La Patagonia argentina se encuentra sumida en una emergencia ambiental crítica debido a una serie de incendios forestales que han devastado miles de hectáreas, particularmente en la provincia de Chubut. Mientras brigadistas y voluntarios luchan incansablemente contra las llamas, la situación ha escalado a un tenso debate nacional, luego de que el Gobierno Nacional señalara a presuntos grupos mapuches como responsables de los siniestros. Esta acusación ha provocado una contundente respuesta del Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Neuquén, que ha salido en defensa de las comunidades indígenas, calificando las imputaciones de infundadas y estigmatizantes.
Desde hace más de una semana, el fuego ha consumido vastas extensiones de bosque nativo y áreas rurales en la zona norte de la Patagonia, con Chubut como uno de los epicentros de la catástrofe. A pesar de algunas precipitaciones aisladas, la magnitud de la devastación es alarmante: más de 21.000 hectáreas han sido calcinadas, dejando a cientos de personas evacuadas y numerosas viviendas completamente destruidas. Un contingente de más de 600 combatientes, compuesto por bomberos, personal de defensa civil y voluntarios, trabaja sin pausa en un esfuerzo mancomunado para contener el avance de las llamas y proteger a las poblaciones cercanas. La emergencia por los incendios forestales en la Patagonia moviliza recursos y genera preocupación a nivel nacional e internacional.
En medio de esta emergencia, el Ministerio de Seguridad Nacional lanzó severas acusaciones a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter). Según la cartera, “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”. Esta declaración generó un fuerte impacto en la opinión pública y en el ámbito político. Sin embargo, esta afirmación ha chocado con las declaraciones de la Doctora Débora Barrionuevo, Fiscal General de Lago Puelo (Chubut), quien el 8 de enero explicó en diálogo con Radio Mitre que, si bien se investiga la posibilidad de una intervención humana deliberada en el origen de los focos ígneos, hasta el momento no existe “información concreta sobre los responsables del incendio”. La fiscal detalló que hay testimonios de personas que vieron el fuego o el humo, pero “nadie que nos pueda indicar sobre alguna persona o grupo de personas concreto”.
Ante lo que considera “graves acusaciones públicas”, el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Neuquén emitió un comunicado titulado “No es lícito sembrar sospechas sobre pueblos enteros”. En este documento, la pastoral subraya la ausencia de pruebas fehacientes que respalden las afirmaciones gubernamentales. Argumentan que se trata de “afirmaciones sin pruebas, gratuitas, carentes de información verificable y de pruebas fehacientes presentadas ante la Justicia o ante la sociedad”. La organización eclesiástica enfatiza que la mención de “indicios preliminares” por parte del Ministerio de Seguridad no precisa hechos específicos, responsables concretos ni evidencias objetivas. Recordando un pilar fundamental del sistema legal, el comunicado afirma: “En un Estado de Derecho, nadie puede ser acusado públicamente sin pruebas claras y sin el debido proceso legal. La presunción de inocencia no es una concesión, sino un principio básico de justicia”, sentando las bases de su defensa del pueblo mapuche.
El segundo punto crítico expuesto por la pastoral califica las imputaciones como “una acusación absurda e irracional”, debido a la profunda conexión del pueblo Mapuche con el entorno natural. El comunicado destaca que “el pueblo Mapuche mantiene una relación histórica, cultural y espiritual con el territorio, la tierra, el bosque y el agua”. Desde esta cosmovisión, destruir el medio ambiente sería “dañarse a sí mismos, afectar su forma de vida, su sustento y su identidad”. La pastoral argumenta que cualquier persona mínimamente familiarizada con la cultura mapuche sabe que “el cuidado del territorio es un valor central”, haciendo inverosímil la idea de que fueran responsables de una devastación ambiental de esta magnitud, en la que se quemaron miles de hectáreas en la Patagonia.
Finalmente, la Iglesia Católica, a través de la Pastoral Aborigen, denuncia la “estigmatización y criminalización” que, a su juicio, se desprende de este tipo de discursos oficiales. Se advierte que “este tipo de discursos no son neutrales: estigmatizan, criminalizan y alimentan el prejuicio social contra un pueblo entero”. El comunicado lamenta que, al construir un “enemigo interno sin fundamento”, se desvía la atención de las “verdaderas causas estructurales de los incendios forestales”. Entre estas causas, se mencionan explícitamente el cambio climático, la falta de prevención, la desinversión en políticas ambientales, los intereses económicos sobre los territorios y la precarización de las condiciones laborales de quienes combaten el fuego en los incendios patagónicos.
Desde su compromiso de “no callar frente a la injusticia”, la Pastoral Aborigen reitera la importancia de la verdad y la justicia para la construcción de la paz social. Hacen un llamado a la “responsabilidad en el uso de la palabra pública” y al respeto hacia el pueblo Mapuche, sus comunidades y todos los pobladores de la región que hoy sufren las consecuencias del fuego. “La paz social no se construye con acusaciones infundadas, sino con verdad, justicia y diálogo”, afirman, subrayando que las víctimas de los incendios “no merecen ser señalados como culpables sin fundamento”. El Equipo de Pastoral concluye reafirmando su solidaridad y cercanía con las comunidades Mapuche y con todas las personas afectadas por esta trágica situación, que exige una respuesta integral y basada en evidencias para comprender las causas reales de la crisis ambiental en el sur argentino.
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