La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en conjunto con otras importantes instancias eclesiales, se prepara para la segunda edición del Diálogo Nacional por la Paz, un encuentro trascendental que congregará a más de mil líderes de distintos ámbitos para abordar la compleja y dolorosa crisis de violencia que azota al país. El evento, programado del 30 de enero al 1 de febrero en la sede de la prestigiosa universidad jesuita ITESO, en Guadalajara, Jalisco, representa un llamado urgente a la acción y un esfuerzo concertado para trazar una ruta hacia la construcción de una paz duradera.
Según un comunicado emitido por la CEM el pasado 12 de enero, la cita reunirá a 1.370 participantes, consolidando un foro diverso y representativo. Entre los asistentes se cuentan obispos, sacerdotes y laicos católicos, quienes estarán acompañados por voces fundamentales como víctimas directas de la violencia, universitarios, empresarios, autoridades de diferentes niveles, intelectuales, expertos en seguridad y justicia, así como representantes de diversas confesiones religiosas. Esta amplia convocatoria subraya la intención de la Iglesia de fomentar un diálogo inclusivo que abarque todas las perspectivas y experiencias en torno al flagelo de la inseguridad.
El Diálogo Nacional por la Paz es una iniciativa impulsada no solo por la CEM, sino también por la Dimensión Episcopal para los Laicos, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y Jesuitas México. La magnitud de la organización y la diversidad de las instituciones involucradas reflejan la seriedad y el alcance de este compromiso eclesiástico frente a la emergencia nacional. Lejos de ser un evento aislado, el comunicado de la CEM destaca que esta edición se concibe como “el inicio de una década decisiva para México”, marcando una hoja de ruta a largo plazo para la reconstrucción del tejido social y la instauración de una cultura de paz.
El origen de este movimiento de diálogo y acción se remonta a un doloroso suceso que conmocionó a la nación en junio de 2022: el brutal asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, Chihuahua, cuando intentaban proteger al guía turístico Pedro Palma. Este trágico incidente no fue un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una crisis humanitaria que se ha traducido en cientos de miles de asesinatos y desapariciones a lo largo y ancho del territorio mexicano. Esta escalada de violencia, que ha dejado una profunda huella de dolor y desconfianza en la sociedad, fue el detonante de lo que la Iglesia ha denominado el “movimiento de escucha más grande en la historia reciente de México”.
Este movimiento inicial implicó la realización de más de mil foros en todo el país, un esfuerzo sin precedentes que permitió documentar las experiencias y propuestas de más de 20 mil voces. A través de este proceso participativo, se recopilaron testimonios desgarradores y análisis profundos de víctimas, comunidades indígenas, jóvenes, empresarios, académicos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil. La riqueza y diversidad de estas contribuciones sentaron las bases para una comprensión más holística de la problemática.
El resultado de este exhaustivo proceso de escucha fue la creación de la “Agenda Nacional de Paz”. Este documento se ha consolidado como el diagnóstico más completo y participativo sobre la crisis de violencia en México, ofreciendo una visión cruda y reveladora de la realidad nacional. Entre sus hallazgos más preocupantes, la Agenda evidenció la existencia de amplios territorios donde la presencia y el control del Estado se han debilitado drásticamente, permitiendo que la violencia se convierta en la única ley y autoridad. Este diagnóstico no solo identifica los síntomas, sino que también busca comprender las causas estructurales de la desintegración social y el imperio de la ilegalidad.
Durante el desarrollo del evento, los participantes se espera que enfaticen principios fundamentales para la construcción de una paz genuina. Entre ellos, resonará con fuerza la convicción de que “sin verdad y justicia para las víctimas no hay paz para nadie”. Esta máxima subraya la centralidad de las personas afectadas por la violencia, la necesidad de reconocer su sufrimiento y la obligación de garantizar mecanismos que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y reparar el daño causado. La justicia, en este contexto, se entiende no solo como punitiva, sino también como restaurativa, buscando la reconciliación y la sanación de las comunidades.
Con un mensaje de esperanza, pero también de firmeza y responsabilidad, los impulsores de este diálogo han asegurado que “México no está condenado a la violencia. La paz es posible, es medible y debe comenzar hoy”. Esta declaración encapsula el espíritu proactivo del encuentro: la convicción de que la inacción no es una opción y que la construcción de la paz es una tarea colectiva y urgente. El Diálogo Nacional por la Paz busca trascender las discusiones para generar compromisos concretos y estrategias viables que puedan implementarse en los distintos niveles de la sociedad y del gobierno.
La Iglesia Católica en México, con su vasta red y su arraigada presencia en las comunidades, asume un papel crucial como articuladora de esfuerzos y catalizadora de voluntades. Su capacidad de convocar a sectores tan diversos, incluidos aquellos que tradicionalmente han permanecido al margen del diálogo, la posiciona como un actor indispensable en la búsqueda de soluciones a una de las problemáticas más apremiantes del país. Este encuentro en Guadalajara no solo será un espacio para la reflexión y el intercambio, sino también un trampolín para la acción coordinada que aspire a transformar el panorama de la violencia en México hacia un futuro de reconciliación y desarrollo.
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