En medio del intenso debate legislativo en el Congreso argentino sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil, que incluye la controvertida propuesta de reducir la edad de imputabilidad, diversas organizaciones de la Iglesia Católica han elevado su voz. La Pastoral Social, la Pastoral Carcelaria y Cáritas, en un reciente y contundente comunicado fechado el 8 de febrero de 2026, han advertido enfáticamente que “bajar la edad de imputabilidad no baja el delito”, instando en su lugar a priorizar la educación, las oportunidades y la esperanza como pilares de una sociedad más justa.
Este pronunciamiento colectivo resuena como un eco de posiciones sostenidas previamente, destacando un “consenso amplio que no está siendo escuchado” en el marco de la discusión legislativa. El documento remite a la postura ya expresada en “Más oportunidades que penas”, un informe emitido en 2025 por la Pastoral Social, reforzando la coherencia de sus argumentos a lo largo del tiempo. Las organizaciones lamentan que, a pesar de haber sido parte de espacios de diálogo, sus contribuciones no se ven reflejadas en el proyecto de ley actualmente en discusión.
Si bien reconocen la necesidad de una actualización del Régimen Penal Juvenil para subsanar “un vacío legal que perjudica a muchos niños y adolescentes”, las entidades eclesiásticas manifiestan profunda preocupación por el contexto político en el que se desarrolla este debate. Critican la “predominancia del uso del dolor social con fines de impacto mediático” y alertan contra la adopción de “propuestas simplificadoras que solo sirven para validar posiciones políticas ya tomadas”, en lugar de abordar las causas estructurales del delito con seriedad y profundidad. Observan, además, con inquietud “el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación”.
**Un Modelo de Sociedad en Disputa**
El comunicado subraya que lo que está en juego trasciende la promulgación de una mera ley: “No es solo una ley, sino la concepción misma de persona y el modelo de sociedad que queremos construir”. Las organizaciones cuestionan la viabilidad y la efectividad de un sistema penal que, bajo las condiciones actuales de desfinanciamiento social, pretenda ofrecer un tratamiento integral a jóvenes en conflicto con la ley. Plantean interrogantes cruciales: “¿Es razonable creer que el Estado, provincial o nacional, podrá implementar un sistema penal juvenil que brinde tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, acceso a salud, cultura, recreación, espiritualidad y abordaje integral de consumos problemáticos?”
Asimismo, interpelan sobre la preparación institucional para garantizar que estos jóvenes sean “acompañados por personal especializado, y alojados en instituciones adecuadas, que garanticen condiciones de vida dignas y posibilidades reales de reinserción”. La falta de inversión y recursos en áreas sociales, cuyos efectos recaen desproporcionadamente sobre los sectores más desfavorecidos —justamente aquellos a quienes ahora se busca “castigar con mayor severidad”—, genera serias dudas sobre la capacidad del Estado para cumplir con lo que el proyecto de ley anuncia.
**Alternativas Basadas en el Compromiso con la Realidad**
Frente a este panorama, las organizaciones proponen una respuesta integral que emerja “del compromiso con la realidad y la responsabilidad pública, no del oportunismo electoral ni de la manipulación del legítimo malestar social”. Insisten en reconsiderar la condición de “sujeto en desarrollo” de niños y adolescentes, un principio fundamental que reconoce su incapacidad para comprender plenamente las consecuencias de sus actos de la misma manera que un adulto.
Como alternativa al enfoque punitivo, sugieren un abordaje desde los Juzgados de Familia y el Sistema de Protección y Promoción de Derechos, promoviendo la protección integral de la niñez y destinando recursos estatales a políticas públicas en áreas estratégicas como la salud mental y las adicciones, que actualmente sufren un crítico desfinanciamiento. Adicionalmente, promueven la “aplicación de Justicia Restaurativa”, un modelo que, aseguran, ha sido “implementado con éxito en diversas regiones del país y del mundo”, demostrando una reducción de la reincidencia a niveles cercanos al 0% y fomentando “un proceso reparador y verdaderamente transformador”.
**Críticas a la Constitucionalidad y Eficacia**
El documento de la Iglesia cuestiona la constitucionalidad del proyecto de ley, advirtiendo que la reducción en la edad de imputabilidad “constituye un retroceso en materia de derechos humanos”. Critica la arbitrariedad del proyecto, la ausencia de un sistema de justicia penal juvenil especializado y la previsión de penas desproporcionadas para adolescentes, sin una diferenciación razonable respecto de los adultos.
Desde la perspectiva eclesiástica, la medida propuesta resulta ineficaz. La “evidencia regional muestra que reducir la edad de imputabilidad aumenta los niveles de violencia y reincidencia, y no disminuye la inseguridad”. Citan el caso argentino, que, con una de las edades de imputabilidad más elevadas de la región, se posiciona como uno de los países con menores índices de violencia. Argumentan que “el ingreso temprano al sistema penal no solo no resuelve el problema, sino que profundiza el daño y expone a los menores a nuevas formas de violencia”, en un sistema que “carece de herramientas adecuadas para promover procesos de sanación, contención y futuro”.
**Un Camino de Prevención y Acompañamiento**
Ante los delitos cometidos por niños y adolescentes, la Iglesia Católica aboga por una respuesta “preventiva y orientada a garantizar condiciones de vida y desarrollo dignas y saludables”. El camino “verdaderamente eficaz”, sostienen, es el “del acompañamiento a las familias, la construcción de políticas públicas centradas en el desarrollo humano integral y la garantía de una vida digna para todos”.
La Iglesia lamenta una “tendencia creciente a perseguir y hostigar a quienes son más frágiles y vulnerables”, mientras que “los verdaderos peligros que asedian nuestros barrios —el narcotráfico, el tráfico de armas, la pobreza estructural y la falta de alimentación, vivienda y trabajo digno— continúan actuando con altos niveles de impunidad”. Ante este escenario, urgen a “abandonar el falso dilema entre ‘hacer algo’ o ‘no hacer nada’. Lo que se impone es hacer lo correcto”.
Finalmente, el comunicado concluye con un llamado a la reflexión sobre una “disyuntiva decisiva”: “o profundizamos la cultura del descarte, o asumimos el desafío de construir un entramado social que cuide, incluya y repare”. Un entramado que, afirman, debe actuar “sobre las causas estructurales de la violencia desde los vínculos más cotidianos: en los barrios, en las escuelas, en las plazas, en cada rincón donde se juega la vida y el futuro de nuestros hijos”.
