La Iglesia Católica en Colombia ha elevado un enérgico llamado a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que respeten la dignidad y la vida humana, tras una serie de mortales enfrentamientos entre facciones armadas en el departamento del Guaviare. Estos choques, que sumaron una veintena de víctimas mortales, han reavivado la preocupación por la escalada de la violencia en regiones estratégicas del país.
Los recientes episodios de confrontación armada se registraron el pasado viernes en el municipio de El Retorno, en el Guaviare. Hombres armados, identificados como parte de las disidencias lideradas por alias “Calarcá”, irrumpieron en la localidad para disputar el control territorial a la facción bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. El enfrentamiento dejó un saldo trágico. Días después, el Ejército de Colombia confirmó el hallazgo y recuperación de 26 cuerpos, presuntamente de combatientes caídos durante estos intensos combates, lo que subraya la magnitud de la violencia desatada.
El departamento del Guaviare, ubicado en la puerta de la Amazonía colombiana, es una región de particular complejidad geoestratégica. Su vasta extensión selvática y su ubicación lo convierten en un corredor vital para actividades ilícitas, incluyendo el cultivo de coca y el narcotráfico. Históricamente, ha sido un bastión de grupos armados ilegales, y tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, ha sido escenario de la reconfiguración y disputa territorial entre las diversas disidencias de las FARC que rechazaron el proceso de desmovilización. Estos grupos buscan consolidar su dominio sobre las rentas ilícitas y ejercer control social sobre la población, generando un ciclo de violencia y zozobra.
Frente a este panorama desolador, la Conferencia Episcopal de Colombia y la Diócesis de San José del Guaviare emitieron un comunicado conjunto, expresando su “profunda consternación” por los “graves hechos que condujeron a la pérdida de la vida de un grupo numeroso de personas”. La Iglesia se sumó con vehemencia a los insistentes llamados papales por una paz que desarme los corazones y las armas, enfatizando la urgencia de construir una convivencia desarmada y desarmante en el país.
Los obispos colombianos no dudaron en reiterar que “estas confrontaciones no causan sino mayor sufrimiento de la población, alta victimización, confinamiento y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, así como la pérdida de vidas de combatientes y no combatientes”. Además, señalaron cómo esta espiral de violencia “crea un clima de miedo que impide la vida ciudadana en armonía y tranquilidad”, afectando gravemente el tejido social y la esperanza de desarrollo en la región.
El llamado de la Iglesia Católica es un recordatorio urgente sobre la imperiosa necesidad de acatar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Instaron a todos los grupos armados a comprometerse con la protección de la población civil, garantizando su vida y su integridad, especialmente la de aquellos que ya han sido severamente golpeados por el conflicto en esta región. Asimismo, demandaron el respeto por la vida de los combatientes heridos o retenidos durante los combates, recordándoles sus obligaciones bajo las leyes de la guerra.
Más allá de la condena, la Iglesia alentó a los actores armados a buscar el diálogo y la concertación como los caminos más efectivos para alcanzar una convivencia pacífica. “Nos unimos en oración por las personas y comunidades del Guaviare, para que alcancen la protección que necesitan y se desarmen los corazones de los violentos”, concluyeron los obispos, invocando un cese a la hostilidad y una apertura hacia soluciones no violentas.
En sintonía con las preocupaciones de la Iglesia, la Defensoría del Pueblo también actuó con celeridad. Al día siguiente de los enfrentamientos, equipos de la entidad se movilizaron hacia El Retorno con el propósito de “esclarecer lo ocurrido, dimensionar las afectaciones y acompañar la activación de rutas de protección y asistencia para la población civil”. Esta acción demuestra la preocupación institucional por la vulneración de derechos humanos que estos eventos conllevan.
La Defensoría del Pueblo, en su rol de garante de los derechos humanos en Colombia, hizo un llamado similar y contundente a los grupos armados, exigiendo el “respeto al Derecho Internacional Humanitario”. Subrayó la obligación de garantizar la distinción entre combatientes y población civil, la protección de personas y bienes protegidos, y la adopción de precauciones para evitar daños colaterales. Fundamentalmente, insistió en la necesidad de permitir el acceso humanitario “seguro y sin obstáculos” a las zonas afectadas, lo cual es crítico para atender a las víctimas y evaluar la situación sobre el terreno.
La situación en el Guaviare es un reflejo de los complejos desafíos de seguridad y paz que persisten en Colombia, donde la fragmentación de los grupos armados ilegales y la disputa por el control territorial continúan generando sufrimiento y desplazamientos. La voz unificada de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo representa un clamor por la humanidad en medio de la barbarie, recordando que la vida y la dignidad deben prevalecer por encima de cualquier interés particular de control o poder.
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