Madrid, España – Una denuncia formal ha sido interpuesta contra un profesor de religión en Madrid, miembro numerario del Opus Dei, por presuntos abusos a tres menores de edad. Los hechos habrían ocurrido hace dos años durante un campamento de verano organizado por Amura, una asociación juvenil con vínculos a la prelatura. El educador ha sido apartado de sus funciones y despedido de su puesto en el Colegio El Prado, en un caso que ha generado una rápida respuesta por parte de las instituciones implicadas.
Las alegaciones surgieron recientemente, desencadenando una serie de acciones inmediatas por parte de la prelatura del Opus Dei y la asociación Amura. Según los informes, los supuestos incidentes tuvieron lugar en un entorno de convivencia durante el verano, un espacio donde los menores participan en actividades lúdicas y formativas. La naturaleza de los abusos no ha sido detallada públicamente, manteniendo la privacidad de las víctimas y el rigor de la investigación judicial en curso.
La prelatura del Opus Dei, fundada por San Josemaría Escrivá, emitió un comunicado oficial reconociendo haber tenido conocimiento “de unos presuntos abusos a menores que tuvieron lugar hace dos años en una actividad de una asociación juvenil vinculada al Opus Dei”. En su declaración, la institución subrayó que, al recibir la información, su Delegado de Protección del Menor procedió a informar a las autoridades pertinentes. Concretamente, se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Menores el 13 de marzo, impulsando así el proceso judicial. El Opus Dei ha manifestado su profundo “dolor por esta situación” y ha expresado su confianza en “una pronta resolución de la Justicia”, reiterando su compromiso con la verdad y la protección de los más jóvenes.
El acusado, un laico que ejercía como profesor de religión para alumnos de quinto de primaria en el Colegio El Prado, ha enfrentado consecuencias laborales y dentro de su afiliación religiosa. Tras la notificación de las acusaciones, fue inmediatamente despedido del centro educativo. Paralelamente, la dirección del Opus Dei lo apartó de forma cautelar de “todo contacto con menores y de cualquier responsabilidad formativa” dentro de la prelatura, siguiendo sus protocolos internos de protección. Estas medidas preventivas buscan garantizar la seguridad de otros menores mientras avanza la investigación judicial.
Por su parte, la asociación juvenil Amura, si bien es una entidad de naturaleza civil, mantiene un estrecho vínculo con la prelatura del Opus Dei al encomendar a sus sacerdotes la formación religiosa de sus socios. La cronología de los eventos, según un comunicado interno al que se tuvo acceso, comenzó el 9 de marzo, cuando una familia alertó a la directiva sobre el posible “comportamiento inapropiado” de un monitor con su hijo. Ante esta grave acusación, la Junta Directiva de Amura activó de inmediato su protocolo de protección de menores, poniéndose a disposición de la familia para ofrecer todo el apoyo necesario.
La investigación interna llevada a cabo por Amura reveló que el presunto comportamiento inapropiado no solo afectaba al menor inicialmente reportado, sino que se extendía a otros dos jóvenes, sumando un total de tres posibles víctimas. Además, se confirmó que los hechos habrían sucedido “hace dos años”, dotando a la investigación de una perspectiva temporal crucial. Una vez recabada toda la información pertinente y tras apartar al acusado de sus funciones, Amura procedió a poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales competentes el mismo 13 de marzo, coincidiendo con la acción del Opus Dei.
En un encuentro informativo con los padres de los jóvenes socios, celebrado tras la activación de los protocolos, la asociación Amura reiteró su firme compromiso con la seguridad y el bienestar de todos sus miembros. El comunicado interno, firmado por Íñigo Hernáez Pérez-Iriondo, vicepresidente de la Junta Directiva de Amura y Delegado de Protección del Menor, enfatiza la prioridad de acompañar a las familias afectadas y a sus hijos. Asimismo, se subraya la importancia de velar por el “cumplimiento de los protocolos y la formación de los monitores”, como parte esencial de su estrategia para prevenir futuras situaciones y garantizar un entorno seguro para los jóvenes.
Este caso pone de manifiesto la creciente exigencia de transparencia y responsabilidad en todas las instituciones que trabajan con menores, especialmente aquellas vinculadas a la educación y el ámbito religioso. La celeridad en la actuación de las entidades implicadas, al activar protocolos y notificar a las autoridades judiciales, refleja una tendencia hacia la tolerancia cero frente a los abusos. La sociedad madrileña y las familias de los jóvenes socios esperan ahora una resolución judicial justa y clara, mientras la investigación continúa su curso para esclarecer todos los detalles de los presuntos abusos.
