroquial”, indicando una transición pacífica y voluntaria de sus responsabilidades pastorales.
**Controversia y Denuncias de Acoso**
Sin embargo, esta versión oficial contrasta con las declaraciones de figuras destacadas del periodismo y la investigación nicaragüense en el exilio. El periodista Miguel Mendoza afirmó públicamente que las Hermanas Terciarias Capuchinas fueron “obligadas a abandonar Nicaragua por presión” del gobierno. Según Mendoza, esta supuesta coerción pone fin a más de 30 años de una valiosa labor pastoral, evangelizadora y social en el pueblo indígena chorotega de Totogalpa. La decisión, añadió, fue informada oficialmente el 24 de enero de 2024 en la parroquia.
Por décadas, las religiosas brindaron apoyo vital a la comunidad, incluyendo catequesis, formación de líderes laicos y asistencia humanitaria ante desastres como el huracán Mitch, colaborando con Cáritas. Mendoza señaló que, a lo largo de 2023, las hermanas habrían vivido “bajo constante hostigamiento”, lo que derivó en un “ultimátum” y el temor a la “confiscación de bienes”, una situación que no es ajena a otras organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia en Nicaragua.
Martha Patricia Molina, investigadora nicaragüense y autora del informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”, respaldó la narrativa de la coacción. La investigadora afirmó el 26 de enero de 2024 que, si bien las religiosas “publicaron que después de un discernimiento se van”, esta es una táctica común. “Todas dicen lo mismo”, indicó Molina, subrayando que “si bien no hay una expulsión física, se las obliga a irse para simular una salida voluntaria tras 35 años de permanencia”. Molina atribuye directamente esta situación a la presión de las autoridades migratorias y del Ministerio del Interior.
**Un Patrón de Persecución Religiosa**
Las acusaciones de hostigamiento y expulsión de las Hermanas Terciarias Capuchinas se enmarcan en un contexto más amplio de creciente represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Molina documentó que, entre 2018 y 2023, se han registrado 1.030 ataques contra católicos, 43 propiedades eclesiásticas confiscadas y la prohibición de 18.808 procesiones, evidenciando una escalada en la confrontación del gobierno con la Iglesia.
La salida de esta congregación no es un hecho aislado. En los últimos años, otras comunidades religiosas femeninas también han sido obligadas a dejar el país, como las Misioneras de la Caridad —fundadas por la Madre Teresa de Calcuta— en 2022, las Dominicas de la Anunciata en 2023, y las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, entre otras. En redes sociales, Molina aseveró que las congregaciones son “acosadas, coaccionadas y extorsionadas”, obligándolas a “cerrar su presencia pastoral”.
**Postura de la Arquidiócesis y Reafirmación de la Congregación**
La Arquidiócesis de Managua, a cargo del Cardenal Leopoldo Brenes, también se pronunció sobre la partida de las religiosas. En un comunicado, la arquidiócesis agradeció a las Hermanas Terciarias Capuchinas por su invaluable servicio en Totogalpa y en la Diócesis de Estelí por dos décadas. La nota de la arquidiócesis subraya que, según la información recibida de las propias hermanas, su retiro “obedece a decisiones autónomas de su congregación y no por razones externas a su comunidad”. Cabe recordar que la Diócesis de Estelí está vacante desde 2021, siendo su administrador apostólico, Mons. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, deportado por el régimen en enero de 2024 y actualmente exiliado en Roma.
Por su parte, la Hna. Elia Julia Rosales, Secretaria Provincial de la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe, reiteró el 26 de enero de 2024 la postura oficial de la congregación. “NO es cierto que las Hermanas Religiosas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia hayamos sido obligadas a abandonar Nicaragua por presiones externas”, enfatizó la Hna. Rosales. La religiosa reafirmó que la misión en Totogalpa “se ha cumplido” y desmintió cualquier afirmación sobre “expulsión”, “ultimátums”, “hostigamiento”, “confiscaciones” o “persecución”, insistiendo en que no han vivido ni reportado tal situación. Por prudencia, la congregación no detalló el número, nacionalidad o destino de las hermanas, remitiéndose a sus comunicados y declinando valorar afirmaciones externas.
La divergencia entre la versión oficial de la congregación y las denuncias de periodistas y defensores de derechos humanos subraya la compleja y polarizada realidad que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua. Mientras las Hermanas Capuchinas se marchan, el debate sobre la libertad religiosa y la actuación del gobierno nicaragüense continúa resonando en la escena nacional e internacional.
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